Es poco probable que lleguemos a saber a ciencia cierta quién o quiénes decidieron que el senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay debía ser sacrificado. El crimen —con sus mafias, tentáculos y formas de operar— se ha vuelto a la vez más sofisticado y más brutal. Sus ceremonias sangrientas están a la vista de todos, son registradas a varias cámaras, desde distintos ángulos y velocidades. Requieren ser viralizadas. Toda esta visibilidad de la escena del crimen, sin embargo, parece fabricada para mantener convenientemente oculta su tras escena.

La sofisticación de estas nuevas formas del crimen no las exime de su vulgaridad. El crimen se presenta como una mercancía producida en cadena, según un régimen que hace imposible que el operario final, en este caso el niño sicario, tenga conciencia, conocimiento o entendimiento de todo el proceso. Como frente a la mercancía, que se produce de la misma manera, los consumidores del crimen —nosotros: sus espectadores— estamos desvalidos; solo podemos reaccionar ante él como si se tratara de la vista de un dios, un tótem o un fetiche. Es decir, con una mezcla de parálisis reverente y actitud de adoración. El crimen no se puede explicar, de él no hay cómo hablar, no son intelectualmente honestas las conjeturas. La ignorancia de los motivos y las razones nos tiene que conducir a un callejón sin salida de mesura y de prudencia. Muchas de las mejores mentes del país han caído en estos chantajes. Es una vergüenza y una capitulación.

El atentado contra Uribe Turbay tiene muchas de las características de un ritual de expiación. Desde amplios sectores de la sociedad se ha pedido que la tragedia sirva para sanar un cuerpo social enfermo: Colombia entera. Cumplido el sacrificio de uno de sus miembros y derramadas las convenientes lágrimas, el cuerpo social, aleccionado, podría recuperar orden, equilibrio y unidad. Sin respaldo de ninguna evidencia se asegura, una y otra vez, en un consenso inmediato, sospechoso y por supuesto vociferante, que hay una asociación entre el crimen y un clima de enardecimiento y polarización cuya responsabilidad ha recaído sobre el presidente Petro, líder de una izquierda belicosa e intemperante. 

En un país como Colombia, que ha tenido una connivencia de vieja data con la violencia, ahora la hegemonía mediática y política pide a los alzados en voz que abdiquen de su palabra, porque ni siquiera sería palabra sino griterío bárbaro, y que nos refugiemos en una mudez contrita. Otra solicitud, en la misma dirección y tendiente a crear un conveniente pacto de silencio, pide que renunciemos a leer y entender la escena de los hechos, su tras escena posible, el teatro social y el momento históricamente significativo que como sociedad vivimos, con todas las fuerzas sociales y políticas del país desnudadas en sus intereses y prácticas. Estamos en un estadio límite que, más que silencio o restauración de arcadias inexistentes, nos pide que sigamos adelante, que encaremos lo que el momento nos quiere decir, y sus consecuencias. 

Ya que el niño sicario no sabe, no podría saber, quién le ordenó, en última instancia, sacrificar a su víctima, se produce un extraño desplazamiento. La exigencia colectiva de que nos volvamos ese niño, que asumamos e incorporemos su ignorancia y que aceptemos que el de Uribe Turbay es un sacrificio del que todos somos culpables. Y no es así. Contra Uribe Turbay atentaron unos poderes concretos, quizá transnacionales, quizá locales o regionales, eso lo sabremos algún día. O tal vez no. Pero no lo intentó matar el país entero, ni la palabra, por enardecida que esté, porque la palabra es lo contrario de la violencia. 

Volver del trauma a la palabra

El atentado fue, hay que volverlo a decir, de una brutalidad que, por supuesto, en principio nos dejó sin palabras, porque pareció trastocar el ámbito de lo visible y de lo decible. No hay forma —ni hubo manera— de negar o de no atravesar ese primer momento de pasmo. Para los colombianos mayores de cuarenta años, el hecho, su modo de ocurrencia, sus protagonistas, activaron unas memorias traumáticas que en su retorno nos llenaron de dolor y nos dejaron a merced de la rabia y la impotencia, metidos en una máquina del tiempo que volvía hacia atrás. La escena del crimen enfrentó dos mundos irreconciliables, cuyo encuentro cara a cara, de violencias a veces contenidas, esta vez estalló en sangre. Mientras el candidato, portavoz del capital, del orden y de la seguridad, hablaba de flexibilidad laboral y de porte de armas, fue acallado por los disparos, como si cayeran del cielo para castigar su displicencia. Pero no cayeron del cielo, ni podemos seguir habitando en las lógicas de la culpa y del castigo. Las ideas de Uribe Turbay deben ser vencidas en el juego democrático y por medio de la palabra que, al contrario del capital, nos pertenece a todos. 

