ETAPA 3 | Televisión
Bajo el agua de la Salvajina
Bajo el agua de la Salvajina
Cuando estoy en la represa Salvajina por momentos olvido la violencia que la envuelve. A veces me quedo en silencio y veo el paisaje. Como ocurre con el oro, la represa tiene un brillo espectral que hace de ella un espacio horriblemente bello. Me maravillan sus aguas verdosas y la forma en que el quiebre de las montañas nace de ellas para luego juntarse con el cielo azul. En ocasiones mi mirada coincide con el paso de alguna embarcación y entonces la sigo hasta que se pierde en el horizonte. «¡Qué cosa tan linda!», pienso. Es como si tuviera el poder de hacerme olvidar que el embalse es un artificio humano que lleva la marca de la violencia.
La cosa cambia cuando me acerco. Cuando bajo al puerto. Cuando navego sus aguas. Cuando camino las montañas en mi trabajo como abogado del Consejo Comunitario de Mindalá, una de las comunidades forzadas a convivir con la represa. Cuando escucho. Al cambiar el punto de vista se restablece en mí lo que la gente negra ha sabido siempre. La planeación y construcción de esta megaobra en el norte del Cauca hace parte de la historia del Hombre Blanco que, para producir las mercancías con las que se enriquece, tuvo que transformar el territorio y violentar las condiciones materiales que habían hecho posible la libertad negra luego de la terminación gradual de la esclavitud en la primera mitad del siglo XIX. La historia de la represa es la historia de la guerra contra esa libertad y de la lucha por defenderla.
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Con la manumisión de las personas esclavizadas en 1851, no hace mucho como para haberlo olvidado, el sistema económico que tenía a la hacienda como principal unidad productiva entra en crisis y, con ella, las familias que obtenían de esta su poder. Como señala Michael Taussig, la región se vio inmersa en un camino de transición entre dos formaciones socioeconómicas en conflicto: la forma de producción de pequeños propietarios rurales, basada en la subsistencia, y una agricultura capitalista a gran escala. Este proceso culminó con la imposición del capitalismo a partir de la plantación de azúcar destinada al comercio internacional y con el lugar indiscutible de Cali —y ya no Popayán— como centro económico y político de la región.
Las condiciones históricas que hicieron posible el proceso de modernización del Valle del Cauca coinciden con la vieja estrategia del poder colonial de ordenar el territorio y controlar a su población. El río Cauca y sus habitantes eran dos factores que debían reordenarse en función de la producción agroindustrial de caña de azúcar. Por un lado, era necesario expandir el poder de las élites azucareras sobre las tierras de mejor calidad, lo que podía lograrse por medio de la reducción de la pequeña propiedad campesina y el control de las aguas del río. Por otro, era indispensable extraer la fuerza de trabajo de la gente negra que había construido una nueva vida en libertad gracias al sistema ecológico de la finca tradicional. El acceso a la tierra como medio de vida hizo posible que las personas antes esclavizadas construyeran las condiciones materiales de la libertad republicana. Tener tierra donde reproducir socialmente la vida les permitía no depender de ninguna fuerza externa para vivir. Por esto, el desarrollo agroindustrial requería neutralizar las potencias desatadas de la libertad negra. Era necesario hacer que la gente negra fuera una fuerza de trabajo disponible y dócil. Con este objetivo se implementaron medidas para ordenar el territorio de tal forma que las tierras y las vidas campesinas sucumbieran ante la industrialización y la proletarización de la región alrededor de la caña. Producto de este proceso, los terratenientes se convierten en empresarios agroindustriales y una parte de los campesinos libres en una masa desposeída de trabajadores asalariados a disposición de los primeros.
Dentro de esta historia, las élites vallecaucanas fueron conscientes de que la vida del río Cauca era también un enemigo de sus intereses. Así como la dificultad por conseguir mano de obra disponible y la renuencia de los negros a trabajar para sus antiguos amos era un problema económico de primer nivel, las inundaciones de 1938 y de 1950 también fueron motivo de gran preocupación. El correr vivo y sin límites de las aguas, sobre todo en temporadas de lluvia, implicaba una reducción de los terrenos disponibles para la producción. Por eso, como diferentes estudios de desarrollo del momento concluyeron, era indispensable implementar una estrategia para «defenderse» del «exceso de agua» y poder así «recuperar» la tierra.
