Oswaldo, ¿qué te ha llamado la atención del cubrimiento mediático de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho?

No veo nada novedoso. Tal vez la estridencia de los disturbios: pareciera que en diferentes puntos del territorio nacional se organizó una expresión de violencia muy espectacularizada, de extrema visualidad —carros incendiados, establecimientos y tiendas explotados—, que produjo esta sensación de inestabilidad e incluso de captura del Estado por parte del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde luego, yo descreo todo eso; no hay tal captura; es absurdo. Queda mucho por saber: ¿quiénes son, verdaderamente, los autores de estos disturbios? Me cuesta creer que se trate de la misma organización. Históricamente, los supuestos cárteles han sido profundamente torpes. Creo que hay mucho oportunismo para el delito, gente sin ninguna conexión que sale a hacer disturbios, pero también creo que hay un contexto de violencia paramilitar que tal vez no estamos entendiendo.

Parte del argumento central de Los cárteles no existen es que esta es una categoría producida por Estados Unidos y replicada por el Estado y los medios mexicanos. ¿Lo viste así en el cubrimiento de la muerte del Mencho?

Bueno, el concepto de cártel fue tomado del campo económico configurado por la DEA a finales de los años setenta y utilizado de modo completamente inverosímil para explicar las economías ilegales en torno al tráfico de drogas, primero en México y después en países como Colombia. Parte de mi argumento es que esa narrativa no es construida por los grupos criminales, sino que viene de las instituciones que están dirigiendo la Guerra contra las Drogas, y que esta forma de narrar coincide con la lógica general de la seguridad tal como se entiende desde Estados Unidos hacia el resto del continente.

El concepto de cártel es totalmente congruente con la política militarista que viene detrás. Creer que realmente existe una organización criminal piramidal que amasa miles de millones de dólares al año, con presencia en setenta, ochenta o noventa países, nunca se ponen de acuerdo, capaz de poner o quitar presidentes e inyectar dinero en campañas presidenciales es parte de una narrativa que no solamente ha persistido, sino que ha ingresado de modo muy consensuado en los campos de producción cultural y, sobre todo, en los medios de comunicación. Se ha vuelto parte de un habitus de representación que también alimenta las dinámicas de esos campos culturales.

En el caso del Mencho, se crea toda la épica de su muerte, del intercambio de inteligencia, de los militares que murieron en el asalto, de la respuesta violenta del supuesto cártel: toda la narrativa que Estados Unidos echa a andar con frecuencia y éxito en México. Lo que realmente pasó es que tuvieron un enorme éxito político consolidando una vez más la narconarrativa para imponer su agenda de seguridad. 

¿Qué es, entonces, lo que realmente pasa cuando detienen o matan a un gran narcotraficante? ¿Y qué no se está contando en esta historia?

Mira, para hacer esa crítica, lo primero que hay que decir son dos cosas. Una: el mercado de drogas está totalmente anclado en Estados Unidos. No hablo solamente del consumo, sino también del lavado de dinero, el contrabando de armas y la viabilidad de cualquier grupo de traficantes operando desde Colombia, Bolivia o México. La razón de ser de un traficante latinoamericano es Estados Unidos: es el gran consumidor, donde hay una profunda corrupción policial, militar y política que permite que este mercado avance y la gran mayoría de las ganancias se queden allí. Entonces es una falacia que un traficante mexicano, como el Mencho o el Chapo, sea la principal causa de todo esto.

El Mencho era un señor que andaba a salto de mata en los Altos de Jalisco, al parecer sufriendo un problema renal tan grave que requería diálisis, que tenía que verse con mujeres a escondidas para tener un poco de vida personal. El Chapo Guzmán pasaba por lo mismo: tenía que estar a salto de mata en la sierra, soñando con que alguna actriz mexicana le hiciera una serie de televisión. Los traficantes mexicanos están precarizados. No digo que sean pobres, sino que no tienen opciones de una vida normal, como sí las tienen los de Estados Unidos, donde pueden generar fortunas mucho más fácilmente porque incluso las pueden lavar en su propio país; nadie va a perseguirlos, sus nombres ni siquiera entran en el ojo público. Si rastreas el caso de prácticamente todos los capos mexicanos detenidos o asesinados, suele haber una coyuntura política muy específica, casi siempre para rendir cuentas al imperio asesino estadounidense. Ahora mismo tienes la presión de Donald Trump, que le exige a México una respuesta. Lo que hace, entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum es movilizar este operativo y matar a este delincuente.