Hubo un acierto macabro en los fabricantes del crimen al elegir a la víctima: el heredero de una familia presidencial cuya madre había sido sacrificada años antes, un padre de familia joven con una apariencia conventual y acicalada, en últimas, un cordero sacrificial «perfecto». Y en el otro lado de los acontecimientos, la otra víctima: un menor de edad reclutado entre el ejército de «infancias y adolescencias desrealizadas, productos descartables del capitalismo salvaje, muchachitos en vidas abismales, muchachitos sin posibilidad de tener criterio moral», como escribió el profesor Frank Molano Camargo en Revista Hekatombe. Un niño que, al ser herido y capturado, solo podía sacar de sí unas palabras de sinceridad desarmante, pruebas de su entera vulnerabilidad: «yo les doy los números», «lo hice por plata y por mi familia». 

Fue asombroso probar que podíamos sentir piedad por un contradictor, y más que piedad, pues es importante erradicar el lenguaje religioso de un crimen que de algún modo lo es, reconocer en Uribe Turbay la dignidad jurídica que debe tener cualquier ciudadano. Y, al mismo tiempo, la urgencia de que al adolescente le fueran restablecidos sus derechos, como en efecto ocurrió. Hay una derrota simbólica en alegrarse por la tragedia de Uribe Turbay. Y también la hay en pedir para el menor, con cajas destempladas, un castigo ejemplarizante, borrando el significado radical de sus gritos de auxilio y su reclamo de redención. En plena discusión nacional sobre la dignidad del trabajo y la necesidad de regular las condiciones laborales, aparece este niño, evidentemente contratado para hacer una tarea, a gritarnos que sí, que por tragedias como esta es que necesitamos seguir hablando de cambio, y que las transformaciones más importantes están en el trabajo y sus condiciones materiales.  

Contrario a la extendida invitación a rendirnos ante los signos de un sacrificio ritual antiguo y sumergirnos en una ceremonia de expiación colectiva que nos permita volver al estado anterior, un supuesto orden, hay que empeñarse en seguir pensando y hablando, con lo que sabemos y sentimos, para pasar de la aparente desmesura e ilegibilidad del crimen a su desmontaje crítico. Pasar de los discursos del sacrificio a los de la justicia. Y exigir que la justicia, con su ciencia y racionalidad, logre lo que casi nunca en Colombia: esclarecer el organigrama completo de un magnicidio. No podemos negar que en el país vivimos un momento de pugnacidad política. Lejos de ser lo que dicen los cultores de la mesura y la decencia, esa pugnacidad significa un desbloqueo de conversaciones largamente aplazadas y la emergencia de voces históricamente reprimidas. Que podamos tener esas conversaciones arduas es una ganancia social; que la construcción de relatos informativos y de matrices de opinión no sea ya el privilegio de unos pocos, también lo es.

La invitación a callar ocurre justo cuando en Colombia hay una redistribución del relato y de la palabra como nunca antes se había visto. Medios alternativos y populares, influenciadores capaces de cambiar tendencias de opinión, académicos que han salido de su torre de marfil, artistas que se politizan. Pero no solo eso, por todo lado surgen iniciativas colectivas, artísticas e institucionales que actúan en el marco de una sociedad civil cada vez más crítica y mejor informada. Toda esa vitalidad está lejos, incluso, de ser posible de atrapar en un binarismo izquierda-derecha. O en el juego burdo de las equivalencias, del tipo «todos los extremos son iguales». Ese nuevo campo de fuerzas, por supuesto, lo sienten y lo temen los tradicionales dueños del relato, el saber y la información, actores esenciales en la promoción del consenso. Con el relato pasa lo mismo que con el capital. Tanto los dueños del capital como los del relato han demostrado una tenaz resistencia a generar condiciones para su redistribución. El atentado contra Uribe Turbay viene a ser la coartada perfecta para sugerir un retroceso de esa ampliación, mediante un regreso a la palabra sobria y ecuánime. 

Los discursos de la sobriedad y la ecuanimidad han dado suficientes muestras de un agotamiento de sus marcos de interpretación. Esos discursos son bastante fáciles de instrumentalizar por el statu quo, o de hecho lo son, pues por todos lados se delata que la mesura esconde un fondo de resistencia a transformaciones importantes; que a duras penas conciben como admisible un reformismo sin ningún arrojo o audacia para imaginar o propiciar cambios estructurales. Como se ha dicho insistentemente, el establecimiento se quedó atado a la letra del Estado de derecho, inmovilizado de pánico ante la posible fuerza de un movimiento social que fermente la democracia desde abajo. El vil atentado contra Uribe Turbay quiere ser capitalizado por unas fuerzas sociales regresivas que tienen miedo, no tanto del estilo confrontativo de Petro y de la izquierda, sino de lo que hay de fondo: un intento, justo y necesario, de quitar privilegios a unos pocos para entregar derechos a más personas. Acostumbrados a dar dádivas o migajas, los dueños del capital no soportan que alguien, y menos un griterío aturdidor, les exponga su tacañería, y su larga historia de violencias y de odio.