Entre la idea
y la realidad,
entre el movimiento
y el acto,
cae la sombra.
T. S. Eliot.
Durante los últimos cuatro años, el Estado colombiano volvió a reconocerse como editor. El Archivo General de la Nación publicó un nuevo libro de investigación después de diecisiete años; la revista Gaceta reapareció tras veintitrés años de silencio; la Biblioteca Nacional llevó a imprenta colecciones que el mercado editorial difícilmente habría asumido; y el Instituto Caro y Cuervo buscó lectores más allá de su tradicional ámbito académico. Entre abril de 2024 y agosto de 2026, el Ministerio de las Culturas y sus entidades adscritas editaron más de cien títulos y conformaron una biblioteca que, por sus temas y sus autores, revitalizó varios debates públicos largamente aplazados en el país.
En las últimas tres décadas, la intervención estatal en el mundo del libro había seguido otros caminos. El Estado financió proyectos privados e independientes, compró millones de ejemplares, abasteció bibliotecas públicas y concentró parte de sus esfuerzos en formar lectores desde la primera infancia. Esta visión implicó editar menos bajo su propio nombre. ¿Qué cambió para que regresara a la edición? ¿Qué clase de biblioteca construyó y qué país empezó a tomar forma en sus estanterías? Para responderlo, hay que volver treinta años atrás.
A finales de los años noventa, los actores que proponían las conversaciones culturales en Colombia cambiaron. El Magazín Dominical de El Espectador, que durante dieciséis años fue el principal suplemento cultural del país, dejó de circular en julio de 1999. Mientras los suplementos perdían espacio, se produjo un boom de revistas nacionales con impacto continental: Número (1993), El Malpensante (1996), Gatopardo (1999), entre otras. Allí encontraron plataforma las crónicas periodísticas, los ensayos y los cuentos que necesitaban más páginas de las que podía ofrecer un diario. El mercado editorial pasaba un momento saludable. Al mismo tiempo, despegaba internet y avanzaba una política de austeridad en el recién creado Ministerio de Cultura, que redujo su planta y enfocó sus acciones en encontrar mecanismos de sostenimiento económico para el sector. En ese contexto, una revista cultural del Estado parecía prescindible. Gaceta, fundada en 1976 para documentar la actividad artística y cultural del país, dejó de circular en 2001.
El investigador Juan David Murillo, quien ha analizado la edición pública en Historia de la edición en Colombia, 1738-1851 y Lectores, editores y cultura impresa en Colombia, siglos XVI-XXI, cree que hacia finales de los años noventa el Estado dejó de reconocerse como editor. Según él, hubo un «apagón» e inició un ciclo precario. Ya el Ministerio no imaginaba colecciones ambiciosas ni se concentraba en armar un catálogo con impacto en la conversación pública. Cuando el investigador revisó las publicaciones editadas por la institución en la primera década del 2000, hoy conservadas en la Biblioteca Luis Ángel Arango, encontró, sobre todo, catálogos de exposiciones, manuales archivísticos y obras literarias escogidas mediante premios y convocatorias:
«En ese período salieron libros valiosos, pero con una lógica más concursada: publicaban sobre todo los ganadores de premios y del Portafolio de Estímulos. Entonces la producción literaria se vio limitada a esos ganadores. El Ministerio se fue convirtiendo en un ejecutor de estímulos, no en un coordinador de proyectos editoriales renovadores».
Sin embargo, el rastro de las decisiones oficiales revela un panorama más complejo. En abril de 2003, el Conpes que puso en marcha el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas describió un país donde casi la mitad de las ventas de libros se concentraba en Bogotá y buena parte de las bibliotecas en las regiones recibía publicaciones esporádicamente. Frente a la desigualdad en el acceso al libro, el Ministerio de Cultura descartó el objetivo de construir una editorial estatal y se enfocó en dotar bibliotecas, comprar colecciones a editoriales colombianas, o con presencia en el país, y mejorar la circulación. Una medida que los funcionarios consideraron racional al ver bodegas estatales tapizadas con libros de Colcultura editados hacía dos décadas.