Los reporteros hablan de las disputas por las plazas, de los vacíos de poder en el cártel, de todas esas fantasías producidas por la DEA, pero lo que no se dice es que nada va a pasar en el tráfico de drogas si matas a un tipo de estos. Cuando no están bajo presión en el corrupto y siniestro sistema judicial estadounidense, lo primero que dicen los propios traficantes es yo soy un traficante entre otros, no dirijo un cártel, si me matan o me detienen no va a pasar absolutamente nada en el mercado de las drogas, porque no depende de una sola persona. 

También deberíamos pensar en el historial de matanzas, asesinatos extrajudiciales, secuestro y tortura del ejército mexicano. Los traficantes también son ciudadanos, y estos operativos son completamente cerrados al ojo público: no hay una sola grabación, no sabemos qué pasó. Ni siquiera se han dignado a identificar a la mitad de la gente que mataron. Nos han acostumbrado a que la matanza es la manera de operar en un operativo antidroga. Ahí hay desprecio por la vida. Tal vez esta es la tercera omisión, la más lamentable. Estados Unidos, cada vez que hace un operativo antinarcótico y alguien resulta muerto, abre una investigación: cómo lo mataron, qué pasó. Todavía hay una pretensión de dignidad en la ciudadanía. En cambio, hacia América Latina, para Estados Unidos es como si estuviera matando moscas: desde volar en pedazos embarcaciones hasta ordenar a un ejército de un determinado país que mate a sus propios ciudadanos. ¿Dónde está la evidencia, la investigación forense, la documentación que prueba que esta gente traficaba? Hasta donde yo sé, en México no hay pena de muerte. ¿Cómo sé yo en qué circunstancias realmente los mataron? Hemos internalizado la celebración épica de la matanza como si fuera una forma normal de operar en un estado de derecho como el que pretende ser México. Es lamentable en todos los frentes y es terrible que la presidencia de Claudia Sheinbaum capitule ante estas presiones. Entiendo que son presiones terribles, pero si quieres ser presidente en México, tienes que asumir que eso va a venir.

Si los carteles no existen, ¿cómo funciona el tráfico de drogas en México?

La evidencia etnográfica, sociológica, historiográfica, incluso la periodística, cuando se hace bien, muestra que el narcotráfico opera en una gran dispersión. Distintos actores operan en distintas regiones; a veces se conocen y colaboran, a veces no. Su situación está mediada por una precariedad sistémica. Algunos pueden acceder a cierto ingreso, pero, en general, la vida de los traficantes en un país tan militarizado es precaria. La gente que produce se la vende a un amigo y así se crean conexiones de colaboración, aunque también hay rivalidades que no se pueden resolver en un arbitraje laboral, sino a veces con balazos. Pero los narcotraficantes, por lo general, no buscan la violencia. La gran mayoría termina muerta o en la cárcel. Algunos líderes logran comprar relaciones de extorsión y clientelismo con autoridades locales y estatales, que no son igualitarias, ellos están en el receiving end, pero aseguran su supervivencia hasta que esas relaciones se agotan o deben subvertirse por razones políticas. 

En México no hay un cártel en el sentido en que insiste Estados Unidos, como si fueran organizaciones tipo Yakuza, con vínculos familiares y herencia del «trono». Existen organizaciones dispersas con muy poco poder, que generalmente viven en un régimen de precarización y violencia y operan porque el mercado de droga en Estados Unidos es tan potente que siempre habrá quien arriesgue su vida por vender su producto. Aun así, algunos traficantes utilizan esta narconarrativa para beneficio propio, como los que dicen vamos a llamarnos Zetas y así asustan a la gente. Pero los cárteles nunca han tenido un referente verificable que haya existido en realidad; son grupos de criminalidad bastante convencionales. Y en Estados Unidos tampoco hay cárteles, ni el país con la mayor cantidad de droga y dinero puede producir ese tipo de organización. 

