Ruth Vallejo tenía catorce años cuando sembró su primera mata de coca. Era 1998 y sus ojos ya habían atestiguado desde tiempo atrás que quienes se metían en «eso» comenzaban a comprar terrenos, casas, otra ropa y a tener dinero. La ilusión de una vida mejor fue su motivación principal para sembrar.

Nació, creció, se educó como pudo y comenzó a construir una familia en la vereda El Maizal, del municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño, sur de Colombia. En 2008, diez años después de su primera siembra de coca, fue desplazada tras duros enfrentamientos entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su hijo tenía cuatro años; ella y su esposo, veinticuatro.

Según la Comisión de la Verdad, 2008 es un año clave para entender cómo el cultivo de coca, su expansión y transformación en insumos para la producción de cocaína contribuyeron a la aceleración del conflicto armado en Samaniego. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) muestra que mientras en 2007 había veinticuatro hectáreas sembradas en total, al año siguiente había ciento veinte. En 2011, en Samaniego había más de quinientas hectáreas de coca.

Todo se multiplicó. El Registro Único de Víctimas (RUV) reporta que el número de homicidios pasó de 1.007 en 2007 a 3.999 en 2008. Luego de la Ley de Justicia y Paz y la desarticulación de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos residuales como los Rastrojos o las Águilas Negras se rearmaron para continuar su confrontación contra las guerrillas.

Ruth quería que su hijo se educara, pero vivían lejos de la escuela y la tierra estaba minada, sembrada de coca y de artefactos de guerra. La presión de los actores armados llevó a su familia hasta el casco urbano de Samaniego buscando otras oportunidades. Quiere olvidar ese capítulo de su historia, pero resulta difícil deshacerse de los impactos de una guerra que se metió por todos lados, hasta por las raíces de lo que sembraba en el campo.

Una mina antipersonal le arrebató la vida a su hermano. A algunos familiares los metieron a la cárcel por narcotráfico. Después del desplazamiento volvió a sembrar coca en la finca que compró con algunos recursos que le dejó el «ilícito». Pero una noche, después de la cena, se sentó con su esposo y sus hijos para tomar una decisión.

La estigmatización, esa tensión constante de sentirse perseguida y señalada, se sumó al miedo. Su determinación no tenía vuelta atrás. «Nosotros, los que cultivamos en ese tiempo, teníamos que vivir como delincuentes. Pero no éramos delincuentes, éramos unas personas que queríamos seguir adelante. Éramos nosotros y nuestra ignorancia».

Era esta pesadilla permanente, tenían que pagar retenes para llevar alimento desde el pueblo hasta la finca. Era eso o salir a medianoche, a escondidas. El gran susto lo vivieron cuando cayeron en un retén del Ejército. A su esposo lo llevaron hasta un trapiche. A ella, para otro lado. Desde lejos, Ruth escuchaba llorar a su hijo de tres años, que se quedó con los militares. Como solo llevaban fertilizantes —«la química», dice Ruth— no hubo problema, pero la sola idea de quedarse sin su hijo los aterrorizó. Sin pertenecer a ningún programa gubernamental, sin tener un panorama claro, sin saber qué iba a suceder después, renunciaron a la coca de manera voluntaria y arrancaron lo sembrado.

Y lo que fue, fue la coca

Segundo Sevillano nació en la zona rural de Tumaco, en el Alto Mira, Nariño. Es un hombre serio de cincuenta años que habla sin tropezar. Recuerda sus primeros años en las playas del río Mira: «Yo empecé a caminar sin miedo, sin problemas. Allá llegábamos en volquetas, en moto, caminando. Todo eso siempre ha sido bello. Fue la violencia ajena la que trajo el miedo. Eso se volvió un flagelo porque es una cosa que no es nuestra, es una cosa adaptada, adoptada. Más bien eso es de otros territorios del país».

Con tristeza, casi con rabia, Segundo recuerda que durante mucho tiempo el río Mira estuvo bañado de petróleo por un bombazo. «Entonces la gente que vivía al lado del Mira, que se iba a pescar, que cogía su alimento de ahí, lo perdió todo. El río Caunapí, que es el otro río que recorre todo el municipio, también fue afectado por los derrames de crudo. La gente que vivía en la zona ribereña, que tenía su cultivo, que vivía y bebía del río, ya no lo podía hacer».

