I.
En 1988, año en que fue secuestrado durante 53 días por el M-19 el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, se transmitió por la televisión colombiana una edición especial del célebre programa periodístico Enviado Especial, que dirigía Germán Castro Caycedo. En 1980, durante el periodo presidencial de Turbay Ayala, el periodista zipaquireño había sido capturado por el mismo grupo guerrillero, en uno de esos secuestros express de periodistas que tenían como fin «enviar mensajes» a la opinión nacional y, en este caso, al gobierno de turno. Castro Caycedo logró negociar con los dirigentes del M-19, convencido de que los periodistas no están para portar mensajes sino para transmitir noticias. Así, con el contenido del mensaje, a través del cual la insurgencia buscaba espacios de diálogo en plena época del Estatuto de Seguridad, redactó en cautiverio una nota periodística. Sostuvo también una larga entrevista con el líder histórico del M-19, Jaime Bateman Cayón, que en ese momento era una figura desconocida por la opinión pública.
Durante la emisión especial de su programa Castro Caycedo, en sus propias palabras, corre hacia atrás la película y ofrece detalles no solo sobre su retención por parte del M-19, que empezó el 17 de abril de 1980, sino sobre hechos que pasaron después y que, a pesar de su relevancia, pueden estar hoy bastante olvidados. El periodista usa su testimonio para darle fuerza a un urgente llamado al M-19. Le pide que respete la vida de Gómez Hurtado y proceda a liberarlo. Recuerda entonces que fue el dirigente conservador quien se empeñó en publicar en el periódico El Siglo, en ediciones especiales de catorce páginas durante toda una semana, de domingo a domingo, el contenido completo, sin ninguna edición, de las dieciséis horas de su conversación con Bateman, diagramada e ilustrada por el propio Gómez Hurtado.
Castro Caycedo dice que durante la preparación de los reportajes al lado del dirigente conservador: «percibí de manera inmediata que estaba frente a un gran estadista, frente a un gran demócrata. Le escuché argumentos de fondo sobre el derecho a ser informado y sobre libertad de prensa». Y afirma sin dudarlo: «Nunca antes en la historia de Colombia, ni después, un movimiento guerrillero ha recibido un despliegue tan inusitado. Nunca en nuestra historia, ni antes ni después, se ha permitido que un jefe guerrillero pueda expresar, con mayor despliegue, su manera de pensar». Los reportajes fueron, incluso —recuerda Castro Caycedo—, promovidos en cuñas televisivas.
II.
En un discurso pronunciado el 25 de octubre de 1961 en el congreso de la República, el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado alertó sobre la existencia de las que él llamó repúblicas independientes: «No se ha caído en cuenta de que hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda […] Hay la república independiente de Sumapaz; hay la república independiente de Planadas, la del Riochiquito». El discurso no solo generó un profundo debate público sino que se relaciona con una acción militar de años después, que contó con el apoyo de los Estados Unidos y fue el laboratorio de una nueva fase de su política intervencionista en Latinoamérica.
La Operación Soberanía (más conocida como Marquetalia), de 1964, fue ordenada por el gobierno conservador de Guillermo León Valencia, y su objetivo principal eran los campesinos (se habla de cincuenta hombres y dos mujeres) liderados por Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez/Tirofijo) en la zona de Marquetalia, corregimiento de Gaitania, el mismo lugar antes llamado Ata, que en 1920 había sido designado como colonia penal y agrícola, pero que cambió su nombre en homenaje al líder liberal asesinado en 1948. Es la misma Planadas, en el sur del Tolima, de la que habló en su discurso Gómez Hurtado.
Algunas imágenes de la operación fueron filmadas por los cineastas franceses Jean-Pierre Sergent y Bruno Muel y difundidas en la película Riochiquito (1965), nombre del sitio en el Cauca a donde Tirofijo huyó con su minúsculo ejército para convertirse en una cuadrilla móvil. Se buscaba exterminar la insurrección; por el contrario, la operación significó el hito fundacional de las FARC. «Mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía», le escuchamos decir a Tirofijo en el documental de Sergent y Muel. Este grupo armado se responsabilizó, años después, del asesinato de Gómez Hurtado ocurrido en 1995, aunque tal reconocimiento fue rechazado por la familia del dirigente. Era una vieja sentencia de muerte. Para las FARC-EP, el discurso de 1961 promovió y justificó el ataque militar a los asentamientos del movimiento agrario comunista del que surge esta guerrilla.
