Este ensayo hace parte del dosier «Cultura y violencia», publicado por GACETA en el número ocho de su segunda etapa, de 1990. 

La violencia tiene que ser comprendida en una perspectiva coyuntural, esto es, articulada a momentos históricos concretos, evitando, de esta manera, el incurrir en análisis reduccionistas que la consideran connatural a la sociedad. Tal es el presupuesto inicial.

Ha existido una gran preocupación por las indagaciones de tipo causal en torno a la violencia, y son conocidas las taxonomías en torno a la causalidad del fenómeno en Colombia. Algunas de esas causalidades pueden verse en los dos estudios que podríamos reseñar como clásicos de la temática en nuestro medio y que son expresión de comisiones de «violentólogos» en sus respectivos momentos, La violencia en Colombia y Colombia: violencia y democracia. 

Enunciemos algunas de las causalidades más destacadas:

• Que es un problema genético patológico e incluso es introducido como rasgo sociocultural. Posición muy reduccionista.
• Que es un producto del narcotráfico. Sin desconocer el gran peso de este factor, al poner en marcha el engranaje sicarial, es un «facilismo» protuberante que sirve de chivo expiatorio para toda la violencia que vivimos y lleva a que no se investigue y se oculte la realidad de ausencia de tolerancia, de prudencia y justicia social. Además, se vela el peso de la crisis política y social actual.
• Que es el resultado de la larga experiencia guerrillera, de final inconcluso y consecuente desenfreno bandoleril.
• Que es inherente a nuestro salvaje modelo de desarrollo capitalista.
• Que es el producto de la pobreza en la cual está sumida la mayoría de nuestra población y su abandono por parte del Estado. Pobreza, indudablemente, no es sinónimo de violencia.
• Que es el resultado de la crisis de valores, ausencia de ética civil o religiosa, del desencanto de los «no futuros», etc.

Se han querido jerarquizar estas causas, y otras que aparecen y seguramente seguirán apareciendo, en aras del proceso investigativo que se desarrolle.

Pues bien, el tipo de determinación que aquí se propone es más de tipo comprensivo que causal, aunque obviamente se establecerán reacciones que se pudieran tomar como causales, pero ésa no es la pretensión. Buscamos la comprensión del fenómeno para mover a propuestas concretas, sin la molestia de las determinaciones estructurales, y, por ello, establecimos dos relaciones básicas: violencia y crisis de Estado, particularmente asociándola al problema de la justicia; y violencia, homicidio y mercancía, transformaciones posibles sólo en un contexto que articula la crisis del Estado, una determinada estructura urbana (Medellín) y un fenómeno específico (el narcotráfico).

Al referirme al caso de Medellín, es preciso decir, siguiendo a Lewis Cosser, que todas las sociedades han logrado encontrar unos límites de tolerancia de la violencia sin que se perturbe el orden social, y es en este sentido que quiero mantener prudente distancia entre quienes tienen solamente una visión apocalíptica de la ciudad, que sólo presentaría destrucción y caos, y quienes tienen una visión bucólica e idílica, con un mundo de relaciones armónicas y transparentes. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles las bases de un nuevo orden ciudadano? Estas son tareas a buscar.

Antropólogos y semiólogos, entre otros, conocen acerca de un juego social muy importante, me refiero a la construcción de tótems, dioses o ídolos y de sus contrarios culpables, ángeles malos o simplemente chivos expiatorios. A ambos se recurre sin conocer «la propia fuerza y unidad colectiva», se les crea para adorarlos y también para «expulsar las tendencias a la desagregación conflictual de la comunidad». En una especie de juego de representatividades diríamos que para la comunidad mundial, y en especial para los «dioses americanos», Colombia simbolizaría ese ángel malo; para Colombia, ese lugar lo ocuparía Medellín; para Medellín, sería la comuna nororiental; y así sucesivamente. Obsérvese que es un juego a simple escala espacial diferente y en donde el malo resulta ser el otro y no yo, de tal manera que expiamos nuestras culpas. Las implicaciones de este juego discriminatorio son muy evidentes y arrojan resultados.

