El anuncio llegó al cierre de un acto de perdón. El pasado 18 de octubre, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, frente a las víctimas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el presidente Gustavo Petro reconoció la persecución que ejerció el Estado sobre esa organización de derechos humanos y, sobre el final, soltó una noticia que nadie vio venir: «No es hasta junio. La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora».
Con esas palabras activó el levantamiento de las restricciones que, por décadas, han blindado 57.425 cajas de documentos y 47.829 registros digitales y analógicos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Lo que podría estar contenido allí —pistas que podrían ayudar a esclarecer persecuciones y crímenes contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes de izquierda y, en general, cualquiera que era considerado su enemigo— explica la trascendencia de la medida. No se trata de abrir un repositorio cualquiera, sino de uno que evidencia cómo el Estado observó, clasificó y persiguió a sus propios ciudadanos.
Creado en 1960 y liquidado en 2011, el DAS fue, a la vez, policía política, central de migración y oficina de favores del poder ejecutivo. Bajo la doctrina del enemigo interno y, más tarde, durante los años de la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe, se transformó en una máquina de vigilancia cuyas operaciones solo se detuvieron tras el escándalo de interceptaciones ilegales a jueces, periodistas y opositores, que la prensa bautizó como chuzadas. Las cajas que hoy custodia y organiza el Archivo General de la Nación (AGN), con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, contienen los rastros de esa evolución: es la libreta de apuntes de medio siglo de imaginación estatal.
El Archivo General de la Nación nos informó que ahora adelanta un proceso estrictamente técnico en la sede del centro de Bogotá: foliar, restaurar, describir y aplicar primeros auxilios a los documentos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Una vez concluida esa fase, el mismo trabajo se replicará en Funza, donde reposan 44.554 cajas del fondo documental. Estos pasos, establecidos en el decreto de desclasificación publicado por la Dirección Nacional de Inteligencia, avanzan al ritmo que permitan los recursos asignados al Archivo y marcarán el momento en que pueda aparecer la primera copia digital de acceso público. En medio de ese proceso lento, laborioso y condicionado por decisiones gubernamentales, aparecen las voces de quienes han estudiado la inteligencia en Colombia y pueden medir el alcance real de lo que guardan esas cajas.
Juan Sebastián Silva es politólogo, especialista en resolución de conflictos y magíster en estudios de paz; su tesis doctoral en Historia indaga la inteligencia militar y la contrainsurgencia. Por su lado, Natalia Beltrán es abogada, especialista en derechos humanos, y ha investigado la inteligencia militar y policial desde la sociedad civil. Ellos, que conocen el archivo del DAS por sus filtraciones, por procesos judiciales, por fragmentos, explican ante qué estamos.
El archivo que no hubo que desenterrar
En algunos países de América Latina, explica Juan Silva, los archivos de inteligencia han tomado un aspecto ruinoso: cajas dispersas mal conservadas, documentos destruidos de forma deliberada, papeles almacenados en depósitos que nadie recuerda. En ese paisaje, el archivo del DAS guarda una virtud. A diferencia de Guatemala, donde el archivo policial apareció por azar después de años de ocultamiento, el del DAS ha permanecido en manos del Estado, con una trazabilidad clara. No hubo que salir a cavar en bodegas atiborradas; las cajas estuvieron siempre ahí, en el circuito institucional, esperando a que alguien diera la orden de abrirlas y por fin intervenirlas.
Esa permanencia emparenta al DAS con otros casos de la región: la División de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires en Argentina y la División Federal de Seguridad en México. Allí, las instituciones no desaparecieron de un día para otro: hubo procesos de cierre que, paradójicamente, ayudaron a preservar los documentos.
La protección de este fondo creció con dos medidas: fue incorporado en el Registro de Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO y fue declarado Bien de Interés Cultural por el Archivo General de la Nación en 2023.
Una policía secreta con línea directa al presidente
El DAS nació y murió como una institución civil. No era un comando militar ni una unidad policial encubierta, sino un organismo de inteligencia que respondía directamente a la Presidencia de la República. En eso se parecía a agencias como la Central Nacional de Informaciones (CNI) o la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Chile: cuerpos diseñados para dar reportes al Ejecutivo sin intermediarios.
Durante años, el DAS fue la única agencia civil dedicada de lleno a la inteligencia. Mientras las estructuras militares y policiales se reformaban, se fusionaban, cambiaban, el DAS conservó una continuidad organizativa que hoy se traduce en un archivo amplio, cronológico, que permite seguir la pista a cómo pensaba y actuaba el Estado. Esto es crucial, además, para entender lo que ocurrió con el auge tecnológico en las estrategias de seguridad nacional.
«Mientras la inteligencia militar se quedó un poco rezagada en materia tecnológica, el DAS avanzó más rápido. Las condenas judiciales demuestran el uso sistemático de herramientas para interceptar, monitorear y vigilar ilegalmente. Y eso ocurrió, en parte, porque dependía del poder central: contaba con un respaldo institucional enorme que le permitió actuar, muchas veces, con mayor margen e impunidad», explica la abogada Natalia Beltrán.
El álbum oculto de un país imaginado
Cuando se desprende el archivo de la esfera puramente judicial, aparecen otros ángulos: el cultural, el sociológico, el histórico. Basado en los estudios que ha hecho en la región, Silva afirma que los documentos de inteligencia no solo registran hechos: también documentan un país imaginado por ciertas facciones.