Este Conpes muestra que el destino de los tirajes se había convertido en un dolor de cabeza para el Estado. La Resolución 646 de 2004 determinó cuántos ejemplares debían ir al depósito legal, a las bibliotecas públicas y a los intercambios institucionales, y autorizó la venta de algunos para depurar el inventario. A partir de 2011, durante la administración de Mariana Garcés en el Ministerio de Cultura, se prolongó la misma búsqueda, pero se afinó el método. En vez de comprar los libros con un descuento sobre el precio de venta en librerías, la institución empezó a encargar tirajes de gran escala pagando su costo de producción. Un ejemplar que antes le costaba alrededor de 19.000 pesos pasó a adquirirse en 7.000. Con el mismo presupuesto podía comprar tirajes mucho mayores. Para 2017, el balance oficial habla de 17,6 millones de libros producidos y entregados, entre ellos casi tres millones destinados a la primera infancia. El rol había cambiado: el Estado seguía interviniendo en el mundo editorial, pero lo hacía cada vez más como comprador, promotor y distribuidor.
El hecho de que el Estado hubiera recurrido cada vez más a terceros para producir libros no significa que hubiese abandonado el deseo de construir catálogos propios. Entre 2016 y 2018, bajo el liderazgo de Consuelo Gaitán, la Biblioteca Nacional puso en marcha la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana: ciento cincuenta títulos disponibles en formato digital, de circulación libre, con los que la colección revisó la idea de canon que hasta entonces se había impuesto en el país. Además de literatura e historia —los géneros asociados tradicionalmente a la noción de lo culto—, incluyó títulos de botánica, economía, lingüística, periodismo y arqueología. Y al repertorio de escritores que había dominado la colección en décadas pasadas se sumaron escritoras, además de creadores isleños, afrodescendientes e indígenas. Al final, esta colección trazó varias líneas temáticas que reaparecerían con fuerza en los catálogos del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, ese impulso no tuvo continuidad institucional inmediata, y para cuando llegó el nuevo gobierno, el ejercicio editorial del Estado volvía a estar disperso.
En agosto de 2023, Juan David Correa, exdirector de la revista Arcadia y del área literaria del Grupo Planeta, llegó a dirigir el Ministerio de las Culturas. Entonces quiso saber qué proyectos editoriales estaban en marcha. Más que una política activa y una visión estratégica, encontró iniciativas fragmentadas. Correa interpretó aquella situación como el resultado de una prevención en la mente de algunos funcionarios públicos: según ellos, el Estado debía limitarse a financiar proyectos privados e independientes porque, si decidía editar por su cuenta, acabaría haciéndolo con una motivación ideológica y afectaría las finanzas del sector al convertirse en competencia:
«Quiero insistir en la diferencia entre lo estatal y lo gubernamental: una cosa son los programas de los gobiernos que llegan cada cuatro años, y otra, muy distinta, los proyectos estatales que permanecen en el tiempo y no dependen de la ideología del momento. Al llegar al Ministerio, pensé que el campo intelectual del país no estaba muy activo en los debates culturales, y que las publicaciones podían ser el camino para hacerlo».
Para Correa, editar desde el Estado significa recuperar una forma de intervención cultural: proponer debates sobre temas influyentes de nuestros imaginarios, profundizar en las dudas existenciales de los jóvenes y en las experiencias regionales, e investigar los asuntos de la vida nacional en los que entran en juego la cultura y la política. Ese proyecto general encontró, además, un cauce ideológico específico: Correa se alineó con el discurso a favor de las minorías del presidente Gustavo Petro —subrayado habitualmente en sus alocuciones públicas, en la asignación de presupuesto y en la ejecución de programas— y quiso retomar una tradición que había ensayado distintas respuestas a una misma pregunta: ¿cómo podía el Estado interpelar y aportar conocimiento a sus ciudadanos por medio de los libros y las revistas?
