Ruth Vallejo tenía catorce años cuando sembró su primera mata de coca. Era 1998 y sus ojos ya habían atestiguado desde tiempo atrás que quienes se metían en «eso» comenzaban a comprar terrenos, casas, otra ropa y a tener dinero. La ilusión de una vida mejor fue su motivación principal para sembrar.

Nació, creció, se educó como pudo y comenzó a construir una familia en la vereda El Maizal, del municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño, sur de Colombia. En 2008, diez años después de su primera siembra de coca, fue desplazada tras duros enfrentamientos entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su hijo tenía cuatro años; ella y su esposo, veinticuatro.

Según la Comisión de la Verdad, 2008 es un año clave para entender cómo el cultivo de coca, su expansión y transformación en insumos para la producción de cocaína contribuyeron a la aceleración del conflicto armado en Samaniego. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) muestra que mientras en 2007 había veinticuatro hectáreas sembradas en total, al año siguiente había ciento veinte. En 2011, en Samaniego había más de quinientas hectáreas de coca.

Todo se multiplicó. El Registro Único de Víctimas (RUV) reporta que el número de homicidios pasó de 1.007 en 2007 a 3.999 en 2008. Luego de la Ley de Justicia y Paz y la desarticulación de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos residuales como los Rastrojos o las Águilas Negras se rearmaron para continuar su confrontación contra las guerrillas.

Ruth quería que su hijo se educara, pero vivían lejos de la escuela y la tierra estaba minada, sembrada de coca y de artefactos de guerra. La presión de los actores armados llevó a su familia hasta el casco urbano de Samaniego buscando otras oportunidades. Quiere olvidar ese capítulo de su historia, pero resulta difícil deshacerse de los impactos de una guerra que se metió por todos lados, hasta por las raíces de lo que sembraba en el campo.

Una mina antipersonal le arrebató la vida a su hermano. A algunos familiares los metieron a la cárcel por narcotráfico. Después del desplazamiento volvió a sembrar coca en la finca que compró con algunos recursos que le dejó el «ilícito». Pero una noche, después de la cena, se sentó con su esposo y sus hijos para tomar una decisión.

La estigmatización, esa tensión constante de sentirse perseguida y señalada, se sumó al miedo. Su determinación no tenía vuelta atrás. «Nosotros, los que cultivamos en ese tiempo, teníamos que vivir como delincuentes. Pero no éramos delincuentes, éramos unas personas que queríamos seguir adelante. Éramos nosotros y nuestra ignorancia».

Era esta pesadilla permanente, tenían que pagar retenes para llevar alimento desde el pueblo hasta la finca. Era eso o salir a medianoche, a escondidas. El gran susto lo vivieron cuando cayeron en un retén del Ejército. A su esposo lo llevaron hasta un trapiche. A ella, para otro lado. Desde lejos, Ruth escuchaba llorar a su hijo de tres años, que se quedó con los militares. Como solo llevaban fertilizantes —«la química», dice Ruth— no hubo problema, pero la sola idea de quedarse sin su hijo los aterrorizó. Sin pertenecer a ningún programa gubernamental, sin tener un panorama claro, sin saber qué iba a suceder después, renunciaron a la coca de manera voluntaria y arrancaron lo sembrado.

Y lo que fue, fue la coca

Segundo Sevillano nació en la zona rural de Tumaco, en el Alto Mira, Nariño. Es un hombre serio de cincuenta años que habla sin tropezar. Recuerda sus primeros años en las playas del río Mira: «Yo empecé a caminar sin miedo, sin problemas. Allá llegábamos en volquetas, en moto, caminando. Todo eso siempre ha sido bello. Fue la violencia ajena la que trajo el miedo. Eso se volvió un flagelo porque es una cosa que no es nuestra, es una cosa adaptada, adoptada. Más bien eso es de otros territorios del país».

Con tristeza, casi con rabia, Segundo recuerda que durante mucho tiempo el río Mira estuvo bañado de petróleo por un bombazo. «Entonces la gente que vivía al lado del Mira, que se iba a pescar, que cogía su alimento de ahí, lo perdió todo. El río Caunapí, que es el otro río que recorre todo el municipio, también fue afectado por los derrames de crudo. La gente que vivía en la zona ribereña, que tenía su cultivo, que vivía y bebía del río, ya no lo podía hacer».