Más que chuzar, el DAS imaginó un país. Levantó una ficción con enemigos que debían ser acorralados. Según el investigador, su archivo podría revelar cómo la inteligencia estatal clasificó poblaciones, leyó la migración como un asunto de seguridad nacional y creó, sin proponérselo, un álbum fotográfico de la nación. Allí no solo asoma su faceta de policía política: emerge un retrato sociológico de Colombia en pleno.
Vale recordar que, durante décadas, el organismo cumplió funciones que hoy asociamos a Migración Colombia y a otras entidades: control de fronteras, trámites de antecedentes judiciales, filtros de ingreso y salida del país, entre otras. En esas rutinas se acumularon huellas que, vistas en conjunto, permitirán entender nuestros brotes de xenofobia: hacia los exiliados chilenos que llegaron al país después del golpe de 1973, hacia las personas provenientes de Europa del Este que eran vistos como amenaza comunista.
El archivo puede ser un álbum del país. No solo por las fotos tomadas en labores de inteligencia o por el control migratorio, sino por la forma en que el Estado categorizó a la población nativa y migrante.
La promesa y la trampa de la caja negra
La idea de una caja negra estatal suena tentadora: una bóveda cerrada que, al abrirse, dejará ver quién dio la orden, qué se sabía y desde cuándo. Cuando le pregunto a Juan Silva por las expectativas —la ilusión de que el archivo explique, por fin, las torturas cometidas durante el Estatuto de Seguridad promulgado por el Gobierno de Julio César Turbay, los abusos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, las tensiones políticas alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente—, su respuesta modera el impulso épico:
«El problema es que las expectativas se conviertan en promesas. El archivo habla con la voz del Estado, y esa voz no necesariamente le da la razón a alguien. Es una perspectiva más en un campo en disputa. Un expediente puede contradecir lo que las víctimas, la sociedad civil o incluso la jurisprudencia han logrado establecer, y eso no convierte al archivo en una mentira, pero tampoco lo vuelve portador automático de la verdad». En otras palabras, es una fuente histórica, no una voz divina.
Incluso si el contenido es extraordinario para la memoria histórica del país, hay una mediación que no se puede eliminar: la sociedad civil no tendrá un acceso directo al archivo. Lo conocerá filtrado por el decreto que levanta la reserva, por la forma en que se folia, por las decisiones concretas de clasificación y anonimización (para proteger los datos personales de quienes aparecen en los documentos). La experiencia latinoamericana, recuerda el investigador, es clara: cuando las promesas de verdad alrededor de un archivo son demasiado grandes, la frustración suele estar a la misma escala.
Argentina como horizonte
Los investigadores me explican que Argentina es un espejo donde Colombia podría ver sus futuros posibles. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), una institución que funcionó entre 1956 y 1998 y que realizó tareas de inteligencia ideológicas, no solo conservó casi íntegro el archivo de inteligencia: el Estado destinó recursos importantes para abrirlo, digitalizarlo y ponerlo a disposición de la gente. Archivistas, historiadores de la época represiva y personas que habían trabajado en el aparato de inteligencia participaron en el proceso. Esa mezcla —conocimiento interno y voces críticas— fue determinante para construir un fondo integral.
La DIPPBA, además, convirtió la apertura en un acto pedagógico y reparador. En algunos videos que hoy circulan en YouTube, figuras reconocidas de la cultura argentina se sientan frente a sus propios expedientes. Leen cómo fueron seguidos, qué se escribió sobre ellos, qué sospechas levantaban. «Ser nombrado por una institución estatal tiene un peso simbólico enorme para las víctimas», piensa Silva.
Observar al que vigiló
Hay un hilo que atraviesa la conversación con Beltrán y Silva: el archivo del DAS puede exponer al que vigiló antes. Un Estado que ha perseguido durante décadas a muchos de sus ciudadanos, a menudo en secreto, podría empezar a ser observado a través de aquello que dejó escrito sobre ellos.
Beltrán propone un desplazamiento: dejar de ver los archivos como depósitos neutros y empezar a llenarlos de sentido social. Entender qué es un archivo de inteligencia, qué significa que exista un fondo documental del DAS, qué uso queremos darle como sociedad: «Un archivo no es solo un depósito de papeles secretos de las agencias de inteligencia: es un espacio que se llena de sentido con la apropiación ciudadana. La apertura del archivo será una oportunidad inédita para despolitizar el acceso a la información, exigir hojas de ruta claras a las entidades y perderle el miedo a debatir públicamente sobre temas de seguridad nacional».
Son miles de cajas y recursos digitales, y probablemente ninguno ofrecerá un desenlace. Lo que está en juego no es solo la revelación de un entramado de secretos, sino la forma en que un país decida enfrentarse a unas memorias que nunca ha tenido entre las manos. Para las víctimas, el deseo es que la apertura no termine convertida en un saludo a la bandera. Y mientras los funcionarios del Archivo General de la Nación avanzan en la foliación y en la restauración de esos papeles reservados, la pregunta que inquieta a los investigadores es cuándo llegará el momento de ver, al fin, qué figura empieza a asomar cuando se levanten las tapas de las cajas.