Pensó en Daniel Samper Ortega, quien creó en 1934 las Bibliotecas Aldeanas y llevó cien títulos —desde literatura universal hasta manuales agrícolas— a los municipios más apartados del país. También pensó en Germán Arciniegas, quien creó entre 1941 y 1952 la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, con 161 volúmenes de crónicas coloniales, relatos de viajeros, expediciones científicas y debates constitucionales. Y, con especial interés, volvió a la revista Gaceta, que había tenido una etapa entre 1976 y 1984 y otra entre 1989 y 2001.
Para reactivar el papel editorial del Estado, lo primero que decidió Correa fue invitar a los directores de las entidades adscritas al Ministerio de las Culturas —el Archivo General de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo, y el ICANH— a que propusieran nuevas publicaciones. La segunda decisión fue volver a publicar Gaceta. La tercera, crear el sello editorial MiCASa, que recibiría los proyectos de las distintas áreas del Ministerio y, con el tiempo, intentaría construir un catálogo propio.
¿Qué voces predominaron, qué asuntos se consideraron dignos de ser recordados y qué noción de país comenzó a formarse en las páginas de las publicaciones editadas en los últimos cuatro años? ¿Qué clase de biblioteca dejó el primer gobierno de izquierda en Colombia?
Una biblioteca anfibia, regional, polifónica
La biblioteca que surgió de la reactivación editorial no responde a una sola visión ni a un lector único. Sus libros tienen un carácter anfibio: pasan de las huellas de la tierra a las memorias del agua; del conocimiento académico a los saberes comunitarios; de los archivos patrimoniales a los debates contemporáneos; de la selva a las ciudades. En sus estanterías coexisten distintas maneras de producir conocimiento y narrar la vastedad cultural del país.
En ese recorrido pueden distinguirse al menos cuatro líneas conceptuales. La primera mira al agua, la selva, las plantas y los alimentos como sistemas vivos, cargados de memorias, vínculos y conflictos. La segunda lleva al libro conocimientos comunitarios que rara vez encuentran lugar en el mercado editorial. La tercera revisa las exclusiones del patrimonio literario e intelectual colombiano. La cuarta propone conversaciones sobre asuntos que definen la vida de los jóvenes. Algunos especialistas en edición pública consultados para este reportaje usaron diferentes palabras para describir esta biblioteca: heterodoxa, polifónica, dialógica, regional, ecléctica, anfibia.
En febrero de 2024, recién llegado a la dirección del Archivo General de la Nación, Francisco Flórez preguntó en un comité con qué novedades llegarían a la Feria del Libro de Bogotá, para la que faltaban apenas dos meses. «No tenemos ninguna», respondió un funcionario. La institución encargada de cuidar la memoria documental del país llevaba diecisiete años sin publicar un nuevo libro de investigación, mientras que Memoria, su revista más conocida, no circulaba desde 2005.
Flórez llevó a la feria los mismos libros con los que se había formado como historiador en la Universidad de Cartagena. Valoraba su rigor, pero durante esos días en Corferias confirmó que el catálogo había aprendido a hablar casi exclusivamente con académicos. «Estos son los libros que me dieron el año pasado», «otra vez el Archivo con sus talleres y sus catálogos…», escuchó decir a algunos asistentes. Salió pensando que una convocatoria era el camino para reactivar la política editorial y abrirse a otros públicos. Unos meses después apareció Otras Colombias Posibles, una colección concebida en alianza con el sello editorial MiCASa para transformar investigaciones recientes en libros legibles fuera de la universidad. Sus autores serían, en buena medida, historiadores de distintas regiones que habían terminado sus maestrías y no encontraban una ruta para llevar sus tesis a estudiantes, profesores y organizaciones comunitarias.
Flórez, criado en el corregimiento pesquero de Cascajal, quiso activar conversaciones públicas sobre la importancia del agua en las expresiones culturales del país. De ese interés surgieron Santa Bárbara de Iscuandé (2025), de Lydia Muñoz Cordero, sobre el pueblo nariñense donde se libró la primera batalla naval de la independencia, y Viaje por la historia del río Grande (2024), de Verónica Aristizábal Quintero, unas memorias sobre los usos cotidianos que los pueblos indígenas y los esclavos afros daban al Magdalena durante la Colonia y sobre la manera en que el río fue moldeando el territorio que después se llamaría Colombia.
