ETAPA 3 | Televisión
El agua potable
El agua potable
En las cimas de la serranía de San Lucas hay yacimientos de agua enormes que a uno lo rejuvenecen cuando se sienta a mirarlos por horas. La contaminación está abajo, a kilómetros de estas fuentes, porque en ellas no se permite ninguna labor. El agua que se utiliza en todos los asentamientos baja de este sector. Son fuentes totalmente limpias, como lo demostró el estudio que hicimos hace más de quince años con el profesor Jesús Olivero de la Universidad de Cartagena, sobre la contaminación de las aguas en varios lugares del departamento de Bolívar por el impacto del mercurio en las ciénegas de la serranía y cerca de Cartagena.
La incidencia de las organizaciones sociales en el territorio ha sido notoria. En el área de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar hasta el momento no ha trabajado la primera retroexcavadora. Se puede decir que el impacto es por los pequeños mineros, pero en el río Boque no hay ninguna organización social que haya impedido el trabajo de las retroexcavadoras y por eso está vuelto nada desde su nacimiento hasta donde muere. ¡Nadie se ha interesado en proteger eso y menos las autoridades militares! ¡No lo van a hacer! La federación lo denunció cuando había quinientas retroexcavadoras en la serranía de San Lucas. Denunciamos con coordenadas de cada una de las «retros» y ninguna autoridad hizo nada. La retroexcavadora no es una máquina que la pase una persona en un bolsillo: las pasan en tractomulas por las cabeceras municipales y se consumen cientos de galones de combustible diarios que salen de los municipios, pero nadie hace nada. Hay una complicidad de parte de las autoridades existentes para lo que ha sucedido en la serranía de San Lucas con respecto al agua y la contaminación de sus fuentes.
El bosque y las minas
Hace quince años se establecieron unas leyes agromineras que no eran de la federación, sino de la región; eran como la constitución de la región por la cual tenía que regirse cada habitante. Tuvimos problemas con eso por el tema jurídico porque tenía que ser redactado por abogados expertos y, con la persecución, las organizaciones sociales hemos abandonado un poco esa propuesta por los aspectos jurídicos. Esas leyes señalaban que en la serranía de San Lucas no se podía avanzar en la frontera minera y se establecía que en las áreas que ya habíamos intervenido, fácilmente y bien trabajada la minería, se podría producir por doscientos años sin que se tocara un centímetro de bosque.
Algunas organizaciones, como la nuestra, decidieron que no se tumbara un metro más. Las áreas que se intervinieron son las que se pueden seguir explotando, pues la federación prohíbe el trabajo minero en el territorio donde está.
¿Reserva forestal o económica?
La Ley 2.ª de 1959, que declara la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena (ZRFRM), fue una idea de los políticos de esa época y abarca gran parte del territorio de la serranía de San Lucas. A partir de la cota 200 todo terreno es reserva forestal. Eso no ha servido de protección para la serranía porque se encuentran fincas desde aquí de Santa Rosa hacia arriba que tienen propiedad legítima, no propiedad legal, porque está la Zona de Reserva de Ley 2.ª. Y hay cientos de hectáreas que fueron deforestadas en su tiempo y hoy son fincas. La ZRFRM ha impedido que el campesino pueda tener la propiedad de su finca y que tenga créditos para mejorar su producción.
Por ejemplo, en Santa Rosa hay una pequeña ganadería, tiene cacao y café desde hace varios años, pero ningún campesino puede acceder a un crédito por estar en la Zona de Reserva.
En cuanto a la minería, levantar la reserva forestal de una hectárea vale mucho y eso impide que un pequeño minero pueda solicitar un área al Ministerio de Minas para trabajar en la ZRFRM. Sin embargo, las grandes empresas sí lo pueden hacer. En el tema de la protección no es una gran ventaja la existencia de una Zona de Reserva Forestal. A pesar de eso, cada comunidad tiene miles de hectáreas que protegen, se hayan declarado sitios sagrados o se hayan declarado zonas de no labores mineras y agrarias.
