El río Cocorná baja a saltos de piedra y rugidos desde el páramo de Sonsón, en una caída de más de tres mil metros hasta alcanzar la margen izquierda del río Magdalena. En su recorrido marca el límite entre El Carmen de Viboral y el municipio de Cocorná y se cruza con la vía Bogotá-Medellín, en un accidente geográfico por entre el que abundan las aves y reverbera el ruido. Al igual que el agua, los camiones de seis ejes rompen el silencio del valle, machacando con sus velocidades y el estruendo de los motores las peñas blancas que descansan silenciosas bajo el sol. Aún así, es imposible que todo ese estrépito de aguas furiosas y de los cambios forzados de las máquinas ahogue la lucha de una comunidad que se niega a olvidar. Luego de treinta años, dos generaciones de familiares resisten al olvido.
Entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, en este paraje un grupo de paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, aliado con miembros del ejército colombiano, forzó a dieciséis campesinos de la vereda La Esperanza a abandonar sus casas con destino a un lugar hoy todavía desconocido.
Para armar los retazos de esta historia es necesario recurrir al río: «el rey, el espíritu vivo, el dueño de una cuenca y de un sistema hídrico que quieren arrebatarnos», explica Flor Gallego, familiar de tres desaparecidos, víctima ella misma y aguerrida lideresa que no se cansa de contar su historia. «Ya hemos visto cómo instalan varias hidroeléctricas en el curso de este río Cocorná que algunos han querido para ellos. Si se llevan las aguas del río quedamos como muertos».
Luego hay que fijar la atención en el año de 1996, cuando grupos armados comandados por Ramón Isaza, el líder paramilitar que se entregó junto a 990 hombres en 2006 luego del Pacto de Ralito y que fundó una dinastía narcoparamilitar que llegó a enfrentarse a Pablo Escobar, se ensañaron con esta esquina del nororiente antioqueño: «subían desde el Magdalena medio en sus cuatro por cuatro y escogían a quien llevarse. No valían los ruegos ni la resistencia. Al que se iban a llevar, se lo llevaron». En total, fueron dieciséis desaparecidos y una persona asesinada, pero algunos otros han muerto de pena moral desde entonces: «se muere de pena moral cuando se espera al que debería llegar y no llega», dice una de las madres que aún espera.
La lucha de la comunidad inició de inmediato y el último asesinado en aquel año fue el personero de El Carmen de Viboral, Helí Gómez Osorio, quien se atrevió a alzar la voz ante las autoridades para señalar lo que venía sucediendo en la vereda. A partir de ese momento, los familiares se estrellaron una y otra vez contra la desidia y la indolencia de la justicia colombiana, hasta que decidieron llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2017, esta instancia emitió una sentencia de 31 de agosto de 2017, en la que «La Corte consideró responsable al Estado por la violación al derecho a las garantías judiciales y protección judicial por las investigaciones de esos hechos, por la violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas directas, así como al derecho de propiedad e inviolabilidad del domicilio por el allanamiento y destrucción de los bienes muebles e inmuebles de dos de las víctimas». Entre otros, «los hechos acaecieron con el apoyo y la aquiescencia prestados por agentes de la fuerza pública al grupo paramilitar denominado Autodefensas del Magdalena Medio (ACMM), lo que facilitó las incursiones a la Vereda la Esperanza y propició o permitió la comisión de estos actos».
«Nosotros esperábamos mucho más de la sentencia», dice Flor Gallego. «Esperábamos que no fuera por omisión. Porque el Ejército hizo las cosas directamente. No fue una omisión: ellos actuaron. Pero al final, hasta por el caso de Irene Gallego, al Ejército se le hizo responsable por omisión. ¿Pero y la acción y el homicidio? En todas las desapariciones estuvieron involucrados el Ejército y los paramilitares. A partir de 1991 no faltaban soldados en La Esperanza. Había varios campamentos y comenzaron los enfrentamientos, los retenes, los secuestros. Los paramilitares también tuvieron campamento en la parte baja, y el Ejército más arriba, allá en la capilla, en la entrada de Cocorná, y también en la escuela, que queda muy arriba. Había campamentos del ejército por todas partes y estaban organizados en lo que nosotros llamábamos acá pelotones, de entre diecisiete y treinta militares. Y en medio de eso también estaban los paramilitares, acampados ahí junto a ellos. La guerrilla no estaba ahí, y eso lo podemos decir: la guerrilla nunca llegó a acampar cerca. Lo que sí hacía la guerrilla era que encontraba una casa… por ejemplo, supongamos que yo me iba para el pueblo y dejaba la casa sola; cuando volvía, encontraba que por ahí había pasado la guerrilla. Eso sí pasaba, pero no cerca de la autopista, eso nos pasaba siempre a los que vivíamos en la parte de arriba. Claro que sí. Y dañaban las puertas y se entraban; pero también pasaba, por ejemplo, en la casa de mi papá, que el ejército cada rato dañaba las puertas, entraba y se llevaba la plata de mi hermano, se llevaban las baterías, los radios, las gallinas, los huevos, todo, y ellos no respondían por eso. No devolvían nada. Eso sí, llegaban era destruyendo. La guerrilla llegaba y se entraba a las casas, pero ellos utilizaban sus propias cosas».
