Antes de posesionarse como secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA), la diplomática Laura Gil conversó con GACETA sobre la política internacional de drogas que ha adelantado el país. En su anterior cargo como embajadora de Colombia en Austria, donde a su vez asumió la representación permanente ante la Organización de las Naciones Unidas en Viena, en marzo de 2024, Gil logró la ruptura del llamado Consenso de Viena sobre la política antidrogas. 

El trabajo de la delegación colombiana fue clave para reencaminar una política global de drogas totalmente anquilosada y que, hasta ahora, ha propiciado fenómenos de violencia en los países productores. Tras más de sesenta años, por fin, se nos invita a pensar de nuevo una política global de drogas y a cuestionar los paradigmas de un régimen que pone la carga criminal sobre productores y consumidores. Las políticas de reducción de daños nos permiten acercarnos al fenómeno del consumo desde la salud pública y abren la conversación hacia las decisiones que pueden tomarse en los escenarios internacionales para transformar nuestra política interna. Sin embargo: nada de esto se ha dado hasta ahora. 

Desde 1961, Naciones Unidas no había hecho un análisis independiente sobre cómo funciona el régimen global antidrogas. Entendiendo que este análisis es necesario como primer paso para transformar muchas de las políticas y las formas de acercarse a las problemáticas globales, ¿qué avances se han presentado desde la resolución de la 68.ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, donde se decidió hacer un análisis independiente? 

Laura Gil: Naciones Unidas sacó una propuesta de procedimiento para la selección de miembros del panel y el financiamiento. La resolución era clara en que el panel estaba supeditado a que se consiguiera financiamiento a través de contribuciones extrapresupuestales; es decir, que no viniera de presupuesto regular. Desde que se aprobó esta resolución, hasta ayer, empujé para que Colombia aportara dinero. ¿Por qué? Primero, porque Colombia es la dueña de la resolución. Segundo, porque es una prioridad para el país. Y en esto quiero ser muy clara: es una prioridad no solo para este Gobierno, lo es para cualquier Gobierno que llegue, porque este panel puede traer recomendaciones que les sirvan a Gobiernos colombianos de cualquier color político, no a uno necesariamente progresista. 

Las frustraciones que hay, por ejemplo, frente a que el desarrollo alternativo no es lo suficientemente poderoso ni potente ni cuenta con los tiempos adecuados para responder a las necesidades del campesinado podrían llegar a ser atendidas. Hay que sacarse de la cabeza que este solo es un panel para este Gobierno. El Gobierno, por supuesto, cumple con un compromiso de revisión del régimen, pero es una revisión que le va a servir al país. Punto. Y tercero, y aquí viene lo, digamos, difícil: para poder sacar adelante esta resolución, hablé personalmente con cincuenta y un embajadores. Nuestro equipo en Viena habló y negoció con cientos de personas. Esta resolución lleva nuestra marca, fue muy conversada y dialogada… La prueba es que pocos países votaron en contra en un tema tan delicado. Ni siquiera China votó en contra. Creo que eso demuestra la inclusión. Muchos países se nos han acercado diciendo: «Pongan algo, apenas envíen el mensaje de que están comprometidos con el panel, de que esto no fue solo narrativo, nosotros llegamos y ponemos algo más y entre todos juntamos lo necesario». Es decir, Colombia no tiene que financiarlo completamente. Lo que Colombia tiene que hacer es mostrar que está comprometida con entregar un poco de dinero para decir: «No fueron solo palabras. Aquí está nuestro compromiso». 

Ante un cambio de gobierno, ¿qué tan frágil puede llegar a ser esta resolución? 

LG: El proceso en Naciones Unidas ya entró en marcha. Entonces, si este Gobierno dice: «Bueno, aquí tienen cincuenta mil dólares», o lo que sea, y el proceso se pone en marcha, no hay cómo pararlo. Obviamente, este Gobierno aspira a que el informe muestre su visión de las cosas. Pero lo que tenemos que enfatizar es que pedimos una revisión independiente. El Gobierno seguramente enviará un informe que podrá ser considerado como fiel a su visión, pero, y creo que en esto actuamos de buena fe y con sinceridad, buscamos que pueda darse la discusión sobre una reforma. Necesitamos que el informe sea creíble. Si llenamos esto solo de gente que está de acuerdo con nosotros, el informe no será creíble. Necesitamos un informe que ponga sobre la mesa los verdaderos desafíos de este régimen de drogas. Tal como está, el régimen no se ha podido cumplir. Y eso se ve en las salas de Naciones Unidas, desde Rusia o China hasta los países más progresistas. Todos dicen:  «Este régimen, así como está, no está dando resultados». Entonces, si se hace un trabajo responsable, independiente, estoy segura de que habrá recomendaciones que les pueden servir a todos los países. Y creo que sería un error de cualquier Gobierno llegar a ponerle trabas a esto. Lo mejor que podemos hacer es reconocer que estamos ante un fracaso y ver cómo lo arreglamos. 