Hace veinte años el cacao era muy mal pago, dice Segundo: el kilo en finca estaba a seis mil o siete mil pesos, muy poquito para una familia. Luego llegó la palma, pero fue un aliciente temporal. Cerca de dos mil familias tumaqueñas se dedicaron a su cultivo en calidad de pequeños productores y pudieron resolver algunas condiciones de seguridad alimentaria y social, dado que no tenían necesidad de mezclar sus cultivos con otras semillas. Segundo se lleva las manos a la cabeza y hace un gesto de terror cuando recuerda la «pudrición del cogollo», enfermedad que se propagó con rapidez entre 2007 y 2008. La gran mayoría del cultivo de palma murió y generó quiebras inmensas en los monocultivos. «Cuando se muere la palma quedamos con una mano atrás y otra adelante, otra vez». La tierra de Segundo, la margen izquierda del río Mira, fue la más afectada.

Así comenzó otro tipo de desplazamiento. Ante la fuerza del hambre y el espíritu de supervivencia, la coca empezó a resolverle la vida a muchos tumaqueños. «“La mata que mata”, como dicen en los comerciales», susurra Segundo. La coca rodeó al territorio y detrás de ella llegaron los grupos armados. Tanto se expandió la coca que, según el Observatorio de Drogas de Colombia, en Nariño había 30.751 hectáreas de coca sembradas en 2020 y para 2023 ya eran 64.989. De ese total, más de 30.000 se encontraban en Tumaco.

Era 1999 cuando la coca llegó a Roberto Payán, uno de los enclaves más fuertes del conflicto territorial en el Pacífico nariñense, que en 2021 superó la siembra de nueve mil hectáreas de coca. De allá es originario Ángel Castillo Prado, un líder comunitario de cuarenta y cinco años que desde niño se ha dedicado a la agricultura para el autoconsumo y a la comercialización de productos del campo, a pequeña escala, con alimentos como la caña, el cacao y el plátano.

Ángel tenía veintiséis años de edad cuando llegaron las primeras semillas de coca. Sus vecinos dejaron de andar en canalete, a remo, y empezaron a comprar motores, canoítas más grandes, para viajar a los otros mercados de los pueblos vecinos. «Los de antes eran viajes de hasta dos días a remo para llegar de la vereda al casco urbano del pueblo», recuerda. «Todo el mundo decidió cultivar la coca porque no había más oportunidades para salir de las condiciones habituales de vida que tenía la gente en Roberto Payán».

Pero la rentabilidad de esas épocas que dibujaron fantasías en torno a los cultivos de uso ilícito ya no es la misma. Lo que ahora deja el cultivo de la hoja de coca son compromisos, porque la base está barata y el combustible y los insumos están caros. Se pierde la plata por dos, tres meses y los campesinos quedan a la deriva si no tiene otro ingreso. Los desplazamientos, las amenazas y las muertes han generado una conciencia diferente y la búsqueda de otras opciones laborales.

El DNI de la paz: un método para la paz territorial en Nariño

Durante este siglo, Nariño ha vivido las consecuencias de un conflicto armado alimentado por la codicia y el deseo de control territorial de unos grupos armados nutridos por las economías ilícitas propias del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando por la frontera y la trata de personas. El panorama no podía ser menos alentador.

Según el Ministerio de Defensa, para 2019 Nariño presentaba una tasa de 35,05 homicidios por cada cien mil habitantes, diez más que la tasa nacional; en Tumaco, la tasa era de 84,85; allí hubo 216 homicidios ese año. Para 2023, en Nariño había 16 estructuras armadas de 5 grupos organizados: un territorio inviable en materia humanitaria según el informe de derechos humanos de la ONU. Ese año hubo 21 casos de homicidios de defensores de derechos humanos según los Comités de Justicia Transicional. 42 civiles fueron víctimas de las minas antipersonales y 2 firmantes de paz fueron asesinados. Según la Unidad para las Víctimas, Nariño tiene 619.417 personas afectadas por el conflicto armado. Entre 1985 y enero de 2024, 563.550 personas fueron desplazadas de sus territorios, especialmente aquellos ubicados en la costa pacífica como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera, Barbacoas o Pizarro.

Esta crisis humanitaria fue el punto de partida para el planteamiento de un modelo de paz. Durante la cumbre cocalera del 13 de mayo de 2023, celebrada en el municipio de Olaya Herrera, Nariño, el presidente Gustavo Petro sugirió que la construcción de la Paz Total debía comenzar con procesos territoriales. Entonces propuso a Nariño como el punto de partida para los Diálogos Regionales de Paz. «Si la guerra es territorial, así mismo la paz debe ser territorial», dice Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador de Nariño.

