«¿Eso fue pólvora o bala?» es una de las preguntas comunes de la ciudadanía colombiana para distinguir la fiesta de la violencia dentro de su paisaje sonoro. También es un ejemplo contundente de cómo el país aprendió a escuchar.

Aunque los estudios destacan que el tráfico y las construcciones son las principales fuentes de ruido urbano, para el representante a la Cámara Daniel Carvalho uno de los problemas es que el exceso de volumen es un detonante de conflictos. Ese fue, de hecho, uno de los argumentos que más usó para impulsar su Ley 2450 de 2025. 

Diseñada para mitigar la contaminación acústica por sus efectos en la salud colectiva y en el ambiente, esta normativa era necesaria, según sus proponentes, porque Colombia excede de manera crónica los decibeles ideales sin ningún tipo de sanción, hasta ahora.

Camilo Quintero, abogado y coordinador ambiental del despacho de Carvalho y autor de la Ley, insiste en que la contaminación acústica genera desplazamientos, riñas, lesiones y muertes. De los 51.100 casos de intolerancia reportados en 2024, 44% fueron por desacuerdos con el ruido, reportó el Ministerio del Interior.

Las cifras parecen abstractas hasta que son anécdotas de prensa: en Bogotá, un hombre cayó por el tejado de su vecino tras una discusión por el volumen; en Medellín, otro hombre enfrentó a vecinos con un machete y murió apuñalado al reclamar por un parlante que sonaba en la calle; en Cartagena, una mujer denunció una agresión por un conflicto similar.

Mientras los medios narran esos episodios, también amplifican las peticiones ciudadanas de una mayor presencia policial para mitigarlos. Aunque la Ley involucra a trece entidades del orden nacional y territorial —el Departamento Nacional de Planeación – DNP; cuatro ministerios (Ambiente, Salud, Transporte y Defensa); Corporaciones Autónomas Regionales – CAR; Alcaldías y Policía—, críticos advierten que el énfasis descuida el componente de cultura ciudadana.

Desigualdad sonora

Así como los barrios de estratos más altos son más arborizados que los de menor estrato socioeconómico, también hay registros de que los primeros son más silenciosos y en ellos se pueden escuchar a los pájaros entre las ramas.

Es en los barrios con mayor densidad poblacional donde se presenta un mayor número de quejas por el ruido y donde suelen ser más desatendidas, algo que estudiosos han llamado «injusticia sonora». Por eso, uno de los señalamientos alrededor de la Ley es que es clasista, pues el derecho al silencio no está repartido de manera equitativa.

Quintero asegura que en la bancada lo discutieron y concluyeron que la crítica no aplica: «Todo lo contrario: los barrios populares están doblemente victimizados tanto por la pobreza como por el ruido que no los deja descansar».

El fenómeno no es exclusivo de Colombia. «El estadio Santiago Bernabéu, que es el más moderno del mundo, gastó más de mil millones de dólares en su remodelación y pensaron en todo menos en la calidad acústica», dice Quintero. «Hicieron su reapertura con cuatro conciertos de Karol G con tal impacto, que los vecinos se organizaron y a través de una acción judicial lograron prohibir los espectáculos en el Bernabéu».

La Ley también incomoda a quienes Quintero denomina «empresarios de la noche», quienes piden que el control abrigue a los espectáculos públicos. Por eso el debate no es sobre quién hace más ruido, sino también quién tiene permiso para hacerlo.

«En el Jardín Botánico de Medellín, por ejemplo, eran famosos los conciertos de electrónica y descubrimos que después aparecían pájaros desorientados y las mariposas al otro día estaban muertas», asegura el político. 

Los impactos sobre los ecosistemas tampoco son menores tras festivales como el Estéreo Picnic, en Bogotá —cuyas ediciones se realizaban en reservas naturales y las dos últimas en el Parque Simón Bolívar—. Una razón para que la Ley establezca qué autorizaciones requerirán los grandes productores, los estadios o los promotores de conciertos en el Movistar Arena.

El impacto, sin embargo, no recae únicamente en los «empresarios de la noche». Tan solo en una alborada en Medellín, cada medianoche del 1 de diciembre, se reportan muertes de aves, daños cerebrales e infartos de animales domésticos y silvestres, así como pérdidas en las rutas migratorias de distintas especies por la quema de pólvora.