Refirámonos, ahora sí, a nuestra coyuntura específica:

Como criterio general, se señala una primera coyuntura de violencia en la década de los 80, expresada como la incapacidad del Estado para garantizar el respeto a la vida y a los derechos humanos, lo cual propició la guerra sucia y la multiplicación de los aparatos de violencia.

En este período se recurre al crimen selectivo, en donde la víctima es definida de antemano, ya sea por los llamados ajustes de cuentas, ya por vinculación a un modelo social diferente —guerrillero o izquierdista—, o bien, por la promoción y/o participación en luchas reivindicativas populares, o simplemente por ser «diferente» —gamín, raponero, prostituta, mendigo, homosexual, etc.—. Se hizo común el trabajo de «los de la moto» que eran sicarios contratados a destajo y usualmente extraídos entre jóvenes, miembros de pandillas juveniles y que habitaban barrios populares.

Hasta allí la violencia fue tolerada por todos y en actitud que podríamos llamar de complacencia por la limpieza de esos «indeseables»: unos se hicieron los de la vista gorda —«eso no es conmigo, yo no soy narco»—; otros entregaron salvoconductos y armas con demasiada prontitud —«hay que defenderse»—; otros crearon o apoyaron compañías de vigilancia privada armada —«hay mucho maloso y vicioso»—, en fin, pero lo que fue más preocupante fue el silencio cómplice que comprometió a los medios de comunicación y a diferentes instancias del Estado, generándose, en consecuencia, un clima de desconfianza y pérdida de credibilidad que finalmente terminó por extenderse a todas las esferas.

Con la aparición de los magnicidios, comenzaron a aflorar otras contradicciones. Cayeron figuras nacionales como el Minjusticia Lara Bonilla, los candidatos presidenciales Pardo Leal, Galán y más recientemente Jaramillo Ossa y Pizarro León-Gómez, se aniquilaron representantes de la UP —encarnación de la guerrilla devenida en partido político durante el gobierno de Betancur— y, paralelamente, la escala espacial se reducía Cali, Bucaramanga, Pereira, hasta llegar a Medellín con los asesinatos del gobernador Roldán Betancur y el comandante de la Policía de Antioquia, Franklin Quintero. Estas muertes son muy representativas de la situación que se vivió en el segundo quinquenio de los 80. Ahora la institucionalidad sí se sintió en peligro y definió la estrategia de someter a los que comenzó a llamar delincuencia organizada, y luego, carteles de la droga. Les declaró la guerra y utilizó la extradición como instrumento básico, desde 1985, arma controvertible en sus resultados pues no logró disuadir a la delincuencia organizada —que se sofisticó e incrementó la lista de víctimas— y además, como muchos han dicho, pasó un problema de policía al nivel de problema de Estado.

A mi modo de ver, el límite de esa coyuntura se ubica en enero del presente año a raíz del episodio de propuesta de rendición de los Extraditables. Con ello, independientemente de su veracidad o no, se colocaba al Estado en condiciones de recuperar el consenso perdido durante todo el período de la guerra contra los narcos y, principalmente, se le ubicaba en condiciones de definir el posible fin de una guerra que, por diferentes razones, su aparato armado no había podido ganar, sería el fin de una guerra con grandes consecuencias humanas, no comprometidas abiertamente en el conflicto.