Desde el sur de Colombia se propuso la fórmula del DNI para la paz como estructura metodológica para transitar hacia la transformación territorial: Diálogo+Negociación+Implementación. El 19 de junio de 2024 iniciaron los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), más conocida como Segunda Marquetalia, disidencia de las extintas FARC. El 3 de agosto se suscribió el documento formal con el Frente Comuneros del Sur, un grupo que se desvinculó del ELN y tiene más de treinta años de presencia en Nariño.

Bendito café, santo cacao

Ruth Vallejo tiene la piel quemada, los ojos brillantes, la sonrisa blanca y voz de mujer rural. No le debe nada a nadie. Ahora no tiene que pagar peajes, ni retenes, ni cuotas. Aún vive con su familia en la zona rural de Samaniego, en El Carrizal. Ya son cuatro. Su hija menor tiene catorce años y el mayor es todo un deportista. Luego de que con sus propias manos arrancó de la tierra la coca con todo y raíces, se dedicó de tiempo completo a aprender todo lo que ha podido sobre el café.

«En mi caso, fue aprender todo, desde el principio. Mi esposo había sido cafetero, antes, de joven, pero al empezar vendimos el primer kilo de café a quinientos pesos». Levanta la cara. Sonríe. Terminó el bachillerato acelerado, hizo un técnico agropecuario, una técnica en producción orgánica y actualmente realiza un curso de auxiliar en producción de café. Sueña con llegar a estudiar Ingeniería Agropecuaria. «Ahora puedo decir que en nuestras vidas eliminamos los cultivos de uso ilícito y nos dedicamos al café con un orgullo y una tranquilidad que, yo le digo, no fue fácil, porque no tuvimos apoyo. En ese tiempo tuvimos que dejarlo todo, todito todo, abajo en nuestra finca antigua, dejar abandonadas todas nuestras cosas y venir a hacer vida nueva en otra parte. Logramos comprar la finquita, sacar un crédito para trabajar y así ha sido nuestro nuevo inicio».

Ruth llegó a la edición 2025 de la Mejor Taza, un evento desarrollado en Pasto, capital de Nariño. Trajo su marca Aroma de Familia, en la que sintetiza el amor, la pasión y el cariño que siente por el café, su salvavidas. En una feria previa, en Samaniego, su café logró la más alta calificación, reconocimiento que le otorgó el cupo para llegar a Pasto y exponer su producción. El café que trajo alcanzó a entrar en una rueda de negocios donde vendió su lote a un precio mejor que la primera vez: catorce dólares el kilo.

Uno de los principales desafíos en estas negociaciones se ha encontrado en la lucha frontal contra la minería ilegal y las economías que impactan negativamente los ecosistemas estratégicos y la sostenibilidad ambiental del departamento. Es decir, en la sustitución de cultivos ilícitos.

Actualmente Ruth lidera una cooperativa cafetera conformada por ciento noventa mujeres de Samaniego, Providencia y Guachavés, tres de los diez municipios donde tiene injerencia la Mesa de Cocreación de Paz que adelanta el Gobierno nacional con el Frente Comuneros del Sur, la misma zona que antes fue de muerte y terror y que entre 2024 y 2025 ha sentido la materialización de los Diálogos Regionales de Paz.

«Mire que recientemente fui al Festival de la Chonta, que se realizó en el resguardo de Betania, y me vine demasiado contenta de ver esas vías. Antes como eran… Ahora están muy agradecidos. Yo no vivo allá, pero me vine satisfecha de ver ese avance que tienen y eso se ha logrado gracias a los diálogos. Eso hace más para que la gente también piense en otros cultivos», cuenta Ruth. Está convenciendo a sus hermanos para meterse en el cacao.

Por su parte, Segundo Sevillano solo necesitó paciencia, fe y acompañamiento técnico. En la edición 2025 de la Mejor Taza, el cacao fue el producto invitado de honor, porque justamente se convirtió en la mejor opción para la sustitución de cultivos de uso ilícito en la zona del Pacífico nariñense, donde la tierra es húmeda y adecuada para la producción del que ha sido definido como uno de los mejores cacaos del mundo.

