El 19 de mayo de 1975 apareció en el periódico El Tiempo un artículo titulado «El problema hospitalario», sobre las dificultades financieras y administrativas que enfrentaba el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. El artículo incluía las posturas de dos médicos reconocidos: Guillermo Fergusson, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y Rafael Casas Morales, exdecano de Medicina y ex director del Hospital. Aunque se ubicaban en orillas políticas diferentes, coincidieron en una misma idea: la situación del Hospital era grave, y podía resultar en su cierre.
En mayo de 1975 hubo debates, protestas y dos tomas simbólicas para visibilizar los problemas en el San Juan de Dios. Los estudiantes, internos, residentes y algunos directivos del Hospital y la Universidad Nacional realizaron la primera toma el 16 de mayo. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y, aunque el hospital retomó sus actividades asistenciales, el paro continuó por las siguientes semanas. Para el martes 27 de mayo se programó una nueva toma simbólica, en busca de un acuerdo con la Beneficencia de Cundinamarca sobre temas tan delicados como la administración del Hospital y el funcionamiento irregular de atención privada dentro del hospital. Esa jornada fue organizada por grupos estudiantiles de la universidad y contó con el apoyo de directivos y docentes, especialmente del recién nombrado decano Fergusson.
Esta segunda toma es la más conocida en la historia del hospital, pues no solo marca un hito en las dinámicas administrativas y sociales del San Juan, sino que supone un parteaguas definitivo en las formas de acción colectiva y movilización social por la defensa de la salud, la educación y el trabajo en un país que estaba en plena ebullición social. Cincuenta años más tarde, los enfrentamientos entre diversos actores y los señalamientos siguen acechando la situación administrativa, política y asistencial del San Juan de Dios. Revisitar la toma de 1975 ayuda a comprender la compleja trayectoria administrativa de esta antigua institución, así como el valor patrimonial de las luchas y tensiones que han atravesado su historia. No por nada las movilizaciones sociales entre 1975 y 2000 mantuvieron vivo al hospital, y otras luchas posteriores e ininterrumpidas, como las de los trabajadores tras la crisis de 2001, son el fundamento del proceso de recuperación del centro asistencial y de la Ley 735 de 2002, que lo declaró Bien de Interés Cultural de la Nación.
Los acontecimientos de mayo del 75
El 27 de mayo del 75, la toma inició a las ocho de la mañana. Cerró el acceso a urgencias y consulta externa, pero mantuvo la atención a todos aquellos pacientes que permanecían hospitalizados en la institución. Alrededor del hospital había protestas, mientras la policía mantenía las vías de acceso bloqueadas. Por su parte, los directivos y representantes del gobierno distrital, departamental y nacional negociaban un acuerdo para realizar posibles ajustes administrativos en el San Juan de Dios.
La situación se tensó en el segundo día. El bloqueo por parte de la policía impedía la entrada de comida para pacientes, trabajadores y huelguistas, y se empezaba a presentir un allanamiento por parte de las Fuerzas Armadas. La mesa de negociación no había logrado ningún acuerdo y los representantes del gobierno seguían denunciando la ocupación del Hospital como un impedimento para proponer soluciones. Sin embargo, al final del tercer día se aprobó que la Universidad Nacional tuviera una participación mayoritaria en el organismo directivo del Hospital, lo que le daba injerencia en la administración y en la dinámica científica, docente y asistencial.
El acuerdo se firmó a las nueve de la noche en el Instituto Materno Infantil, y el rector de la Universidad, Luis Carlos Pérez les avisó a los estudiantes que estaban en el hospital que iniciaran el desalojo. Tras la salida de un primer grupo, las Fuerzas Militares irrespetaron los tiempos pactados y allanaron violentamente el San Juan de Dios. Hubo un total de 354 detenidos, entre ellos el decano Fergusson. Los daños en la planta física sumaron más de un millón de pesos y, según el Semanario Voz Proletaria, durante la noche del 29 de mayo murieron varios pacientes de urgencias.
El barrio Policarpa también fue víctima de este allanamiento, y no solo por su proximidad al hospital. Construido a inicios de los sesenta por desplazados de la Violencia que invadieron unos potreros al sur del San Juan de Dios, sus pobladores encontraron un continuo apoyo por parte de los trabajadores del hospital, apoyo que devolvieron durante la toma del 75, ayudando a los huelguistas a evadir el cerco militar y participando activamente en las marchas y en el paro que se extendió hasta el mes de junio. «La policía dijo haber establecido que los invasores mantuvieron permanente contacto con agentes del barrio Policarpa Salavarrieta de reconocida actividad comunista, de donde se les suministró alimentos y se preparó refugio en caso de que pudieran escapar», reportó El Tiempo. La relación estrecha entre el Policarpa y los trabajadores se mantiene cincuenta años después.