Hace veinte años el cacao era muy mal pago, dice Segundo: el kilo en finca estaba a seis mil o siete mil pesos, muy poquito para una familia. Luego llegó la palma, pero fue un aliciente temporal. Cerca de dos mil familias tumaqueñas se dedicaron a su cultivo en calidad de pequeños productores y pudieron resolver algunas condiciones de seguridad alimentaria y social, dado que no tenían necesidad de mezclar sus cultivos con otras semillas. Segundo se lleva las manos a la cabeza y hace un gesto de terror cuando recuerda la «pudrición del cogollo», enfermedad que se propagó con rapidez entre 2007 y 2008. La gran mayoría del cultivo de palma murió y generó quiebras inmensas en los monocultivos. «Cuando se muere la palma quedamos con una mano atrás y otra adelante, otra vez». La tierra de Segundo, la margen izquierda del río Mira, fue la más afectada.

Así comenzó otro tipo de desplazamiento. Ante la fuerza del hambre y el espíritu de supervivencia, la coca empezó a resolverle la vida a muchos tumaqueños. «“La mata que mata”, como dicen en los comerciales», susurra Segundo. La coca rodeó al territorio y detrás de ella llegaron los grupos armados. Tanto se expandió la coca que, según el Observatorio de Drogas de Colombia, en Nariño había 30.751 hectáreas de coca sembradas en 2020 y para 2023 ya eran 64.989. De ese total, más de 30.000 se encontraban en Tumaco.

Era 1999 cuando la coca llegó a Roberto Payán, uno de los enclaves más fuertes del conflicto territorial en el Pacífico nariñense, que en 2021 superó la siembra de nueve mil hectáreas de coca. De allá es originario Ángel Castillo Prado, un líder comunitario de cuarenta y cinco años que desde niño se ha dedicado a la agricultura para el autoconsumo y a la comercialización de productos del campo, a pequeña escala, con alimentos como la caña, el cacao y el plátano.

Ángel tenía veintiséis años de edad cuando llegaron las primeras semillas de coca. Sus vecinos dejaron de andar en canalete, a remo, y empezaron a comprar motores, canoítas más grandes, para viajar a los otros mercados de los pueblos vecinos. «Los de antes eran viajes de hasta dos días a remo para llegar de la vereda al casco urbano del pueblo», recuerda. «Todo el mundo decidió cultivar la coca porque no había más oportunidades para salir de las condiciones habituales de vida que tenía la gente en Roberto Payán».

Pero la rentabilidad de esas épocas que dibujaron fantasías en torno a los cultivos de uso ilícito ya no es la misma. Lo que ahora deja el cultivo de la hoja de coca son compromisos, porque la base está barata y el combustible y los insumos están caros. Se pierde la plata por dos, tres meses y los campesinos quedan a la deriva si no tiene otro ingreso. Los desplazamientos, las amenazas y las muertes han generado una conciencia diferente y la búsqueda de otras opciones laborales.

El DNI de la paz: un método para la paz territorial en Nariño

Durante este siglo, Nariño ha vivido las consecuencias de un conflicto armado alimentado por la codicia y el deseo de control territorial de unos grupos armados nutridos por las economías ilícitas propias del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando por la frontera y la trata de personas. El panorama no podía ser menos alentador.

Según el Ministerio de Defensa, para 2019 Nariño presentaba una tasa de 35,05 homicidios por cada cien mil habitantes, diez más que la tasa nacional; en Tumaco, la tasa era de 84,85; allí hubo 216 homicidios ese año. Para 2023, en Nariño había 16 estructuras armadas de 5 grupos organizados: un territorio inviable en materia humanitaria según el informe de derechos humanos de la ONU. Ese año hubo 21 casos de homicidios de defensores de derechos humanos según los Comités de Justicia Transicional. 42 civiles fueron víctimas de las minas antipersonales y 2 firmantes de paz fueron asesinados. Según la Unidad para las Víctimas, Nariño tiene 619.417 personas afectadas por el conflicto armado. Entre 1985 y enero de 2024, 563.550 personas fueron desplazadas de sus territorios, especialmente aquellos ubicados en la costa pacífica como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera, Barbacoas o Pizarro.

Esta crisis humanitaria fue el punto de partida para el planteamiento de un modelo de paz. Durante la cumbre cocalera del 13 de mayo de 2023, celebrada en el municipio de Olaya Herrera, Nariño, el presidente Gustavo Petro sugirió que la construcción de la Paz Total debía comenzar con procesos territoriales. Entonces propuso a Nariño como el punto de partida para los Diálogos Regionales de Paz. «Si la guerra es territorial, así mismo la paz debe ser territorial», dice Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador de Nariño.

Desde el sur de Colombia se propuso la fórmula del DNI para la paz como estructura metodológica para transitar hacia la transformación territorial: Diálogo+Negociación+Implementación. El 19 de junio de 2024 iniciaron los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), más conocida como Segunda Marquetalia, disidencia de las extintas FARC. El 3 de agosto se suscribió el documento formal con el Frente Comuneros del Sur, un grupo que se desvinculó del ELN y tiene más de treinta años de presencia en Nariño.