Su producto PazSabor llegó como una de las mejores producciones de cacao transformado en chocolates de diverso porcentaje de dulzor. Los campesinos, comenta Segundo, están aprendiendo a apreciar el sabor del chocolate proveniente de un cacao que nace entre frutales, en medio del plátano, del coco y otros productos de las fincas campesinas tumaqueñas que, cada vez más, le dicen no a la coca.

Por eso Tumaco fue el escenario elegido para que el 6 de octubre de 2025 se firmara el Pacto Nariño, un compromiso que consolida la concurrencia de recursos que a manera de un Contrato Plan pone sobre la mesa 12.2 billones de pesos para la ejecución de proyectos estratégicos que resulten en la transformación territorial del departamento.

En medio de la firma del Pacto, Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, recalcó: «La paz de Nariño está avanzando y la muestra es que se ha decidido la sustitución de treinta mil hectáreas de cultivos de uso ilícito; quince mil de esas hectáreas están en Nariño, diez mil este año para Tumaco y Roberto Payán, y cinco mil para la región de Abades». Son los territorios de Segundo, Ángel y Ruth. Podrán continuar su proceso de transición a la legalidad productiva con el respaldo gubernamental de cuatrocientos mil millones de pesos para pensar las drogas desde la salud pública y no la represión ni el señalamiento temerario de otros programas como la erradicación forzosa o la fumigación.

Esta política de Sustitución de Cultivos se ha reestructurado bajo el nombre de RenHacemos, y entre sus componentes se destaca la inversión en proyectos productivos como el cacao, la dotación de infraestructura agroindustrial que incluye la construcción de una planta transformadora de cacao, y la comercialización de productos a precios justos, con un acuerdo presidencial que garantiza la compra del cacao al 80 % del valor internacional. De esta manera se materializan los acuerdos establecidos en los Diálogos Regionales de Paz, en los que tanto Comuneros del Sur como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han comprometido a garantizar las condiciones, junto con el Gobierno nacional, para lograr metas escalonadas de sustitución en lo que falta de 2025 y en 2026.

En Roberto Payán se respira otro aire. «A través de los Diálogos Regionales se ha visto una voluntad inmensa de parte de los grupos armados. Se ha mirado ese goce de esos derechos para la población civil. Ya la gente se mueve libremente a cualquier hora, no hay restricciones de nada. Hay esa voluntad de querer que los pueblos salgan adelante», expresa Ángel Castillo, quien ya está en el censo del programa RenHacemos. Las esperanzas son inmensas frente al futuro de una economía estable y legal. La apuesta ahora está en el cacao, el ají, el plátano, entre otros productos que no limiten al campesino a las estructuras tradicionales de los monocultivos.

Ángel solo pide garantías. «La gente va a ir arrancando y va dejando atrás el cultivo ilegal si mira que la alternativa que llegue va a ser mejor». Por eso el proceso será transitorio. Si llegan los kits, si llegan las ayudas, si el polígono es organizado, entonces la comunidad responderá en la medida en que el gobierno cumpla con lo prometido.

La mirada de Ángel también está en el largo plazo. Ya comenzó a sembrar cacao y espera que mientras llega a la producción de alto volumen, también se logre la adquisición de las maquinarias complementarias para la transformación de los productos que hacen parte de la sustitución. Esto ya empezó a suceder con la planta procesadora de harina de plátano de Roberto Payán que será insumo clave para el ICBF, que requiere este producto para fortalecer la alimentación que provee a los centros de atención para niños y niñas en Nariño.

En 2024, en Tumaco se registraron 58 homicidios y se calcula que finalizará el año sobre los 14,16 por cien mil habitantes, 12 puntos por debajo de la media nacional. Mientras se reducen las muertes, se multiplica el turismo. Los desplazamientos en las zonas de injerencia de Comuneros del Sur se redujeron en un 100 %, al igual que el confinamiento.

Las cifras indican que en Nariño los Diálogos Regionales de Paz son el botón de mostrar por la causa de la Paz Total del Gobierno nacional. Los acuerdos se cumplen a ritmos y tiempos propios, con acciones tangibles como la implosión de más de catorce toneladas de material de guerra por parte de la cneb. La sustitución cuenta con recursos, programas, voluntades y una fuerza campesina dispuesta a dar el salto con garantías.

Para personas como Ruth, Segundo, Ángel y muchísimos más campesinos y campesinas nariñenses, el café y el cacao se han convertido en las alternativas tangibles para la transición de las economías ilegalizadas en medio de los diálogos, las negociaciones y la implementación para la transformación territorial de un Nariño en paz. Bendito café, santo cacao.