En los últimos años de su vida Gómez Hurtado decía cosas tan aparentemente contradictorias como que había que tumbar al régimen («Será preciso tumbar al régimen», es un editorial de El Nuevo Siglo, de agosto de 1995, pocas semanas antes del asesinato de quien lo escribió, el propio dirigente conservador), al mismo tiempo que promovía el acuerdo nacional sobre lo fundamental que se concretó parcialmente en la conversación entre partes enfrentadas que dio origen a la Constitución del 91. Gómez Hurtado hizo parte, como saben, de la presidencia colegiada que sancionó la nueva carta, al lado de Horacio Serpa y Antonio Navarro. Dos de estos hombres creyeron en la lucha armada y en las acciones militares, pero en ese momento de 1991 le propusieron al país una salida civil a sus conflictos.
III.
El 6 de noviembre pasado estaba programada en el Teatro Otraparte de Envigado una función de la película Forenses, dirigida por Federico Atehortúa Arteaga, acompañada del conversatorio «Lugares de ocultamiento». El tema principal del conversatorio eran las medidas cautelares de protección a los lugares donde las víctimas han señalado la presencia de cuerpos de personas desaparecidas. Estaba anunciada la participación de la Defensora de Derechos Humanos y directora de la Corporación Jurídica Libertad Adriana Arboleda Betancur, y de Andrea Romero, antropóloga forense que durante diecisiete años ha acompañado procesos de búsqueda y trabaja en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas UBPD-Región Noroccidental del país, que incluye a Medellín y Antioquia. La película se presentó pero el diálogo posterior fue cancelado dos días antes por Comfama, caja de compensación antioqueña que programa el Teatro Otraparte. Las excusas fueron vagas y nunca dadas por escrito a pesar de que la distribuidora de la película, la empresa Fuego Inextinguible Cine y la productora Invasión Cine así las solicitaron.
La misma situación ocurrió días después, el 15 de noviembre, en una función de Forenses programada en La Capilla-Claustro Comfama, una sala del centro de Medellín. La película se proyectó, pero el conversatorio que la acompañaba no ocurrió. Tenía por título «Vínculos y afectos como resistencia» y las invitadas eran Margarita Restrepo, defensora de Derechos Humanos y quien durante veintitrés años ha buscado a su hija Carol Vanessa, víctima de la Operación Orión realizada por el gobierno Uribe en 2002 en la Comuna 13 de Medellín, y Yolima Quintero, investigadora de la UBPD quien hace parte del Grupo Interno de Trabajo Territorial Antioquia y es responsable del Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá. La pregunta ineludible es si a Comfama, dentro de sus criterios institucionales, le resultaba incómoda la realización de estos conversatorios. Al occidente de Medellín está La Escombrera, donde hace más de veinte años se buscan cuerpos de personas desaparecidas. Cada cuerpo que aparece desmiente el optimismo con que buena parte de la institucionalidad local celebra el «milagro» de la ciudad de la eterna primavera.
Durante la preparación de este texto, conversé telefónicamente con Paola Mejía, directora de Cultura en Comfama. Dijo que la cancelación se debió a temas estrictamente operativos, y que la institución está interesada en que se converse, a través del arte, sobre la historia reciente y la memoria histórica. Mencionó eventos como las obras de teatro “¿Puedes verme?”, del grupo mexicano Puño de tierra, o los montajes del Teatro Petra, programadas con anterioridad dentro de las amplias actividades culturales de Comfama, y negó cualquier obstrucción a la presencia directa de mujeres buscadoras y líderes sociales de Medellín. En una frase promocional de la obra mexicana se lee: “¿A quién dejamos de ver cuando miramos hacia otro lado?”.
En el límite del cierre de la edición de este texto Comfama confirmó que las funciones con conversatorios serían reprogramadas los días 5 de diciembre en el Teatro Otraparte, y 13 de diciembre en La Capilla-Claustro. La reprogramación demuestra voluntad de Comfama de enmendar la primera decisión; pero las dudas sobre por qué se tomó persisten. Las mujeres que han luchado por encontrar a seres queridos desaparecidos merecen la consideración y el respeto de una entidad que tiene una misión social, educativa y cultural en Medellín y Antioquia.
IV.
En el episodio 26 (octubre 26) de Gaceta Pódcast en el que hablamos del fallo de tutela a favor de la familia de Manuel Gaona Cruz, asesinado en los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, quisimos tener la voz de Juliana Gaona Bejarano, hija del magistrado y quien representó a la familia en la acción judicial contra la película Noviembre, dirigida por Tomás Corredor. No recibimos respuesta. El fallo ordenó a la película suprimir un diálogo e incluir una advertencia sobre su carácter ficcional. El 31 de octubre, Gaona Bejarano publicó un video en redes sociales en el que defendía los argumentos de la familia y negaba que su solicitud pudiera constituir un intento de censura.