Los más prohibicionistas querrán más prohibición, los menos prohibicionistas querrán moverse hacia la regulación. En ese escenario hay que buscar un acuerdo. De aquí en adelante solo se puede ir hacia una reforma gradual. Quienes quieran liberalizar todas las drogas no encontrarán esto en el informe. Pero encontrarán avances que le sirven a Colombia. 

La posibilidad de este informe y el hecho de esta resolución, ¿son un síntoma de que hemos comenzado un tránsito de un enfoque punitivo a uno más dirigido hacia la salud pública? 

LG: Yo creo que ese tránsito lo empezamos en 2016 con la Asamblea General Extraordinaria. El problema es que con la Asamblea General Extraordinaria se consiguió un texto que habló de salud pública, de derechos humanos, pero, cuando uno se sienta en Viena, en Naciones Unidas, se encuentra con que persiste una visión muy anterior. ¿Qué permitió la Asamblea General Extraordinaria? Permitió al bloque europeo y de algunos países de América Latina tener de qué aferrarse para pedir avances en una política de drogas que tenga un enfoque más de salud pública y derechos humanos. Para eso sirvió. 

Si el sistema ya hubiese incorporado el enfoque de salud pública, sacar una resolución de reducción de daños no hubiese significado la revolución que fue. Y fue una verdadera revolución en marzo de 2024. La Asamblea General Extraordinaria nos había servido como mecanismo de reclamación, pero no se había hecho realidad. Estoy absolutamente convencida de que temas como la reducción de daños, por ejemplo, pueden quedar consagrados en este informe. 

Hay un número importante de temas que van más allá de la regulación que son importantes para Colombia y todo puede quedar consagrado ahí. En cierta manera, es el inicio de la reforma, porque se ponen esos temas sobre la mesa. Ninguna reforma se pone sobre la mesa siendo definitiva. Supone un camino largo, pero es una manera de empezar a cambiar mentalidades, así empiezan los procesos en Naciones Unidas. 

¿Qué es la reducción de daños? Muchos expertos en drogas hablan de lo difícil que es hacer que la gente se acerque al tema de la reducción de daños y lo difícil que es explicar en qué consiste.

LG: La reducción de daños son una serie de políticas públicas que se despliegan para minimizar los riesgos. Pueden verse reflejadas en salas de consumo, o en la disponibilidad de medicinas en caso de sobredosis. Pueden ser políticas de tratamiento. Aunque es claro que no se pueden reducir exclusivamente a las salas de consumo, ni tampoco se pueden reducir a una intervención sanitaria. Lo verdaderamente importante es que la reducción de daños nos hace admitir de manera tácita que un mundo libre de drogas es una utopía. 

Y por eso hay tanta resistencia…

LG: Exacto. Toda la evidencia científica muestra que la reducción de daños sirve para salvar vidas. 

Se ha dicho que hay un bloque de países que quieren acoger nuevos enfoques como el de la reducción de daños, pero no necesariamente quieren efectuar una reforma legal. ¿Cómo transformar entonces ese modelo prohibicionista? 

LG: En este momento, la discusión en Viena, que es el epicentro global de la política de drogas, está partida en dos: países prohibicionistas y países reguladores. Pero hay consenso en que el sistema no funciona. Los prohibicionistas no quieren reforma legal porque temen que acabe con la regulación del cannabis. Más de la mitad de los estados de Estados Unidos han regulado el cannabis y, a nivel global, hay una masa crítica de países que ya lo han regulado, no solo para uso medicinal, sino también para uso recreativo. Entonces, los países prohibicionistas temen abrirse a negociaciones legales. Los países progresistas temen que, si abren la discusión, perderán la regulación del cannabis y haya marcha atrás. ¿Cuál fue nuestra propuesta? Pues ver en qué puntos puede llegarse a acuerdos con base en la revisión independiente. Y en lo que no hay acuerdo, por lo menos hay un cuerpo independiente que pone las cosas sobre el papel para propiciar la conversación. En este momento la conversación sobre la «reforma» está cerrada. El punto de partida de esta revisión crítica es decir qué funciona, qué no funciona y salir del papel a dar la discusión pública, porque no hay de otra. Por lo menos Colombia no ha encontrado otra puerta de entrada para hablar de reforma. 

¿Cómo superar eso? Las posiciones que describes parten del miedo. La conversación pública, política y cultural alrededor de las drogas está invadida de una serie de emociones paralizantes. ¿Cómo podemos transformar el estado de ánimo de la conversación desde un lugar que no nos lleve a hablar desde la inacción? ¿Qué papel juega ahí la sociedad civil? 