A los ojos de los empresarios de la caña el río era un exceso que invadía los monocultivos. Para las comunidades negras, en cambio, el río era su espacio vital. La tierra, el río y la gente fueron puestos al servicio de la producción de una mercancía altamente codiciada: el azúcar.
En 1953, durante la vorágine de este proceso, se crea la Comisión de Planeación Departamental con el objetivo de construir un plan de desarrollo regional que tenía en su centro la regulación de la cuenca alta del río Cauca. En 1954, el Gobierno de Rojas Pinilla crea la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC), siguiendo el modelo de la Tennessee Valley Authority (TVA) de Estados Unidos, creada bajo el New Deal —el programa con el que el Gobierno de Franklin Delano Roosevelt enfrentó en la década de los años treinta la Gran Depresión que amenazó la economía de Estados Unidos—, y las recomendaciones hechas por la misión en Colombia de su primer director, David Lilienthal. Una vez creada, la CVC solicita apoyo al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) —antecesor del Banco Mundial— para la estructuración técnica y financiera del proyecto de la Salvajina. Finalmente, el proyecto se aprueba en 1978 y en 1979 comienza su construcción hasta 1985, cuando se cierran las compuertas y se inundan las tierras de los campesinos libres del norte del Cauca.
El poder político y el dominio económico están imbricados en la historia de la Salvajina. Harold Eder fue ministro de Fomento entre 1957 y 1958, durante el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. Su hijo, Henry Eder, fue director de la CVC de 1967 a 1977 y, posteriormente, alcalde de Cali entre 1986 y 1988. Su nieto, Alejandro Eder, es el actual alcalde de Cali. Ellos forman parte de la familia dueña del ingenio Manuelita, beneficiado por la represa.
La Salvajina fue un proyecto impulsado por el Estado en nombre del interés general. Se anunció como una promesa de progreso y bienestar para toda la región. Sin embargo, las personas que la vieron crecer ante sus ojos entienden que los principales beneficiados son los intereses privados de la agroindustria. Hoy en día, después de diferentes transacciones de privatización, la represa es propiedad de Celsia, empresa del grupo Argos.
El efecto catastrófico de la Salvajina fue inmediato. La agroindustria de caña floreció como nunca antes y la vida del territorio fue radicalmente transformada. Como cuentan sus habitantes, el encharcamiento los forzó a asentarse en la parte alta de las montañas, como si huyeran del río donde encontraron la libertad. Las casas y los cultivos quedaron bajo el agua. La gente perdió sus tierras y las minas de oro que sustentaron artesanalmente su vida desde tiempos coloniales. La subida del agua arrasó con los puentes, incomunicó a las personas y obstruyó las rutas principales para comercializar sus productos y acceder a los servicios de salud.
Trastocados sus medios de producción, las comunidades negras se incorporaron dentro de la producción de azúcar como jornaleros de los cultivos de caña y, en el norte del Cauca, en la elaboración de otra sustancia que ya había comenzado a florecer en los años setenta: la cocaína, esa mercancía blanca altamente apetecida por el mercado internacional e incentivada por la guerra contra las drogas. Transformar en las montañas la hoja de coca en cocaína prometía recuperar el bienestar que se había perdido con la subida inclemente del agua.
Desde esta perspectiva, la Salvajina es un momento fundamental dentro de la historia del desarrollo del capitalismo en el valle del Cauca: nace como una intervención planificada para gobernar la vida de un río y su gente negra en función de la acumulación. El río Cauca, un territorio para la vida, fue transformado en un espacio de racismo industrial.
Hoy en día, el paisaje del valle del río Cauca tiene como protagonistas a tres mercancías cuya producción se relaciona con la historia global y local del capitalismo: el azúcar (en el valle, aguas abajo de la represa); la electricidad (en medio), y la cocaína (en las montañas, aguas arriba de la represa). Tres sustancias blancas que mueven la rueda frenética del capitalismo.