Haciendo una comparación de la deforestación en el tiempo podría decirse que de lo que se encontró a comienzos de los años noventa, en la zona de la federación, se ha deforestado un 15 %, pero desde hace quince años esta deforestación paró en nuestras zonas.
Si destruimos el territorio, ¿a qué vida digna nos estamos refiriendo? ¿Cómo vamos a permanecer en él si ni siquiera tenemos el agua que es vital para vivir?
Quien tiene la culpa es quien entrega la riqueza
Hace doce años parte de la Teta de San Lucas se le había dado en concesión a la empresa San Lucas Gold, por lo que hubo una confrontación muy grande entre la Federación y el Ministerio de Minas. Quien tiene la culpa es quien entrega la riqueza, no quien la pide. Este es un patrimonio nacional que hay que cuidar. Y no se puede entregar en concesión para que en treinta años lo destruyan. Una concesión de explotación minera que involucra maquinaria pesada y producción a gran escala es destructora, acaba con la montaña en muy poco tiempo y tenemos que evitarlo.
Prohibimos que se tumbara montaña a cinco kilómetros de la Teta. Es decir, colonizar una finca, tumbar, quemar y sembrar está total-mente prohibido. Pero parte de la Teta ha sido dada en concesión. ¡Así que nosotros cuidando y el Estado entregando a quien pida lo que nunca se debía entregar!
Existen otras concesiones para explotación minera en la serranía. Una de ellas es de la Anglo Gold, que aparece como La Quedada. Según ellos, es una empresa colombiana muy pequeña que se formó con un capital de doscientos mil dólares, como aparece en los papeles. Al principio conversaron con nosotros. Decían que si les cedíamos el 100 % de las áreas que tenía la federación, recibiríamos el 10 % de las utilidades que produjera la compañía anualmente, pero que teníamos que aportar el 10 % de la inversión que se necesitara para la prospección, la exploración y el montaje de esa empresa.
Nos dimos cuenta de que La Quedada era una rama de la Anglo Gold Ashanti, la tercera empresa más grande del mundo en la minería del oro. Allí comenzó el rechazo de esa compañía en la región, la cual tenía quinientas mil hectáreas en la serranía de San Lucas. Rompimos relaciones con ellos y las comunidades rechazaron su presencia en el territorio. Nunca hubo amenazas, ni violencia, pero sí un rechazo manifiesto a la presencia de una gran compañía.
Ecología vs. corrupción
Lamentablemente no se puede negar la corrupción que hay en Colombia y que es grandísima y afecta a la Corporación Autónoma Regional del sur de Bolívar. Hay muchas autoridades que nos visitan, otras envían a sus funcionarios al territorio y ahí es donde está el quiebre: nadie dice la verdad, se dejan sobornar, piensa uno, y la cosa queda ahí.
Parece ser que desde la corporación se destinaron unos recursos para hacer un estudio de mitigación de los impactos que hemos he-cho. En sus laboratorios se identificaron algunas plantas que pueden atrapar el mercurio que está regado y se hará un piloto para saber si esto funciona o no. Nos tenemos que poner de acuerdo para empezar a trabajar. Aunque el exceso de dinero en la serranía ha traído grandes males…
El asesinato de una niña evangélica
Nosotros nos opusimos a la existencia de los sitios de prostitución en la serranía. Durante mucho tiempo no dejamos construir casas de prostitución. Pero en los sitios donde hay mucho dinero ocurre esto. La serranía de San Lucas ha tenido el infortunio de ser una región muy rica que ha manejado dos mercados que generan recursos: la coca y la minería. Hay otros lugares donde hay grandes empresas patrocinadas por paramilitares como en Norosí, Buena Seña, la parte alta de Río Viejo, en toda esa zona hay mucha prostitución. En el sector de nosotros también. Y eso lleva a que muchas niñas caigan. Asociado a esto está la drogadicción. Los jóvenes, los niños y las niñas son seducidos por personas mayores y los inducen a la prostitución. A nosotros nos asesinaron a una niña, hace cuatro años, y el crimen quedó impune. Era una niña evangélica, estudiante de Santa Rosa. Los rumores dicen que miembros de su familia que pertenecían a la asociación de Mina Caribe decomisaron una droga que iba a ser distribuida en el sector y que por venganza mataron a la niña sin que tuviera que ver en el asunto.