Lo que trato de mostrar es que hay una estructura lingüística creada en condiciones políticas que obedece a una agenda militarista más amplia. Esta mediación influye en la percepción del crimen organizado en la sociedad y ocurre en conjunto con los productos culturales que consumimos. En lugar de preocuparnos por cómo llamar a estos personajes, lo importante es que como sociedad pensemos el narcotráfico como un tema policíaco y de salud pública, y no desde el enfoque del aparato securitarista estadounidense que ha dejado un gran saldo de destrucción en México. Durante los ochenta, en los aparatos de seguridad no se hablaba de los cárteles, porque no importaba lo que hicieran los traficantes, no tenían injerencia en la vida política mexicana. 

No deberíamos preocuparnos tanto por el nombre de uno, esto convalida la pregunta securitaria. Al intentar nombrar un fenómeno con mucha urgencia, parece que el fenómeno importa más de lo que realmente debería. El narcotráfico en México es secundario, pero se utiliza como excusa para avanzar y legitimar el securitarismo y el militarismo en México. 

¿Cómo deberíamos pensar la relación entre el narco y el Estado?

En México, la historia de los traficantes está documentada desde los años veinte y treinta, el periodo posrevolucionario. En ciudades como Juárez el trabajo de campo muestra que estas economías eran opciones que aliviaban la pobreza, operaban en pequeños grupos bajo la venia de autoridades locales, estableciendo dinámicas de extorsión, pero también de compadrazgo. Estos grupos de traficantes conseguían favores estatales a nivel federal, estatal y local, y hay documentación, incluso, de cargamentos de droga escoltados por el ejército. Entonces ha habido una enorme complacencia estatal. Insisto en que no se trata de un maridaje ni una relación entre iguales…

Claro, no estás diciendo que el Estado está penetrado por el narco, todo lo contrario.

Exacto. Ese es otro de los mitos del discurso securitario, pero no existe tal cosa como un narcoestado. Primero, porque el narcotráfico no es un poder monolítico, no está regentado por un ejército ni por un líder que encabeza una estructura organizada, como se piensa comúnmente en los medios de comunicación o en los discursos culturales de Netflix. No es un estado dentro del Estado, sino una multiplicidad de actores que logran acumular un pequeño ingreso y sobornan a las estructuras estatales para que les permitan sobrevivir por un tiempo determinado. Eso pasa en todos los niveles del delito en México: si quieres que tu banda de robacoches sobreviva, tienes que pagarle a la policía. 

El narcotráfico requiere de instituciones estatales que le permitan sobrevivir. Esa relación más o menos fluida se alteró profundamente con la política securitaria y punitivista que se fue radicalizando sobre todo a partir de los años noventa. El discurso y después la implementación de la Guerra contra las Drogas son las grandes causas de la violencia en México. Hasta 2007 teníamos una tasa de homicidios que venía descendiendo, hasta que Felipe Calderón llegó a la presidencia y desplegó el ejército por diferentes regiones del país, y en esos puntos los homicidios aumentaron drásticamente, como lo documenta Fernando Escalante Gonzalbo, sociólogo del Colegio de México: la militarización antidrogas y la mentalidad securitaria son la principal condición de posibilidad de la violencia.

En suma, mientras hay una relación de docilidad y subalternidad entre Estado y crimen organizado, la violencia tiende a niveles bastante bajos. Cuando el Estado decide emplear una política punitiva y de exterminio contra los traficantes, la violencia repunta. La relación entre Estado y criminalidad no se ha subvertido porque los traficantes estén capturando al Estado, sino porque el Estado se ha vuelto una máquina de exterminio. Esa es la verdadera alteración que produce la guerra contra el narco. Como decía Germán Castro Caycedo: por una guerra ajena. La gran mayoría de los mexicanos está completamente cansada de la militarización. Votó por López Obrador y después por Claudia Sheinbaum porque se le ofreció la oportunidad de desescalar la militarización.