LG: Las convenciones se interpretan cada vez más con mayor flexibilidad. Es decir, cuando tú hablas con los países que han regulado el cannabis, te dicen: «Nosotros no estamos violando la Convención. La Convención nos da flexibilidad». La discusión tiene que partir de la evidencia científica y hay que tener política pública documentada. Y una vez nosotros lleguemos, no con una narrativa de lo que nos parece, sino que lleguemos diciendo, por ejemplo: «Miren, desde que nosotros regulamos el cannabis los jóvenes empiezan a consumir menos drogas», ahí se pueden empezar a cambiar posiciones. 

El tema es que, para los gobiernos autoritarios, el control de las drogas también es un instrumento de control de la sociedad y eso no lo vamos a poder cambiar. Nosotros tenemos que hablar con los que llamamos middle ground countries, países que realmente tienen temor a proceder en algunos aspectos de liberalización; pero por temor a crear daños en la salud pública, no por ideologización o autoritarismo. Esos son los países que pueden cambiar el juego y lo que tenemos que hacer es dialogar con ellos. En Viena, Colombia nunca fue un tractor que atropelló. Lo que hicimos fue tomar datos duros de lo que ha sido nuestra experiencia desde la década de los sesenta, y de lo que hemos hecho tratando de combatir el flujo ilícito de drogas. Cuando presentamos datos, la conversación cambia. 

De acuerdo con datos del Estado colombiano, hemos erradicado 3.900.000 hectáreas de droga. Más o menos ese es el tamaño de Bélgica. Entonces, yo siempre les decía en mi discurso: «Hemos borrado a Bélgica del mapa». Y eso facilita la conversación, porque no es narrativa, es un hecho duro, es una realidad. 

Hay que llevar evidencia científica para acabar con los temores. Pero para llevar evidencia científica hay que tenerla, y los países no invierten mucho, sobre todo los nuestros, en este tipo de investigaciones. Para mí, una de las sorpresas fue que, cuando fuimos a presentar el informe sobre hoja de coca, no teníamos muchos datos que recién ahora empezamos a investigar. ¿Cómo puede ser que no se hayan investigado antes los usos ancestrales de la coca, y que no se hayan tenido en cuenta los reclamos que vienen de hace tanto tiempo de unos pueblos indígenas que quieren que estos usos sean reconocidos, y que piden que la hoja de coca sea sacada de las listas Uno y Cuatro —las dos peores de las convenciones o de los productos más peligrosos—? Nos falta información. Tenemos lo suficiente para hacer una buena argumentación, y presentamos un dosier que es relativamente fuerte; pero cuando uno lo lee se pregunta: «Bueno, yo quisiera también ver esto, esto, esto y esto», y eso todavía no está. Y si esa investigación no la hacemos nosotros, ¿quién la va a hacer? ¿A quién le interesa que la hoja de coca salga de esa lista si no es a nosotros? 

¿Están en marcha esas investigaciones? ¿Se ha creado un estudio o un centro de estudios para ello? ¿Cómo se ha transformado esa investigación en Colombia? 

LG: El Ministerio de Ciencias desembolsa dinero para ese tipo de investigaciones, pero es muy difícil. La única entidad que puede plantar hoja de coca de manera legal en Colombia es la Policía Nacional de Colombia, que tiene un campo en Ibagué, imagino para ver cómo erradican ese tipo de plantas. Pero, por ejemplo, sacar plantas de hoja de coca de Colombia para llevarlas a una universidad en Europa para que las investiguen es sumamente difícil. No dan los permisos, no se consiguen. Están la Policía Nacional, que puede plantar, el Sena del Cauca y la Universidad Nacional. La Universidad de los Andes quería hacer una investigación y todavía no ha podido conseguir el permiso. 

¿Y el Ministerio de Defensa, a través de la Policía Nacional, no podría hacer investigaciones? 

LG: No lo tengo muy claro. Yo he intentado mediar en esas discusiones, pero la responsabilidad recae en el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es un cuerpo colegiado. 

¿Cómo se ha transformado el papel de Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, y esto cómo ha influido o no en los avances? 

LG: Para mí ha sido muy interesante porque ellos votaron en contra. Ellos eran aliados nuestros, no en la visión progresista, pero sí en la necesidad de poner una mirada nueva sobre el régimen global. Apoyaron el panel bajo la administración Biden y votaron en contra con la administración Trump. Pero lo importante aquí es que no lo bloquearon y que quieren que haya un americano en el panel. Debemos darle la bienvenida: no lo están bloqueando y quieren involucrarse. Claro, aquí cada uno quiere involucrarse desde su postura. Pero si no nos involucramos, no podemos tener la conversación. La conversación solo puede darse si hablamos. Yo le doy la bienvenida a los Estados Unidos a esta conversación.