Para Flórez, esa ampliación del campo de lo memorable parte de un reconocimiento: el Estado colombiano ha olvidado a parte de sus pobladores y ecosistemas, y ese mismo Estado debe hacer algo por repararlos. Por eso se publicaron libros como El Club Negro de Colombia (2024), escrito por la poeta Rosa Chamorro, que narra la historia de un grupo de jóvenes intelectuales afrocolombianos que se reunió en Bogotá durante los años cuarenta para reivindicar sus luchas civiles. Sus integrantes leían lo que ocurría en Estados Unidos, Cuba, África y Europa, y conectaban esos debates con los episodios racistas y los movimientos decoloniales de la época.
Por su parte, el Instituto Caro y Cuervo mantuvo su tradición de publicar crítica literaria y poesía, pero abrió una ventana hacia lectores más jóvenes. El movimiento siguió dos direcciones. La primera estuvo a cargo de la académica bogotana Carmen Elisa Acosta, quien impulsó la creación de la Biblioteca Rafael Gutiérrez Girardot, concebida junto con la Universidad de Antioquia para reunir los ensayos, las columnas, la correspondencia e incluso textos inéditos de uno de los principales críticos colombianos del siglo XX. Hace menos de un mes se lanzó el primer tomo de una colección de once volúmenes que aspira a ser la más completa sobre la obra de quien enseñó durante más de veinte años en la Universidad de Bonn.
La segunda dirección, con un enfoque más coyuntural y juvenil, se consolidó bajo la gestión de la académica barranquillera Daniella Sánchez Russo. Ella impulsó libros como ¿Qué ruido hace un beso?, que recogió experiencias homoeróticas de excombatientes de las FARC-EP, y La hoja que une, que convocó voces indígenas, campesinas y académicas para explorar la dimensión espiritual, medicinal y política de la coca. También, por medio de La Biblioteca Común, recuperó clásicos como De sobremesa, de José Asunción Silva, en ediciones de bolsillo al alcance de los estudiantes. «Queríamos abrir el Instituto a otros públicos. Para llegar a los jóvenes, renovamos la estética, los formatos y las formas de acceso a los libros», explicó Sánchez Russo.
Renovar la estética y los formatos no dependía solo de elegir temas estimulantes para la juventud ni de diseñar nuevas tapas. También exigía recuperar la capacidad de producir libros en el Instituto. Cuando Sánchez Russo asumió la dirección, en febrero de 2025, encontró la Imprenta Patriótica de la Hacienda Yerbabuena, en Chía, cada vez menos utilizada y una editorial que llevaba cerca de dos años sin operar plenamente. La renovación de la planta por un concurso de méritos había incorporado funcionarios sin experiencia en impresión, composición tipográfica y encuadernación, mientras buena parte de quienes conocían las máquinas salieron. Por falta de personal capacitado, muchos libros terminaban encargándose a talleres externos.
La reactivación comenzó con un libro en homenaje al poeta indígena Hugo Jamioy. El Instituto convocó a antiguos trabajadores para que enseñaran sus saberes y volvió a producir un libro en Yerbabuena. Mireya, encargada de los jardines, aprendió a encuadernar; Paola, sin conocimientos de imprenta, terminó convertida en la «impresora estrella» del Caro y Cuervo, en palabras de Sánchez Russo. La imprenta también se abrió a artistas y estudiantes: sus talleres de edición artesanal llegaron a recibir trescientas inscripciones. «Al principio pensé: ¿por qué no compramos una imprenta moderna? Pero entonces entendí que ese lugar había que mantenerlo: hay gente que crea con esas máquinas y sueña con aprender allí», señaló la directora.
La Biblioteca de Escritoras Colombianas (2025), editada por la Biblioteca Nacional de Colombia, reunió en diez volúmenes textos dispersos de noventa y siete autoras desde la Colonia hasta la primera mitad del siglo XX. La primera entrega había recuperado libros que dejaron de circular; la segunda rastreó la obra que permanecía desperdigada en periódicos, revistas y archivos. Los volúmenes llegaron a todas las bibliotecas públicas del país (algo que no sucedió con la primera entrega por falta de presupuesto), y una alianza con la Cámara Colombiana de la Edición Independiente permitió realizar otro tiraje y venderlo en librerías.
