Es aún de madrugada en Cumbal, Nariño, cuando María Dina Melo se baja de la cama, se echa la ruana sobre la espalda y mira el majestuoso volcán cubierto de niebla. Lleva en sus manos bolsas llenas de tubérculos como los ullucos y papas nativas, semillas de maíz y frijoles, frutas y calabazas. Son materias pródigas para crear una mandala que poco después, iluminada con velas y aromatizada con palo santo, sirve de altar para bendecir las conversaciones entre el Gobierno, liderado por Carlos Erazo, Ángela María Robledo y Clemencia Carabalí, y el grupo armado Comuneros del Sur.  

La mandala es un círculo donde los alimentos se entretejen en un pequeño laberinto adornado con banderines alusivos a los resguardos indígenas, la guardia y la guerrilla. Todos caben en ella porque es una representación del territorio. Funcionarios del gobierno nacional, de la gobernación y las alcaldías, autoridades indígenas e insurgentes vestidos de civil rodean la mandala en silencio. Es un momento espiritual para atraer la buena energía y serenar el ánimo de los presentes. Luego de unos cuantos discursos solemnes, de oraciones del obispo católico y los sabios de las comunidades indígenas, se pasa a trabajar en una mesa en forma de herradura. A esa hora el sol empieza a quemar la piel y la cima del volcán se ve nítida, con fumarolas que atestiguan su actividad interna.  

María Dina tiene sesenta y cuatro años y vive lejos de allí, en el resguardo La Montaña, de Samaniego, donde es maestra de escuela. Hace poco más de dos años toda su comunidad tuvo que salir corriendo porque el enfrentamiento entre el grupo Comuneros del Sur, en ese entonces parte del ELN, y las disidencias de las FARC-EP no daba tregua. El desplazamiento duró seis meses y al regresar casi todo estaba destruido: el puesto de salud, los caminos, la propia institución educativa. Peor aún: muchos jóvenes decidieron irse al grupo armado o a los campamentos donde se cristaliza la coca. La guerra, por lo menos allí, se alimenta de la desesperanza y esta de la violencia misma. 

La desolación y el miedo que vivió su comunidad es proporcional al ardiente deseo de que se logre un acuerdo entre el gobierno de Gustavo Petro y esa pequeña guerrilla, cuyo número de hombres y mujeres aún no se conoce. María Dina reconoce que es la primera vez que un proceso de paz tiene en cuenta a las comunidades y que, por eso, “no me dejo sacar”.  

Comuneros del Sur tiene presencia en diez municipios, casi todos ubicados en un corredor que conecta diversas rutas estratégicas para la economía de las drogas y la minería ilegal: entre la selva amazónica y el Pacífico; y el centro del país y Ecuador. Esos municipios son Samaniego, Providencia, Andes Sotomayor, Barbacoas, Mallama, La Llanada, Ricaurte, Guachucal, Santa Cruz de Guachaves y, por supuesto, Cumbal. Todos pueblos habitados por campesinos, indígenas de los pueblos Pastoy Awa, y comunidades afrodescendientes.  

En mayo de este año este grupo insurgente, cuyo nacimiento data de 1992, rompió con el ELN para tener libertad de ir de manera rápida hacia la paz, y como dice su propia consigna, sin dar marcha atrás. Esta decisión, y la del gobierno de Petro de aceptar una negociación de carácter territorial, generó una crisis en la mesa del ELN que aún no se supera.  

Así, lo que comenzó a principios de este año como una “instancia de coconstrucción de paz” hoy se ha convertido en una mesa de diálogo con una agenda de tres puntos. El primero es el desescalamiento de las acciones armadas, donde ya se ven resultados claros en materia de desminado; en la búsqueda de las seiscientas personas dadas por desaparecidas; y retornos dignos de quienes fueron desplazados. El segundo punto se refiere a la transformación del territorio con una inversión social sin precedentes en estos lugares. Y el tercero se ocupa de la transición a la vida civil de quienes hoy están en armas.  

Para entender este proceso de Nariño, donde la paz se cuece a fuego lento , hay que desaprender mucho de lo que creíamos saber sobre negociaciones políticas. Lejos de aquella imagen repetida tantas veces en los diálogos de La Habana, de dos delegaciones adustas, separadas en lados aparte de la mesa, custodiados con celo por los garantes internacionales, aquí todo es circular como la mandala. En muchos sentidos, este es un proceso innovador.  

Para empezar mientras en otras negociaciones primero se firma un acuerdo y luego se implementa, en este caso la conversación y las acciones van en paralelo. La paz territorial no da espera y no depende de lo que acuerde entre las partes sino de la obligación del Estado de hacer presencia en estos municipios.  A las inversiones que se están haciendo de manera integral se les llama «maqueta». Hay obras públicas como puentes y carreteras, escuelas y programas de salud, pero el meollo del asunto es lograr cambiar la economía de la coca por otras agrarias y/o que impliquen usar el talento humano y la belleza natural de estos pueblos.  