Durante las primeras semanas de junio del 75 se desencadenaron protestas estudiantiles en Bogotá —cuatro mil estudiantes salieron a las calles— y otras ciudades. El rector Pérez fue destituido y el Gobierno no reconoció el traspaso de la administración a la Nacional. Los debates mediáticos abordaron estos temas e hicieron énfasis en la persecución que sufrieron el decano Fergusson y el movimiento estudiantil.
Una toma entre tomas
La toma de mayo del 75 condensa dos grandes temas que atraviesan la historia del Hospital San Juan de Dios durante la segunda mitad del siglo XX: los problemas financieros de la institución y las tensiones administrativas entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Universidad Nacional. Estos temas, junto con otros, ligados a lo laboral, eran compartidos por varias instituciones y fueron motivo de múltiples conflictos sociales en el país. Como lo ha documentado el historiador Mauricio Archila, 1975 fue el año con los picos más altos de movilización social entre 1958 y 1990. Inició con una gran agitación laboral de trabajadores estatales y empleados bancarios. Hubo un paro cívico en Barrancabermeja, protestas en el ingenio de Riopaila y huelgas de trabajadores bancarios y del sector de los cementos.
Eran tiempos convulsos. Acababa de terminar el Frente Nacional, la Violencia dio paso a un conflicto armado y las promesas de desarrollismo cepalino no se materializaban. Colombia sufría desigualdades sociales, violencias plurales y una modernización conflictiva que, sumada a una reforma agraria a media máquina, detonaron conflictos laborales y rurales en todo el país. En el campo sanitario, apenas comenzaba a implementarse un Sistema Nacional de Salud (SNS) para ampliar la cobertura de los fragmentados servicios de salud privados, públicos y de seguridad social, que ni siquiera alcanzaba al 75% de la población. No hay duda que la toma de mayo del 75 canalizó gran parte del malestar e inconformidad social de la época.
Vínculos y solidaridades
Luego de la retoma violenta del San Juan, la disputa por defender el acuerdo firmado el 29 de mayo continuó, mientras los estudiantes y otros sectores sociales elevaban sus denuncias contra los sistemas de salud y educación. Estas denuncias encontraron apoyo en los movimientos estudiantiles y sindicales de todo el país. En una entrevista para Cromos en los días siguientes a la toma, Fergusson explicó que «el San Juan de Dios cubre el sector más desprotegido de la comunidad del país, con exceso de trabajo, desorganizado, caótico, mal financiado y que, además, debe afrontar la responsabilidad de dar educación a sectores de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional. La facultad de Medicina, que es estatal, no puede ser un huésped precario del mismo Estado, como sucede hoy en el San Juan de Dios».
El lunes 26 de mayo, los médicos, internos y residentes del Hospital General de Barranquilla iniciaron un paro para denunciar las malas condiciones de la institución y la ineficiencia de la Beneficencia del Atlántico en el cumplimiento de sus aportes. En Antioquia también se sumaban quejas por el retraso en los pagos de los hospitales regionales debido al difícil proceso administrativo de recaudo de impuestos. A los movimientos estudiantiles de las universidades públicas, también se sumaron facultades de medicina de universidades como El Rosario. Esta resonancia de las protestas por la salud y la educación en el país durante la década de los setenta explica la importancia de la toma en la historia del San Juan y de los movimientos sociales.
La movilización, entonces, era general y reunía motivaciones locales, nacionales, públicas y privadas. Creció hasta tomar la forma de un paro nacional convocado desde distintos sectores. En respuesta, el 12 de junio, el presidente López Michelsen decretó el Estado de Sitio en Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca y el 26 lo extendió a toda Colombia.