«Me sorprendió la cantidad de mujeres, sobre todo de región, que desconocíamos: nombres que nunca leímos ni en el colegio ni en la universidad», afirmó Adriana Martínez-Villalba, directora de la Biblioteca Nacional. «La búsqueda de esa colección disparó otras búsquedas locales que terminaron siendo pequeños satélites de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Se propició una gran conversación cultural alrededor de las mujeres».
Diana Guzmán, profesora de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano e investigadora de la edición en Colombia, utiliza la colección en sus clases por la curaduría, la amplitud de géneros —de la dramaturgia a los textos políticos— y la factura material de los volúmenes. «Resalto su materialidad: la calidad del papel, del armado, su concepto gráfico. Cada una de esas voces relegadas tuvo un dispositivo material de la misma calidad. Hicieron ediciones cuidadas: no libritos pobres para voces marginales», dijo Guzmán.
Si hubo un proyecto que pudo haber cristalizado el cuidado editorial, la ambición intelectual y la resonancia pública de este periodo, fue la Biblioteca Vorágine, editada en 2024 por la Biblioteca Nacional en medio de la conmemoración liderada por el Ministerio de las Culturas a la novela de José Eustasio Rivera. La operación consistió en preparar una reedición de este clásico y rodearlo de otros nueve títulos de historia, antropología, literatura y análisis con perspectiva de género. Leídos en conjunto, componen un acervo de los sistemas de explotación coloniales que prosperaron en fronteras sin presencia del Estado y de las memorias de los pueblos indígenas sometidos. De hecho, este sería el lente bajo el cual publicaciones como Gaceta abordarían las conmemoraciones que se presentaron en los últimos años.
Esta búsqueda por conseguir más lectores también produjo cambios en la colección de literatura infantil Leer es mi cuento. Los títulos, antes cercanos a las cartillas educativas, adquirieron el aspecto de pequeños libros; incorporaron autores e ilustradores colombianos vivos, literaturas indígenas y afrodescendientes, y tamaños de letra pensados según la edad. Durante el cuatrienio circularon dos millones de ejemplares de esta colección por la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
«El fin último nunca debe ser la publicación. El fin último es la lectura, y eso a veces se nos olvida», afirmó Martínez-Villalba. «Me pregunto: ¿qué sentido tiene publicar si los libros no están llegando a los lectores, si no estamos hablando sobre ellos, si nadie está escribiendo crítica sobre ellos, si pocas personas leen libros completos?».
En el Ministerio de las Culturas, la reactivación editorial tomó dos vías. Entre 2024 y 2025, bajo la dirección del editor bumangués Daniel Montoya, Gaceta volvió como una revista monográfica: dedicó números a la selva, el agua, el alimento, el sexo y las drogas, y abrió desde allí conversaciones francas sobre asuntos que modelan la vida y los imaginarios contemporáneos. En 2026, bajo la dirección del editor valduparense Mario Jursich, aprovechó algunas conmemoraciones —los cien años del nacimiento de Delia Zapata Olivella y Álvaro Cepeda Samudio, y los cincuenta de la muerte de Gonzalo Arango— para mostrar facetas poco exploradas de estas figuras de la cultura colombiana y complejizar sus obras eludiendo la fórmula del homenaje, tal como se hizo con José Eustasio Rivera y La vorágine.
MiCASa, por su parte, plasmó en las publicaciones los procesos que el Ministerio de las Culturas respaldó en los territorios del país. En poco más de dos años publicó más de sesenta títulos: memorias comunitarias, investigaciones patrimoniales, conmemoraciones y debates de política cultural. Sus editores consideran que, sin esa intervención editorial, algunas experiencias valiosas habrían quedado guardadas en informes institucionales y archivos internos. «Muchas veces la gente se entera de lo que hace un Ministerio porque existe un libro», dijo María Lucía Ovalle, coordinadora del Grupo Editorial de la institución: «Yo apuraba a un equipo para sacar una publicación y me respondían: “Hasta que la comunidad no esté de acuerdo con lo que se va a decir, no podemos pasarla a corrección”. Ahí entendí que esto no era el Estado bajando línea en libros, sino que había procesos de concertación con las comunidades».