El 6 de noviembre, primer día de la conmemoración de los cuarenta años de la masacre del Palacio de Justicia, el periódico El Colombiano publicó una entrevista con Mauricio Gaona Bejarano, otro hijo del magistrado, ampliamente conocido por su apariciones en medios durante los últimos meses, quien de forma gaseosa se refiere a Noviembre como propaganda. Esto leemos en la entrevista, firmada por Daniel Rivera Marín, editor general del diario antioqueño. «De manera que cuando les cuenten la historia acomodada, miremos quién se las está contando, qué están tratando de ocultar. Y una historia como la que escuchamos, donde el presidente sale a promocionar esas narrativas del olvido, a hablar de libertad artística, de censura, a sacar evidencia circunstancial que según él, en su criterio jurídico, que debe ser muy amplio, conoce, lo único que está haciendo es darnos una prueba increíble de que esto no es arte. No es entretenimiento, es propaganda». Mauricio Gaona Bejarano infiere, con bastante ligereza, que ya que el presidente Petro salió en defensa de la película, esto es un argumento más para decir que es propaganda a favor del M-19 y, en consecuencia, a favor suyo, actualmente el más reconocido exmiembro de la antigua organización guerrillera.
Detrás de esa estratagema retórica parece despuntar un propósito: anular ciertas voces de la sociedad civil, como las de los artistas, en la construcción de la memoria histórica, convirtiendo cualquier versión que contradiga a la de la familia Gaona, o exprese dudas razonables sobre hechos confusos, en propaganda. Por esos mismos días caldeados, cualquier defensa de Noviembre y de la protección constitucional a la libertad de expresión y la libertad artística, tenían como respuesta un arsenal coordinado de insultos del tipo «hijueputa guerrillero» o «mandadero de sus amigos del M-19». En un artículo publicado el 7 de noviembre por Vorágine y La Liga Contra el Silencio, Helena Urán Bidegain, también hija de un magistrado asesinado en 1985, decía que «la memoria empieza a suceder justamente cuando toda la sociedad civil entiende que [esta] le concierne, y empieza a hablar de eso, a expresarse a través del arte».
La familia Gaona Bejarano, además de ser víctima, es parte de la sociedad civil de la que hablo. Las señoras Adriana Betancur y Margarita Restrepo, invitadas a los eventos cancelados por Comfama, también. De la misma forma somos parte de ese frente civil los periodistas que nos expresamos o escribimos en torno a hechos de la vida pública. Sí, tenemos posiciones políticas y ejercemos nuestro derecho a votar. Pero tener posición política no equivale a ser un actor del conflicto armado en Colombia o a ser responsable vicario de los crímenes cometidos en la larga historia de violencia del país. Por encima de los partidos y de sus intereses ideológicos, en Colombia hay que proteger, aunque nos cueste, la voz de esa sociedad civil.
V.
En el documental Riochiquito, los jefes guerrilleros hablan de la propaganda estatal contra la insurrección; propaganda apoyada, según lo dicen, por las fuerzas económicas y militares, y los medios del establecimiento. El trabajo de Muel y Sergent es contrapropaganda o propaganda a favor de la guerrilla, pero no solo es eso: también es un documento histórico y humano invaluable. La entrevista de Castro Caycedo a Jaime Bateman Cayón sin duda contenía una justificación de la lucha armada por parte del entrevistado. Gómez Hurtado consideró, sin embargo, que las razones del contradictor merecían ser escuchadas y conocidas por la opinión pública colombiana en 1980. Los procesos de paz de la década de los ochenta, y los que vinieron después, consistieron, ante todo, en conversar con el enemigo. La página web https://www.manuelgaonacruz.org/ es un medio legítimo para que la familia Gaona rinda homenaje a su padre y presente los resultados de sus investigaciones. No es, sin embargo, una verdad judicial, la misma que ha faltado palmariamente sobre los hechos de hace cuarenta años. La verdad de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en Antioquia no es de izquierda o de derecha; es su experiencia de lucha, corroborada por la aparición de siete cuerpos en La Escombrera, cuatro de ellos ya identificados. Considerar que la verdad es un proceso abierto, no concluido, no supone negar la aspiración a completarla. Para eso, necesitamos conversar, investigar, encontrarnos, debatir. Y, sobre todo, no censurar.
Los grupos armados han utilizado ampliamente los medios de comunicación con fines propagandísticos. El Estado también. Aparte de lo mencionado en este correr de la película hacia atrás, con respecto al M-19, no hay que olvidar el desfile de periodistas y medios al Caguán durante el fracasado proceso de paz del gobierno Pastrana con las FARC. Tampoco las generosas entrevistas a paramilitares o narcos en los medios de comunicación. Aunque un periodista, en principio, puede y debe hablar con todo el mundo, puede ser entendible que la tolerancia a darle micrófono a quienes están de manera declarada al margen de la ley haya cambiado con el tiempo. Pero si no los escuchamos, será muy difícil armar el rompecabezas de nuestra violencia.
