Durante décadas, los conflictos derivados de la llamada «guerra contra las drogas» en Colombia han marcado la vida de miles de comunidades. Las políticas estatales han oscilado entre la erradicación forzada y la criminalización del consumo, con resultados limitados y a menudo contraproducentes. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la UNODC, la producción de cocaína aumentó un 53 %, y para 2022 los cultivos crecieron un 10 %, alcanzando 230.000 hectáreas. Paralelamente, desde 2019 se ha registrado un incremento del consumo entre adolescentes y jóvenes, sobre todo en centros urbanos, donde los impactos sociales y de salud pública se vuelven más visibles.
Frente a este panorama, el Gobierno lanzó la política «Sembrando vida, desterramos el narcotráfico», que propone un enfoque basado en la salud pública, los derechos humanos y la justicia social. La estrategia busca involucrar a las comunidades, implementar programas de reducción de daños y reconocer la dignidad de las personas consumidoras, fomentando su participación en las decisiones que las afectan. Esta perspectiva contrasta con el enfoque punitivo que ha predominado en Colombia y que ha dificultado la consolidación de programas comunitarios.
Cali, conocida como la Sucursal del Cielo, también es una ciudad atravesada por profundas desigualdades. En barrios como Sucre, el consumo de heroína inyectada se cruza con exclusión, violencia y estigmatización. Allí, la Corporación Viviendo trabaja desde hace una década con el Centro de Escucha y Acogida, que ha transformado imaginarios sobre el consumo y defendido la dignidad de quienes han sido históricamente marginados. A pesar de los obstáculos impuestos por políticas prohibicionistas, el reconocimiento de las personas usuarias como sujetos de derechos ha permitido fortalecer iniciativas que funcionan como espacios de resistencia, cuidado y acompañamiento.
La Corporación Viviendo atiende sobredosis, ofrece atención básica de enfermería, entrega material para inyección segura—evitando la propagación de VIH o hepatitis— y capacita a la comunidad en emergencias. Su equipo combina trabajadores sociales, profesionales de la salud y pares: personas con experiencias similares que acompañan a quienes buscan desintoxicarse a través del programa de metadona, medicamento regulado por el Fondo Nacional de Estupefacientes y considerado el más eficaz para aliviar los síntomas de abstinencia en usuarios de heroína.
Estas iniciativas dialogan con experiencias pioneras como la sala de consumo supervisado de Bogotá, activa desde 2023 y primera en Suramérica. En Cali, desde 2019, Viviendo ha identificado 625 personas usuarias de heroína, aunque la cifra real probablemente sea mayor. La protección de su salud y autonomía ha avanzado gracias a la sociedad civil, pero requiere respaldo institucional. Para que la reducción de daños sea estable y efectiva, el Estado debe garantizar un marco legal claro, recursos suficientes y la continuidad de redes que hoy salvan vidas.
En última instancia, estos programas no solo previenen muertes: restituyen dignidad y permiten imaginar otra vida en contextos marcados por la exclusión.
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