Una parte reconocible del catálogo de MiCASa son los saberes comunitarios. Mapa de sabedores de expresiones artísticas siguió las trayectorias de personas mayores de sesenta años que lideran procesos culturales en municipios cobijados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); Casimiro. Memoria biocultural del barrio El Reposo contó la relación entre una quebrada de Quibdó y las familias desplazadas por la guerra que poblaron sus orillas; La fuerza de la manicuera reconstruyó las memorias de las caucherías desde la perspectiva de mujeres uitoto; y Rituales fúnebres de Bojayá documentó los rezos, alabaos, gualíes y cuidados con los que la comunidad honra a sus muertos. En esos libros, los habitantes de la periferia colombiana dejaron de figurar únicamente como objetos de estudio de historiadores y antropólogos, y narraron con voz propia sus vivencias.
Pero MiCASa también llevó al papel asuntos más variopintos, difíciles de aglutinar bajo una sola línea editorial. Hay libros como Memorias de mi cine, la autobiografía de la cineasta Camila Loboguerrero, o Armero. Volver al mapa, que rescata la identidad de aquel pueblo tolimense sepultado por una avalancha en 1985. También títulos sobre inteligencia artificial, crisis climática y los procesos colectivos tejidos alrededor de la producción de viche. Estos son ejemplos de los asuntos que el Ministerio de las Culturas, durante esta administración, decidió que deberían ser preservados en publicaciones que llegaron a las bibliotecas públicas del país.
Vista desde fuera, Diana Guzmán encuentra en esta biblioteca estatal una apertura valiosa, pero también varios límites. Para ella, este ciclo editorial funcionó como «un disolvente sobre los cerrados circuitos del mundo editorial colombiano», al permitir publicar autores que no necesariamente son comerciales ni prestigiosos. Sin embargo, echa de menos «autores indígenas, palenqueros y gitanos, rescates de archivos marginales, literatura obrera y publicaciones producidas por movimientos sociales». En su opinión, el catálogo pudo asumir otros riesgos y ofrecer versiones más complejas de la memoria histórica.
¿Debe el Estado seguir editando?
La pregunta por el destino de los libros —el principal cuello de botella del Estado editor durante su historia— llevó a la editora santandereana María Lucía Ovalle en febrero de 2026 hasta Casa Pombo, el Archivo General de la Nación y el Palacio Echeverry, centros de almacenamiento de publicaciones del Ministerio de las Culturas. Cuando asumió la coordinación del Grupo Editorial del Ministerio, faltaban seis meses para el cierre del gobierno de Gustavo Petro, avanzaba la Ley de Garantías y se acercaba la fecha de la FILBo. En aquellas bodegas, encontró decenas de cajas apiladas todavía por distribuir.
Su primera medida fue destrabar los contratos con las empresas logísticas que no habían logrado concretarse el año anterior. Después, surtir el estand de la FILBo. Superada la feria de Bogotá, la ruta se extendió hacia las ferias regionales de Quibdó, Valledupar y Medellín. Las 1.560 bibliotecas públicas del país quedaron abastecidas, mientras avanza —todavía en curso al cierre de este reportaje— una nueva ruta para llevar los ejemplares, durante el segundo semestre, a instituciones educativas. Cerca del 85 % de las publicaciones de Gaceta y MiCASa fueron distribuidas.
La explicación que Ovalle encuentra a este avance en la circulación tiene que ver con una política institucional. Durante quince años, la planta del Ministerio de Cultura permaneció prácticamente intacta: tenía 317 empleos en 2003 y terminó con 314 en 2018. El gobierno de Gustavo Petro decidió priorizar la formalización laboral en un sector acostumbrado a los contratos por prestación de servicios. De acuerdo con el informe de empalme del Ministerio, en 2026 la planta llegó a 635 empleos y se formalizaron a 325 personas. La ampliación de los puestos de trabajo impactó al Grupo Editorial. El equipo quedó conformado por doce personas: ocho funcionarios públicos y cuatro contratistas. Dos de los funcionarios pudieron dedicarse específicamente a la distribución.