Un segundo elemento novedoso es que, tanto la gobernación de Nariño como los alcaldes y autoridades étnicas, están sentados a la mesa y participan de manera activa. Algo que en el pasado no ocurría. La paz era un asunto del gobierno nacional, quien informaba a los gobiernos locales. Y eso ni siquiera sucedía siempre.

Un tercer elemento es que las comunidades están involucradas desde el comienzo y sus opiniones e imaginarios sobre el futuro del territorio son esenciales en el diálogo. No obstante, no todos los sectores se han sentido convocados y la presencia, por ejemplo, de las mujeres, es aún muy débil: el patriarcado hace de las suyas a lo largo y ancho del país. 

Sin embargo, la idea más innovadora en estas negociaciones es haber incluido la «paz cotidiana»: una paz que involucre a los individuos, pase por la familia y la escuela y permee la comunidad y la región. Es la paz de los pequeños temas que generan conflictos todos los día. Trabajar alrededor de la paz cotidiana es un acuerdo que comparten las partes negociadoras. Así se construye un desescalamiento progresivo del conflicto armado.

La paz cotidiana implica transformar la cultura para que se logre una verdadera convivencia pacífica, se cierren las heridas a través de la memoria y se cultive el cuidado de la vida, empezando por la naturaleza. Una de las premisas que dio pie a la inclusión de esta dimensión es que todas las personas tienen que cambiar un poco si se quiere acabar con las violencias de género y la discriminación. 

Este eje surge porque Comuneros del Sur es una guerrilla con hondas raíces comunitarias, que se mimetizan con los habitantes de la zona e interviene, como quizá no lo hace el Estado en ninguna región, en la regulación de los conflictos y diferencias entre las personas. «Hace más de treinta años que están en nuestro territorio. Convivimos con ellos porque unos son del mismo territorio, otros se han casado con muchachas nuestras y tienen sus hijos aquí. Prácticamente son parte de la comunidad», dice María Dina y explica que juntos, entre la comunidad y los Comuneros del Sur, han construido carreteras y escuelas. Ellos, como los propios habitantes de esta región son muy «mingueros»*.  

Pero María Dina no se llama a engaños: «También hemos tenido que batallar, resolver dificultades dialogando, incluso rescatar personas que se nos han llevado». Su esperanza es que la negociación permita que los jóvenes regresen a sus casas y a la escuela. Esa es realmente la mayor ilusión en estas comunidades cansadas de tantas guerras.

El vocero de Comuneros del Sur es Roger Garzón, un hombre de mediana edad, serio y pausado. Define a su organización como una expresión «social y política» que abandonará las estructuras jerárquicas de la guerra, pero no su territorio.  Entiende la paz cotidiana como una manera de «desaprender» sobre los métodos verticales que han usado hasta ahora y pasar a un cierto colectivismo civil, regido por un poder popular donde las organizaciones comunitarias son centrales, así como la agenda de la reconciliación.  

«Es la búsqueda de nuevas maneras de relacionarse, pequeñas acciones, porque la guerra lo permea todo, no solo al adversario», dice Garzón. En parte, este planteamiento se ancla en los saberes y prácticas de los pueblos indígenas, pero también es una declaratoria de que conceptos como control del territorio o gobernanza criminal pueden reemplazarse por algo más parecido a una democracia participativa o incluso directa. 

«En el sur está el norte», repite con frecuencia el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar Jaramillo, quien no esconde el orgullo de que su departamento se convierta en un laboratorio exitoso que le haga contrapeso al pesimismo que se respira en el resto del país en torno a la Paz Total.  

Otro innovador clave es Andrei Gómez Suárez, académico nariñense radicado en Escocia, quien entendió que la paz territorial requiere lenguajes y métodos diferentes a los que se usaron en el pasado. Las historias de vida de todos ellos y ellas tienen peso en este escenario donde, más que entre enemigos, se dialoga entre adversarios que conocen la profundidad de sus problemas, la dificultad de lograr soluciones, y la terquedad que se necesita para que la vaina salga adelante. En todo caso, la presencia y moderación de delegados de los Países Bajos, como garantes, también genera tranquilidad y buena vibra. 

Después de varias horas de diálogo, el sol se va y arrecia un viento helado. Algunas de las frutas de la mandala languidecen, y el palo santo está hecho cenizas. El volcán vuelve a cubrirse de nubes y se divisa como si fuera una montaña cualquiera. La conexión espiritual que María Dina propició en la mañana ha dado resultados. Se avanza y se decide que la tercera ronda será en noviembre en otro municipio, porque esta también es una negociación itinerante. Innovar en materia de paz en Colombia no es nada fácil. Pero este círculo de la palabra lo está logrando, en las faldas de un volcán que está ahí como testigo de un fuego que se apaga.  

* La minga, como se sabe, es una práctica ancestral muy fuerte en los pueblos indígenas del sur del país.