¿A qué obliga esa sentencia al Estado colombiano? Flor Gallego explica que lo primero es activar la búsqueda: que con la comunidad se construya un plan de búsqueda conjunto de los desaparecidos de la vereda La Esperanza. En segundo lugar, que la Fiscalía realmente active la investigación de los máximos responsables, porque hasta la fecha de hoy no hay ningún militar, de los implicados en los hechos, que haya sido acusado ni sancionado disciplinariamente. «No hay ningún peso de la ley que, por lo menos, haya caído sobre alguno, ni siquiera se les ha llamado a indagatoria, no se les ha vinculado al proceso de justicia ordinaria, o justicia penal, por ejemplo», dice. Algunos de ellos ya murieron, otros ya están fuera de su ejercicio, porque alcanzaron la edad. Y durante las audiencias de versión libre ante la justicia penal, los paramilitares han sido muy reacios a aceptar que había un comandante. «La que operaba aquí era la cuarta brigada, pero ellos nunca han querido revelar nombres ni apellidos, siempre el ocultamiento porque ellos siguen armados y siguen en los territorios, siguen siendo compinches».
La sentencia ordenó que se activara la investigación para indagar sobre la verdad y que también recayera la ley sobre los militares. En tercer lugar, ordenó que el Estado colombiano, por medio del Ministerio de Salud, brindara una atención integral, tanto física como psicológica, para todos los familiares, no solo para los demandantes, sino también a los núcleos familiares que fueron conformando los demandantes a lo largo del tiempo. Hasta ahora eso ha sido muy difícil de lograr. Desde 2017 se ha intentado hablar, establecer mesas técnicas con las diferentes EPS, buscando que el compromiso vaya más allá de la atención en salud, que el grupo de los 109 demandantes tenga una categoría especial para que la atención sea prioritaria, integral e incluya atención psicológica.
La cuarta medida que ordenó la corte fue construir un monumento en conmemoración de los familiares desaparecidos y que ese monumento fuera construido de manera conjunta con los familiares, pero todavía está en construcción. La siguiente medida fue brindar becas de educación superior a los hijos, a las hijas de los familiares desaparecidos. Hoy, uno de ellos estudia tecnologías y construcciones civiles y otra estudia salud pública. La siguiente medida fue que después de emitida la sentencia se publicara en la Gaceta Oficial del Senado. También se ordenó que con los familiares se realizara un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, en el que hubiese presencia de sus máximos representantes. No fue hasta octubre de 2024 cuando el Gobierno nacional, en un acto público liderado por el presidente Petro, reconoció los hechos y se comprometió a efectuar todas las medidas de reparación.
«Ya, yo creo que esas son… sí… ahí están las medidas que ordenó la Sentencia», señala Flor Gallego. «Aunque no podemos olvidar que la primera medida fue la reparación económica, porque antes de llevar el caso a la instancia internacional, anteriormente se llevó ante lo contencioso administrativo, debido a la actuación directa e indirecta del Ejército, y hubo unas reparaciones económicas, pero no cobijaron a todos los familiares, pues faltaron algunos demandantes. A algunos les llegaron veinte millones de pesos por su familiar desaparecido, pero a otros no les llegó ni un millón de pesos. Por ejemplo, a mí, por lo que fueron mis dos hermanos, me entregaron diez millones de pesos por cada uno».
El río, imperturbable en su furia continúa su eterno descenso. En el recodo donde se enclava la comunidad se adelantan trabajos civiles para el sostenimiento del puente, que vibra como si fuera a caerse con el tránsito de cada tractomula. El ruido, infernal, quiere tragarse las palabras de Flor Gallego, pero ella no cede: «quiero prolongar el relato que tengo en mi memoria», es lo que dice antes de dirigirse al punto en el que los violentos cogieron a la fuerza a Andrés Gallego Castaño, uno de los dieciséis desaparecidos de vereda La Esperanza, y se lo llevaron aguas abajo.