«Se trata de que esta tradición, que no empezó en el 2000 como han dicho, así como que es traqueta o paramilitar, existe desde hace muchísimos años y, por lo tanto, hay que conservarla sin los impactos a la biodiversidad y la salud humana», dice Quintero.

Aún con contradicciones, la Ley integra acciones para que se pueda habitar un parque sin un parlante o una playa con el paisaje sonoro de las olas. Asismismo incluye a poblaciones particularmente sensibles al ruido. «Uno de los sectores que casi siempre pasa desapercibido es el de las personas del espectro autista, históricamente invisibilizadas y afectadas por la presión sonora», afirma el autor de la Ley. 

Aunque Quintero asegura que la discusión pública suele concentrarse en lo económico, también ahí hay algo que a él le preocupa: la falta de atención a las afectaciones por ruido le cuesta al sistema de salud entre dos y cinco billones de pesos. 

El abogado reconoce, además, que en Colombia existe un dominio legal que convive con uno ilegal. «Hay bares donde el control lo ejercen ciertos combos y sabemos que será más difícil la aplicación de la Ley». Lo que demuestra que hay un doble régimen que condiciona las estrategias para regular el problema del ruido y que, entre esas, la más clara es la sanción a través del control policial.

Más pedagogía, menos sanción 

Desde organizaciones de la sociedad civil como Temblores ONG —que ha revisado estructuras hegemónicas de la violencia, especialmente la policial— hay un temor anticipado: la Policía ha mostrado una tendencia a cometer abusos cuando tiene facultades excepcionales, como en este caso, ya que puede sancionar a quienes incumplan con los decibeles permitidos. 

Al menos así lo evidencia el informe Trapitos al sol (2023) con el que Temblores registró un aumento del 200% de multas impuestas a la ciudadanía durante el plan piloto de su código en pandemia

Según Camilo Mendoza, investigador del Observatorio de violencia policial de Temblores, la Ley contra el ruido, desde su artículo 18 en adelante, hace modificaciones al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ley 1801 de 2016). Mendoza asegura que desde Temblores han denunciado que «esas modificaciones reglamentan minuciosamente las actividades y prácticas ciudadanas en el espacio público, nutriendo la categoría de “comportamientos contrarios a la convivencia”, pero atravesada por imaginarios de una ciudadanía civilizada». 

La Policía ahora puede establecer multas de hasta dieciséis salarios mínimos diarios para quienes infrinjan la normativa de decibeles permitidos y decidir qué situaciones asociadas al ruido deben ser tratadas como sancionables, lo que para Mendoza crea más escenarios de interacción cotidiana entre la ciudadanía y la Policía, algo que, según él,  profundiza un problema estructural: la violencia policial. 

Además de suspender actividades y fuentes de ruido, para el investigador aparece también otro riesgo con la Policía y es el de reforzar el enfoque punitivo, en lugar de privilegiar la pedagogía.

Si bien Quintero asegura que han conversado con los agentes y que el enfoque debe ser de cercanía y serenidad, la promesa no genera confianza en Temblores. 

Mendoza detalla que la Ley le otorga a las autoridades cuatro alcances: 1) definir qué ruidos alteran el orden y la convivencia, 2) dirimir las tensiones derivadas de lo que se considere ruido, 3) elegir los medios para restablecer el orden y 4) aplicar medidas correctivas.

«Esto resulta problemático si se tiene en cuenta que, como documentamos en nuestro informe Bolillo, Dios y Patria II, la Policía tiene un exceso de funciones (tanto legales, como de facto) concentradas en los rangos del nivel ejecutivo. Además, son atendidas por personal insuficiente y sin el entrenamiento para enfrentar este tipo de conflictos», dice Mendoza.

Quintero aclara que la pedagogía sí está incluida. Asegura que la Ley contempla tres fases: sensibilización, prevención y ordenamiento territorial. «Cuando estas tres fallen, ahí sí entrarán las autoridades con el control y la sanción. Pero es la última opción, no la primera». 

Para Mendoza, sin embargo, es problemático que la Ley asigne las funciones de pedagogía a autoridades civiles y entidades nacionales, pero deje a la Policía el control, monitoreo y sanción.

No hay evidencias en Colombia, según la ONG, de que sancionar reduzca conflictos. En cambio, la práctica demuestra lo contrario: «quedó documentado en Bolillo, Dios y Patria II: el exceso de funciones estuvo concentrado en los rangos más bajos; la capacidad institucional fue limitada y no hubo capacitación para el diálogo».