«Durante este periodo, el Ministerio de las Culturas se convirtió en un agente importante de empleo para el sector editorial. Alrededor de estas publicaciones se ha formado una red de más de quinientos autores, editores, diseñadores, correctores, investigadores e ilustradores», afirma Ovalle. «La formalización permitió que hubiera más funcionarios, y eso significa que hay más dolientes: personas que pueden hacer seguimiento, revisar lo que salió mal y mejorar los procesos. Cuando un equipo depende de contratistas, cada vez que alguien se va y llega otro hay que volver a empezar. Yo misma lo viví: uno está pensando hasta cuándo va a estar acá, qué otro trabajo puede conseguir y nunca termina de aterrizar por completo. Un empleo formal permite que alguien diga: tengo tiempo para apropiarme de una labor, esto lo saco adelante, con esto me comprometo».
La dificultad para distribuir las publicaciones, sin embargo, abre un debate. Mientras una editorial comercial puede confiar sus libros a un distribuidor encargado de garantizar la pronta circulación, el Ministerio debe construir cada ruta mediante contratos, convenios y ferias que dilatan la entrega a los lectores. Después de este recorrido, surge un interrogante inevitable: ¿el Estado debe seguir editando sus propias publicaciones?
Ovalle opina que, antes de decidir qué otros libros hacer, el Estado debe preguntarse quiénes leerán esos libros y qué condiciones deben fortalecerse para que eso ocurra. Si tuviera que escoger una prioridad inmediata, concentraría los recursos en la mediación de lectura. Esa precaución, sin embargo, no la lleva a negar la importancia de la edición pública. Cree que está cumpliendo una función que el mercado no: publicar historias y provocar discusiones sin que la rentabilidad determine los temas, los autores y los tirajes.
«No podemos dejar de pensar la cultura en términos de derechos. El acceso al conocimiento es un derecho, la apropiación social también lo es. Cuando todo se piensa en términos comerciales, ¿quiénes garantizan los derechos?».
Martínez-Villalba, desde otra orilla, cree que el Estado no debería editar hoy. Argumenta que, a mediados del siglo XX, el Estado editaba en un país donde se publicaban pocos títulos, y eso lo hacía necesario. Actualmente, imprime en un ecosistema con miles de novedades, escritores profesionalizados y sellos independientes que luchan por sobrevivir. Por eso, en lugar de ampliar desde Bogotá su propio catálogo, propone fortalecer la infraestructura que ya existe: editoriales regionales, librerías, mediadores y circuitos que conecten a los autores locales con sus comunidades y el resto del país:
«¿De qué sirve que yo publique desde Bogotá unas colecciones cuando en el Chocó hay cien escritores que no tienen dónde publicar ni ser leídos? ¿No tendría más sentido que las comunidades del Chocó pudieran encontrarse con esos autores y con esas historias?».
Por su lado, Francisco Flórez evita escoger entre las dos orillas. Para el director del Archivo General de la Nación, el problema no consiste en que el Estado edite, sino en la forma cómo lo hace. En un país donde el acceso a las editoriales sigue siendo difícil para muchos escritores, piensa Flórez, el Estado puede abrir espacio a investigaciones, temas y voces que otros consideran demasiado académicos, poco comerciales o difíciles de publicar. «No es solamente el Estado diciendo qué se debe publicar, sino apoyando a quienes quieren hacerlo y no pueden».
El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella recibirá un Ministerio que durante estos cuatro años volvió a asumirse como productor de conocimiento. Encontrará un catálogo con más de cien títulos, equipos formalizados y editores con planes de publicación y circulación para el segundo semestre del año. Tendrá que decidir qué conservará, qué ajustará y qué dejará atrás. Después del 7 de agosto, ¿qué permanecerá de esta visión editorial? ¿Habrá procesos que se prolonguen o una metamorfosis total? Un nuevo giro del Estado editor en esta historia centenaria está por verse.