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Este es el drama de un modo de producción que, para ser posible, se impone con violencia sobre todo lo demás. Quienes eran materialmente libres quedaron constreñidos a vender su fuerza de trabajo para vivir. En este proceso se privatizaron los territorios y los bienes comunes —como el río— para la producción de mercancías y la acumulación de capital.
Israel Sánchez, líder histórico de Mindalá, uno de los territorios afectados por la Salvajina, me cuenta que desde los tiempos de la esclavitud a los tiempos de la libertad las comunidades del norte del Cauca han persistido en la defensa de su vida territorial.
En 1986 se organizaron para protestar contra la represa, reclamar sus tierras y exigir la protección del Estado —a favor de intereses particulares—. Reunidos en juntas de acción comunal y organizaciones como la Asociación Pro Damnificados de la Salvajina (Asoprodasa), realizaron una gran marcha hasta la ciudad de Popayán. El resultado de la marcha fue un acuerdo con el Gobierno nacional, la Gobernación del Cauca y la CVC conocido como el «Acta del 86», cuando se acordaron una serie de compromisos sobre los derechos afectados.
Muchos años después, con el reclamo de que el Acta del 86 no se había cumplido y de que la construcción de la represa nunca garantizó el derecho a la consulta previa de las comunidades negras e indígenas, dos cabildos del territorio presentaron una tutela que derivó, en 2014, en una sentencia favorable de la Corte Constitucional. La decisión judicial determinó que el Estado y la empresa violaron los derechos de las comunidades y, por tanto, estaban obligadas a cumplir con los compromisos del acta todavía pendientes. También estableció que la empresa privada debía realizar una consulta previa al plan de manejo ambiental por el funcionamiento de la represa (no por su construcción, ya que este derecho está vigente en Colombia desde 1991 y por ende no existía en el nacimiento de la represa). La lucha por el cumplimiento integral del acta y de la sentencia todavía continúan.
Entre la construcción de la represa en 1985 y la actualidad —antes y después de la Constitución de 1991—, han cambiado el escenario y las herramientas de las comunidades negras para tramitar su conflicto con la represa. Ya no se trata del terreno común de la lucha proletaria o de los trabajadores del campo, sin diferenciar sus identidades, sino de los mecanismos del discurso multicultural que a cada movimiento social le designa una identidad étnica delimitada, cultural y territorialmente, a partir de representaciones sobre qué es lo negro y qué es lo indígena.
En una ocasión, después de una reunión sobre la estrategia jurídica del Consejo Comunitario de Mindalá frente a la represa, Israel Sánchez me invitó a su casa en Suárez (Cauca). Me quería mostrar de primera mano la historia que, por momentos, la horrible belleza de la represa me hacía olvidar. Quería insistir en que debíamos afilar colectivamente los dientes de la estrategia legal. Después de escarbar con paciencia entre sobres y papeles viejos, levantó las manos sonriente. ¡Las fotos del 86! «¡Aquí están!», me dijo, antes de aclarar que él no aparecía en ellas porque se había encargado de tomarlas.
En una de las imágenes, Israel capturó parte de los marchantes que caminaban por la carretera panamericana rumbo a Popayán. La marcha parecía pausada y tranquila. Aunque los vea en silencio, siento que el rumor de sus pasos sigue vivo. Entiendo que, de alguna forma, esto era lo que Israel me quería mostrar con sus fotografías: la vigencia de la lucha por la defensa de la vida común contra la represa. Los marchantes cargan maletas, se apoyan en bastones y extienden pancartas con mensajes de protesta. En un letrero se alcanza a leer: VEREDA MINDALÁ. EXIGIMOS A LA CVC NUESTRAS PROPIEDADES.
Casi cuarenta años después de que se construyera la represa, el problema central sigue siendo el mismo: la defensa de la tierra como fuente de libertad. Frente al gobierno del río Cauca en función de la producción de mercancías para la acumulación del capital, recuperar la tierra se mantiene como la única garantía de libertad.