Desde el Observatorio de violencia policial de Temblores creen que esta Ley arma un escenario propicio para el abuso de autoridad. «Hay evidencias de cómo la sanción, en vez de solucionar conflictos, los profundiza y produce más tensiones en la ya deteriorada relación ciudadana con la Policía», advierte Mendoza. Concluye que esta es otra Ley que alimenta el rol de la Policía como administradora del espacio público.

El ruido como resistencia

El ruido no solo es contaminación. En Colombia se ha convertido en una forma de expresión para quienes están al margen del diálogo institucional. Los cacerolazos, batucadas, comparsas o la música callejera alzan un clamor colectivo con poco espacio en los medios hegemónicos. 

Mientras a la ciudadanía se le restringe el volumen alto, paradójicamente las campañas políticas muestran que la Ley no aplica de la misma manera, por ejemplo, con candidatos que usan el perifoneo y altoparlante para reproducir sus jingles en temporada electoral.

Por eso hay quienes ven en los alcances de la Ley un riesgo de silenciar, sobre todo, las demandas populares. 

Según un integrante de El Gran Latido Sound System —colectivo bogotano con un sistema artesanal de alta potencia—, lo más preocupante es lo que esta Ley deja abierto a interpretación. «Hemos visto cómo muchas otras leyes en Colombia, dependiendo de la situación o de la conveniencia, son usadas a favor o en contra de la ciudadanía o incluso de las mismas instituciones», anticipa. 

En el caso de las protestas, explica el integrante, no se trata de un evento fijo. Así como nadie avisa que se va a cerrar una vía, tampoco se programa con tiempo un cacerolazo. «Nadie puede pedir que se baje el volumen a una acción que reclama a través del ruido». 

Por eso desde El Gran Latido plantean otras preguntas: «¿Dónde quedará la cultura picotera, la cultura sound system y los eventos comunitarios que son propios del espacio público?». Temen que la Ley pueda ser usada para contener prácticas colectivas, incluso cuando la comunidad esté de acuerdo con ellas: «Si a la policía o a cualquier persona se le da la gana, puede empezar a buscar dinero. Suele pasar: se aprovechan de los alcances de una ley para extorsionar».

Quintero, en cambio, cree que el ruido en sí mismo es un problema cultural y que se debe hacer una diferenciación según la procedencia. «El ruido tiene dinámicas diferentes según el contexto cultural, ideológico o político o según la idiosincrasia, y varía desde el punto de vista del ordenamiento territorial». Asegura que la Ley no está para «perseguir a las poblaciones vulnerables, al vendedor ambulante, al que se rebusca su sustento ni a los eslabones más débiles de una sociedad».

El integrante de El Gran Latido reconoce que ha vivido en carne propia la molestia: ha visto golpes y hasta asesinatos por el ruido constante. Pero advierte que son los eventos comunitarios y las celebraciones populares los más expuestos. «Cuando la Ley se implemente con más rigor, sabremos cómo operará», dice.

Recuerda, además, que muchos de los espacios más seguros durante las protestas fueron aquellos donde la música convocó y sostuvo a la ciudadanía. Para el promotor del Sound System es claro: «quien hace o amplifica el ruido tiene algo qué expresar».

En su experiencia, al Estado le gusta el ruido o el silencio cuando cada uno le conviene. «Un poco como funcionan los medios», agrega. «Para garantizar serenidad y mecanismos legítimos de control, la gente tiene que ser escuchada. La filosofía de nuestro proyecto —y lo comprobamos con investigaciones y trabajo de campo— es que las máquinas de alta potencia no solamente sirven para hacer ruido, son herramientas de transformación social a favor de las comunidades». 

Para Quintero es una discusión que apenas desde lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial. «Queremos lograr una armonía entre el derecho a la cultura, el derecho al ocio y el derecho al descanso. Estamos convencidos de que eso está vinculado con la dignidad humana», añade.

Mientras aparecen otras preguntas como qué tipo de sociedad se quiere construir con esta Ley —si una más silenciosa o una más justa o, incluso, qué tipo de silencio le agradaría al Estado—, el autor de la Ley recuerda un dicho famoso en Antioquia: «Usted sí habla duro, parece que viviera al lado de una quebrada», para explicar que el «verdadero» paisaje sonoro colombiano hoy es inaudible.