Para explicar este «estado de guerra permanente», la lúcida y ya fallecida socióloga María Teresa Uribe hablaba de «soberanías en vilo», o de soberanías fragmentadas, como rasgo estructural de la construcción del Estado colombiano. Un Estado que ha integrado sus territorios no mediante el diálogo o el pacto, sino a través de la violencia.

Se suponía que eso cambiaría con el Acuerdo de Paz de 2016. En el fondo, ese pacto era un intento fundacional del Estado en los territorios: una forma de incorporarlos a la Nación ya no con las armas, sino con los derechos. El acuerdo prometía lo que en el wéstern simbolizaba el ferrocarril: la llegada del orden, la conexión con la república, el ingreso a la modernidad. Pero no ocurrió de esa manera.

Nueve años después de su firma, la fragmentación de la soberanía no solo persiste: se ha profundizado. Hoy enfrentamos un riesgo real de balcanización. Una frontera oriental dominada por una guerrilla binacional —el ELN— que ejerce un poder armado, brutal y hasta ahora imparable. Un Caribe donde el Clan del Golfo ha revitalizado las estructuras políticas y económicas heredadas del paramilitarismo, esas que han sobrevivido con comodidad a la acción de la justicia. Y un occidente y sur del país donde las disidencias de las FARC han retomado las formas de los grupos guerrilleros, con nuevas dosis de crueldad y autoritarismo. A diferencia de sus predecesores, estos no tienen ambiciones nacionales: se entienden como fuerzas regionales, con aspiraciones de control, pero también de gobierno.

La explicación recurrente para esta persistencia es que el Estado no llegó a llenar el vacío dejado por las AUC primero y por las FARC después. Pero quizás ese vacío no existe, o nunca existió. Tal vez la idea misma de que «el Estado llega» sea una ficción. El Estado no aterriza: se construye. Es un proceso de largo aliento que se gesta en cada territorio según sus propias dinámicas sociales, políticas y culturales. Incluso —y esto cuesta admitirlo— con esos grupos que prosperan en las ausencias de la burocracia central.

En ese sentido, la hipótesis medular de la Paz Total impulsada por el actual gobierno era acertada: reconocía la complejidad del poder real en los territorios, sin llamarse a engaños. Pero esta comprensión no se ha traducido en una estrategia eficaz.

Urge entonces un giro en el relato de la «ausencia estatal». No basta con repetir que el Estado no ha llegado. Es necesario mirar de frente lo que sí existe: las economías locales, las lógicas políticas, las formas de poder, la cultura, las instituciones —formales e informales— y su vínculo con el reciclaje de los grupos armados. Preguntarse cuál es la paz posible en cada región y cómo se traza una hoja de ruta para alcanzarla.

Volviendo al wéstern, hay que decir que el género también ha mutado. En las plataformas de video abundan las series que desmontan el romanticismo inicial del género. Algunas producciones son descarnadas: muestran lo que el mito ocultaba. Que el territorio fue un botín. Que el progreso, tantas veces, llegó en forma de masacre, se impuso a bala.

En Wyatt Earp y la guerra de los Cowboys, una serie reciente de Netflix, se cuenta una guerra sucia por el control del suelo y las rutas del tren. El proyecto ferroviario, financiado por J.P. Morgan, se impone a sangre y fuego. En ese capitalismo salvaje, los nuevos representantes de la ley y el orden —los que llegaron con el tren— refinaron todas las formas de saqueo y racismo. La violencia no desapareció. Solo adoptó las formas institucionales.