A pesar del amplio apoyo que recibió la toma simbólica, la huelga fue condenada por el Gobierno. El gobernador de Cundinamarca —que era, a la vez, el presidente de la Junta General de la Beneficencia— afirmó en El Tiempo que «no es posible estudiar el futuro del Hospital de San Juan de Dios mientras este centro no vuelva a funcionar normalmente como la ética médica y las nociones mínimas de humanidad lo exigen». Un sector médico, que consideraba incompatible la huelga con el ejercicio de la medicina, también criticó la protesta. «Lo que no tiene justificación ni explicación de ninguna naturaleza es el método empleado para imponer los puntos de vista en esa materia, y es realmente deplorable que el propio Decano de la Facultad de Medicina haya sido el propiciador de tales actuaciones: tomarse poco menos que por asalto las instalaciones hospitalarias, y paralizar los servicios en donde se atiende al noventa por ciento de los casos de urgencia de la capital, no es propiamente el mejor anuncio de lo que podrá ocurrir si se traslada al control universitario el manejo administrativo del hospital afectado.» Esto lo escribió en El Tiempo el médico Fernando Sánchez Torres, quien dos años antes había criticado una ola de protestas como «un acto en esencia anti-médico; aún más, se configura un hecho punible al utilizar al enfermo como instrumento de chantaje para asegurar el éxito de la demanda».
El decano Fergusson defendió la posición contraria en su entrevista con Cromos. «Los moralistas que condenan un paro médico no saben tal vez que diariamente se perpetran en nuestros hospitales graves atentados contra los pacientes por falta de elementos necesarios, por exceso de trabajo, por falta de sistematización en la labor. No saben tampoco que realmente un paro médico en el hospital San Juan de Dios no es tan grave como aparentemente se cree, porque a pesar de la sobrecarga de trabajo, sólo cubre y muy mal la atención a una mínima parte de la población. Una huelga en un hospital donde se conceden citas de cirugía con dos meses de retardo, no es demasiado grave. Tampoco es que se elimine la atención a quienes ya están hospitalizados». Y concluyó: «Una vez más digo que los médicos somos los primeros en lamentar los paros, pero los creemos enteramente justificados cuando como en este caso buscamos reivindicaciones y soluciones no individuales sino comunitarias».
Lo que vino después
En 1977, el gran paro cívico nacional reveló de nuevo la intensidad de las tensiones acumuladas en el campo y la ciudad. La implementación del SNS durante ese año trajo nuevos retos pero pocas soluciones para superar la crisis de la salud. Ante la dificultad presupuestal de la Universidad Nacional para asumir al San Juan de Dios —y para superar la cuestionada administración de la Beneficencia, así como la insostenible intervención del Ministerio—, se optó por un camino jurídico basado en una relectura anacrónica del supuesto origen privado de la institución: la donación de las casas por Fray Juan de los Barrios en 1564. En 1979, los decretos 290 y 1374 crearon la Fundación de derecho privado San Juan de Dios para resolver la incertidumbre jurídica que rodeaba al hospital. Esta solución tampoco fue definitiva y terminó prolongando la crisis del centro asistencial.
Otras realidades del país tampoco se solucionaron. Fenómenos como el conflicto armado se expandían y afectaban al hospital y sus actores. En 1978, Alba Lilia Bedoya Ortiz, estudiante de medicina de la Universidad Nacional que había sido detenida durante la toma del 75, fue desaparecida. Ella hace parte de la lista de más de diez mil líderes sociales y políticos que nunca regresaron a casa durante seis décadas de conflicto armado. Evocarla, apenas sabiendo su nombre, implica redescubrir a las personas que han luchado por lo público. Su memoria resalta la necesidad de una medicina humanizada y crítica, que vaya más allá de lo que sucede en el consultorio. El recuerdo de Alba invita a reinterpretar la frase de Letamendi: «Quien sólo sabe de medicina, ni de medicina sabe». Los médicos deben ser actores políticos y sociales de su tiempo, y la salud una esfera más amplia que un campo disciplinar; así lo sostuvo el decano Fergusson en su libro Esquema Crítico de la Medicina en Colombia.
El paro de 1975 nos habla de una sociedad que se organizó solidariamente, que se movilizó y reivindicó sus demandas de manera legítima, incluso a pesar de las violencias que la asediaban. También nos permite volver a preguntas actuales del patrimonio, sobre el valor histórico de la acción colectiva y sobre cómo los elementos que hacen significativa o patrimonial a una institución son forjados por las personas, por los colectivos y su capacidad de agencia. Si el Hospital San Juan de Dios es un Bien de Interés Cultural, no es solo por sus edificaciones o por los desarrollos científicos que albergó. También lo es por las dinámicas sociales que le permitieron sobrevivir en el tiempo y que reflejan el rostro de todo un país que lucha a diario por la vida.