Sobra hacer loas al pasado o sembrar la nostalgia de los viejos buenos tiempos. Basta con recordar que a veces, para lograr una interrupción de la guerra, es preciso mirar al contradictor a la cara. En Colombia hubo momentos, muchos, en los que partes enfrentadas, en vez de echarse bala, se sentaron a conversar. Un extraordinario documental de trescientos minutos de duración, Colombia: rebelión y amnistía 1944-1986 (Dir. Manuel Franco Posse, 1987), reconstruye mediante testimonios e imágenes de archivos la historia de esos procesos llenos de las palabras de la paz y las palabras de la guerra, en ciclos que se repiten una y otra vez, y que tal vez expliquen la suspicacia ante los acuerdos de paz que, sin embargo, son históricamente inevitables.
Se avecina la recta final de una campaña presidencial que, seguramente, superará los límites de agresividad verbal de las últimas contiendas. Uno de los candidatos que puntea en las encuestas, Abelardo de la Espriella, dijo en el mes de julio pasado en una entrevista con La FM: «Sepan ustedes señores de la izquierda que en mi tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde porque ustedes no merecen un trato diferente». Y agregó: «a esa plaga (la izquierda radical) hay que erradicarla. Así de sencillo». Después ha matizado: «Yo voy a destripar el relato de los zurdos». El eco de la expresión «zurdos de mierda», usada ampliamente por Milei, es evidente. ¿Qué es, para de la Espriella, ser de izquierda radical? Esa incontinencia verbal, en un país que exterminó a un partido político entero por ser de izquierda, es algo más que inquietante. ¿Gobernaría de la Espriella, en el caso de que llegara a ser presidente, solo con las palabras de la guerra? Es completamente inviable.
VI
En días recientes se conocieron los resultados de una encuesta realizada por la organización Valiente es Dialogar, una plataforma que reúne desde empresarios de derecha hasta líderes de organizaciones sociales. Según el estudio, Álvaro Uribe y Gustavo Petro aparecen como los dos extremos de la división política y simbólica del país, y el 77% de los encuestados se identifica con alguno de los dos. Según otro resultado de la misma encuesta, el 43% de los colombianos demuestra una orientación autoritaria medible en su preferencia por el respeto a los mayores, los buenos modales, la disposición a obedecer o la militarización de las ciudades en las que viven. El 63% de los encuestados estuvo de acuerdo en que militarizar las ciudades serviría para contrarrestar la creciente inseguridad.
La conclusión más apresurada de una encuesta como esta consistiría en equiparar los extremos o en no distinguir lo que no es asimilable por ellos. Podría llevar a decir, de manera banal, que uribismo y petrismo son lo mismo, pasando por alto una historia de larga duración, llena de matices, pliegues y responsabilidades diferenciadas. En esa historia extensa e intensa, tiene que aparecer, por fuerza, la imagen de un pueblo que estos estudios parecen no poder reconocer: gente cuya lucha ha sido, no por un partido o una ideología, aunque voten o se reconozcan en ella, sino por la posibilidad de vivir dignamente y en paz.
Esto no equivale a una despolitización o un argumento a favor del tibio centro. No supone negar el conflicto político, sino la posibilidad de pausarlo. El documental Riochiquito ofrece una imagen de ese pueblo pacífico encarnado en las familias campesinas que en los años cincuenta, dice el narrador: «conquistaron un paréntesis de paz. Cinco años de paz en un fértil vallecito son una fortuna para un pobre campesino de Colombia. Cinco años, no de riqueza, simplemente de paz. Pero la paz no existe en Colombia para los pobres».
La amplia existencia de comunidades de paz en las últimas décadas y la actual organización social que nace, ante todo, de los movimientos de víctimas del conflicto armado —víctimas de todos los actores—, son formas de lo que la gran María Teresa Uribe llamaba «rebeldía emancipatoria», algo que parece estar lejos de los focos de la academia establecida. Sobre las comunidades de paz, una nota publicada por la Fundación Musol dice: «este proceso de resistencia representa una posibilidad de descentralización del poder, de restar el poder a sujetos político-militares y sumarlo a la población civil, es decir, de debilitar las bases de poder de los órdenes verticales imperantes y crear condiciones para establecer otras formas de poder y convivencia». Hay que repetirlo: la voz de esta sociedad civil no se puede reprimir o censurar. Es el país más valioso que tenemos.
Ver:
Enviado Especial: Enviado Especial – Álvaro Gómez y el M-19 / Adopción de niños colombianos por parejas extranjeras – YouTube
Rio Chiquito: Rio Chiquito – Jean Pierre Sergent (Español)