No era un performance ni una puesta en escena. No. Era la imagen del horror en las aguas de la quebrada La García, municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, departamento de Antioquia. Una mujer, en medio de las aguas negras que cruzan de norte a sur a la ciudad, lanzaba gritos de dolor ante la miraba inerme y la omisión de socorro de los espectadores. No la socorrieron por miedo. La «mano negra» habría impedido prestarle auxilio a la víctima. Las autoridades la rescataron y murió horas después en el Hospital La María. Su cuerpo estaba torturado y lacerado. Su nombre: Sara Millerey González Borja. Edad: 32 años. Identidad de género: transexual.

La revictimización de Sara Millerey vino por cuenta del Secretario de Seguridad y Convivencia de Bello, José Rolando Serrano Jaramillo, quien trató transfeminicidio como un homicidio y llamó a la víctima por su nombre anterior. El funcionario público no conoce los Protocolos de Ruta Diversa de la población LBTBIQ+. Ella es ella; ella no es él. 

Esto recuerda las épocas aciagas de la «limpieza social» promovida por el Departamento de Orden Ciudadano (DOC), en Medellín, Departamento de Seguridad y Control, en Envigado, y Amor por Medellín, quienes sembraron el terror en las calles. Desde el púlpito fueron apoyados por el cardenal Alfonso López Trujillo, en ese entonces Arzobispo de Medellín, que abominaba la homosexualidad.

Las «falsas mujeres» o «travestidos», como se le conoció en Medellín a los hombres que se vestían como mujeres, eran señalados y vapuleados en periódicos amarillistas como Sucesos Sensacionales o el radio-periódico Clarín, como bien lo recuerda el doctor en historia Guillermo Correa Montoya en su libro Raros: Historia cultural de la homosexualidad en Medellín, 1890-1980.

Bello ha sido el fortín político de la familia Suárez Mira, que ha unido la mafia con la política a través de las alianzas del Partido Alas Equipo Colombia —del condenado exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero— con Hugo Albeiro Quintero, alias «El patrón de Bello» y las Autodefensas Unidas de Colombia. Por esas alianzas non sanctas fue condenado el exsenador Óscar Suárez Mira.

Desde hace décadas, en Bello y en Medellín no se mueve una hoja sin la «autoridad alterna» de la gobernanza criminal que ejercen las bandas —denominadas ODIN (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) por los cuerpos de inteligencia—. En Bello operan cuatro ODIN: Los Chatas, El Mesa, Niquía Camacol y Pachelly. Las cuatro están representadas en la Mesa de Paz Urbana de Itagüí, espacio sociojurídico implementado por el Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

El crimen de odio de Sara Millerey no es el primero que se presenta este año en Bello. El 21 de enero, hace menos de tres meses, el cuerpo de Jonatan Rodríguez Osorio, de 37 años, fue encontrado en una quebrada en el barrio Niquía, entre el Batallón Pedro Nel Ospina y el centro comercial Puerta del Norte. Esa zona es controlada por la banda Pachelly.

La organización criminal denominada La Oficina o Dirección Colegiada del Valle de Aburrá —antes Oficina de Envigado—, que aglutina al 98% del crimen del Valle de Aburrá —excepto La Oficina de San Pablo y Los Triana–, tiene sentados a los dos jefes que representan a las dos facciones de La Oficina: Juan Carlos Mesa Vallejo (a. «Tom» o «Carlos Chata») y José Leonardo Muñoz Martínez (a. «Douglas»). También están sentados otros jefes de ODIN como alias «Carlos Pesebre» (ODIN Robledo o Los Pesebreros).

«Tom» lidera lo que el analista Luis Fernando Quijano Moreno denominó en 2019 la Alianza Criminal del Norte (que aglutina el 40% del crimen del Valle de Aburrá), mientras que «Douglas», con su legendaria banda La Terraza, desde los barrios Manrique y Aranjuez, en Medellín, controla el 60%.

En los barrios de Medellín y Bello, las bandas y los combos bajo el dominio de La Oficina sancionan a los presuntos ladrones, a quienes exhiben desnudos, o ejercen el desplazamiento forzado intraurbano. También aplican la pena de muerte. Vacunan hasta la venta de huevos, arepas y pollo. Incursionaron en el paga-diario con un interés de usura que, si no se cancela, se paga con la vida. 

Al mismo tiempo, ofician como oficinas de cobro y sicariato: les vendes la deuda, ellos la cobran y le suman los «honorarios» del cobro. Lo muestra el libro de José Alejandro Castaño ¿Cuánto cuesta matar a un hombre? El portafolio criminal de La Oficina es amplio, tanto que incluso vende franquicias.

En Bello el poder criminal pasa por las manos de alias «Tom». Los crímenes de odio sucedieron en barrios controlados por la Alianza Criminal. Es curioso que, mientras «Douglas», como vocero de la Mesa Urbana, anunció una tregua a la extorsión en 32 barrios de Medellín, diez de Bello y tres de Itagüí, los alcaldes de Medellín y Bello atribuyan la reducción de la criminalidad a los operativos policiales. En 2014, para evitar matarse, La Oficina firmó el «Pacto del Fusil» con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Son los «señores» quienes deciden sobre la vida y la muerte.

La Mesa de Paz Urbana de Itagüí, donde tiene asiento la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, debe determinar cuanto antes quiénes cometieron estos crímenes de odio. Así, como desde Itagüí deciden sobre la extorsión, también influyen en el incremento o reducción de los índices de homicidio. ¿Quién mató a Sara Millerey? Los «señores» tienen la palabra.