Se inició, pues, una nueva coyuntura, aunque siguió siendo atravesada por la guerra Estado-narcotráfico, pero ya se cambiaron los sistemas de representatividad y el enfrentamiento militar también se modificó. El narcotráfico logró constituir un aparato militar encargado del terrorismo. Un hecho, que podemos considerar casual, aceleró la nueva estructuración, el enfrentamiento entre «capos» del narcotráfico colocó al orden del día el carro-bomba y los petardos de menor, regular y gran poder. Paulatinamente, los capos se vuelven generales; sus inmediatos colaboradores (coordinadores de negocios y del enfrentamiento con el Estado), su estado mayor y oficialidad; y luego, en un nivel de mando medio como suboficiales, aparecen quienes directamente hacen la guerra, pagan sicarios y dirigen bandas; y finalmente tenemos los soldados, los sicarios. El sistema organizativo, quizás modelado desde el paramilitarismo y de experiencias guerrilleras, asume formas clandestinas y especializadas; el terrorismo se convierte, ensu forma principal de lucha. Ya tenemos el narcoterrorismo.

Pero el Estado también respondió e incrementó las extradiciones y las detenciones justas e injustas para tal fin, aumentó su pie de fuerza y creó en algunas zonas las Jefaturas Militares, igualmente definió más CAls, registro domiciliario obligatorio —al menos se intentó—, en fin, allanamientos y requisas, confiscaciones y otros, se convirtieron en rutinarios. La población, que como alguien dijera «prefirió canjear su libertad por la tranquilidad», pronto encontró que la salida represiva lo único que había logrado era desestabilizar aún más la ciudad.

Y la representatividad se modificó al ritmo que se cualificaba la guerra. Específicamente, en el mes de abril del presente, se inició el asesinato indiscriminado de policías, hacia mediados del mes habían muerto 12, en junio 25 ya iban 146, a julio 11 la cifra llegó a 176 y en julio 25 fueron 220, según datos oficiales y de prensa. Simultáneamente se incrementaron las masacres colectivas de civiles, «alguien está vengando la matanza de policías» llegó a decir la revista Semana; el barrio Manrique fue la gran señal, los barrios populares periféricos los escenarios preferidos y finalmente hasta Prado y El Poblado, para mostrar que era, no un fantasma, sino una realidad que recorría toda la ciudad, sin distinción de espacio y grupo social.

¿Quiénes producían las muertes de policías y civiles? Se respondió invariablemente: fuerzas oscuras.

Esas fuerzas oscuras, para el conocimiento popular, pronto comenzaron a tomar cuerpo y formas específicas. Se dijo que el narcotráfico, y especialmente el llamado grupo de extraditables, inició el asesinato de policías y ofreció recompensas por tales hechos. De ser cierta esta versión, ello puede tomarse como la nueva modalidad de representatividad que frente a los narcotraficantes asumen el Estado, la guerra y la respuesta a su propuesta de diálogo, o sea, la institución policiva representa todo el conflicto. De igual manera, el que los civiles muertos fueran jóvenes seleccionados, supuestamente, por ser sicarios o sus colaboradores, por el hecho de vivir en barrios pobres o estar en «barras», parados en esquinas, llevó a que se asociaran esas masacres con algunos sectores de organismos de seguridad que presuntamente estarían eliminando «enemigos», y máxime cuando la misma prensa de la ciudad comenzó a dar pie a tal posibilidad. Aquí la representatividad de lo sicarial aparece ya definida por las características socioespaciales anotadas.

Pero de todas maneras, a mi modo de ver, es muy maniqueo polarizar así la situación actual. Sin negar lo anterior, que puede ser la base fundamental por efecto de la guerra declarada, y sin extenderme en conjeturas que aún tienen un nivel muy simplista, considero que existen «otras fuerzas oscuras» que pueden «estar pescando en río revuelto», por ejemplo, la delincuencia común aparece muy beneficiada con el abandono por parte de la policía de grandes franjas de la ciudad —el centro específicamente— y ella, digo hipotéticamente, puede estar exacerbando la situación; también pueden estar operando «viejas notas de cobro pendientes» entre particulares y policías y al interior de unos y otros; se mencionan, incluso, procesos de depuración internos en los grupos de guerra; es decir, en Medellín se dispara pero exactamente no se sabe desde donde.

Así se completa un panorama global y actual, que indudablemente tiene que ser auscultado en procesos investigativos más sistemáticos y que nos comprometen a civiles y autoridades.