Hoy es casi imposible impedir la prostitución en nuestra zona porque hay manos metidas de gente que no es de la región y esto es un buen negocio para ellos. Por eso en los centros coqueros y en los grandes centros mineros hay prostitución, muchas veces juvenil e infantil. Es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra organización, pero no podemos solos. Hasta hablar de esto públicamente es un riesgo que uno se echa encima.
El caudal de la coca
Es triste decirlo, pero en las zonas donde las organizaciones sociales no tienen influencia, la deforestación sigue por la siembra de coca. Duele, pero es así. Es un asunto difícil de enfrentar cuando se trata de gente que viene de otros lados. Aunque también hay campesinos de aquí que están sembrando coca. Pero en su mayoría es gente que viene desplazada de otros territorios. Son mafias que se dedican a eso y están deforestando para sembrar coca.
Creo que la serranía de San Lucas en su totalidad no alcanza al 20 % de deforestación, pero si el tema cocalero sigue avanzando, el desastre en la serranía va a ser enorme. En la minería todas las comunidades de pequeña minería tomaron la decisión de no avanzar la frontera minera. Pero está la coca. Y que esto tenga solución no está en manos de las organizaciones sociales, porque estamos hablando de grupos armados que manejan ese negocio y facilitan las condiciones a los campesinos dándoles recursos para hacerlo.
En el territorio hay dos cosas que suceden por la siembra y el manejo de la coca. A los pequeños campesinos que sembraban plátano o yuca, a quienes la sacada de la cosecha de la finca y su comercialización no les dejaba casi nada de ganancia, les ofrecían sembrar coca para mejorar sus ingresos y las dos hectáreas que tenían de plátano ahora son de coca. Y en los territorios más o menos extensos que son de las mafias que llegan de afuera —aunque también hay gente de la región—, tienen sembradas veinte o treinta hectáreas de coca y esto es la causa de la deforestación. Tienen distintas formas para camuflarse. No siembran las veinte hectáreas juntas, sino que las dividen en diez sectores y eso confunde mucho porque son cultivos pequeños que parece que fueran de campesinos, pero al final uno solo de ellos tiene veinte, treinta o cuarenta hectáreas.
El Gobierno hizo algunos acuerdos con los campesinos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que exigía que ellos cambiaran sus sembrados de coca por sembrados de otras especies de alimentos tradicionales de la región. En ese entonces los beneficiarios del programa no podían tener más de dos hectáreas sembradas de coca, porque el campesino no tiene capacidad para sembrar más de eso. El problema fue que el Gobierno no cumplió la parte de esos acuerdos y el minero y el campesino volvieron a sembrar coca para sobrevivir. Y en esos territorios donde se siembra coca la violencia es tenaz porque todos los grupos que están en la región entran a disputarse el territorio por las ganancias económicas. Pero para el campesino las ganancias con la siembra de la coca son mínimas. Quienes ganan realmente son los poderes que comercializan la coca a escala internacional.
En síntesis, hay que anotar estos dos aspectos en el tema de la coca: el aumento de la violencia y la falta de interés del Gobierno para sustituir los cultivos. Además, hay que tener en cuenta que hay un repoblamiento permanente en la región con personas que quieren sembrar coca, y quien se oponga es su enemigo. Por eso la solución a este problema no está en manos de las organizaciones sociales: nosotros no tenemos armas y esta gente utiliza armas para imponer sus intereses. Es un tema espinoso que toca los intereses de mucha gente.