No estoy diciendo que necesariamente haya que volver a la relación de administración del crimen organizado, como pasaba en los años ochenta, pero mientras Estados Unidos no haga nada serio para atajar su mercado de consumo estratosférico, siempre va a existir una oportunidad para los traficantes en México y en toda Latinoamérica. Nosotros no somos la causa de esto. La lógica diría que la Guerra contra las Drogas debería librarse en Estados Unidos, un país que de facto ha legalizado el narcotráfico y tiene una población de consumidores estratosférica de cocaína, metanfetamina y fentanilo. 

La verdadera política de seguridad mexicana sería interrumpir inmediatamente esto que llamamos Guerra contra las Drogas, establecer un proceso de pacificación y sanación del tejido social, atender las causas de la adicción para nuestra pequeña población de adictos, y buscar, de alguna manera, la gestión de la violencia de un modo distinto de la política punitiva y de exterminio que vivimos actualmente.

A propósito de Castro Caycedo, ¿cuál es tu análisis del narcotráfico en Colombia? ¿Pasa lo mismo que en México?

Hay vínculos directos con lo que pasa en México. En 2006, el aparato de seguridad estadounidense invitó a Washington al presidente electo Felipe Calderón, que pasó unos meses leyendo reportes de la DEA, la CIA y el FBI. Lo convencieron de que México estaba capturado por los narcos y de la viabilidad del modelo colombiano en la Guerra contra las Drogas. Después de eso, Calderón viajó a Colombia y lo recibió Álvaro Uribe. Parece que Uribe le vendió la idea de que iba a tener el apoyo político, geopolítico y financiero estadounidense, y que eso le daría cobertura diplomática y política. Inmediatamente después, Calderón se reunió con el presidente Bush y le dijo que quería hacer una narcoguerra como la de Colombia. Entonces, el efecto que dejó la Guerra contra las Drogas colombiana en México es muy importante, fue el precedente que convenció a Calderón de la militarización.

Lo que noto del caso colombiano son apenas algunos apuntes, a distancia. Lo primero es que hay toda una campaña discursiva alrededor del narco que involucra también los productos culturales. El Cártel de Medellín es una invención posterior a lo que fue ese grupo realmente: una red de complicidades locales, signada además por el tremendo miedo que les daba la extradición —de ahí que se llamaran a sí mismos «los extraditables»—, lo que habla de esa precariedad a la que me refería para México: saber que en cualquier momento puedes terminar en una cárcel estadounidense.

Pablo Escobar trató de penetrar el poder civil, no para capturarlo, sino para ser aceptado dentro de la vida política colombiana. Cuando entró al Congreso, Colombia perdió una oportunidad que Estados Unidos toma todo el tiempo: la de cooptar a empresarios que vienen de empresas legítimas mezcladas con ilegales. No hay fortuna estadounidense que no se haya hecho, en parte, con base en el crimen organizado. Pero en vez de hacer ingresar a Escobar al poder público y volverlo aliado, Estados Unidos hizo toda una campaña política por medio de su embajada para obligar a Colombia a empujarlo fuera del poder político: a volverlo enemigo del Estado. De un modo muy maquiavélico, creo que lo que debía haber hecho el Estado colombiano era iniciar un proceso verdaderamente político de desactivación pacífica de esos grupos, porque lo que entiendo es que en Pablo Escobar había un ansia de estar dentro del poder político real.

El paso securitario que dio el gobierno colombiano siguiendo a Estados Unidos solo llevó a una violencia terrible y fuera de control. En México, en cambio, lo que se había hecho hasta los años ochenta era precisamente tener al traficante completamente subalterno, no en el sentido de que fuera humillado, sino operando dentro de un sistema. Los traficantes de los años ochenta tenían chapas policiales, podían comer públicamente en restaurantes con sus familias, nadie los atacaba, nadie los perseguía, y cuando se prestaba incluso ayudaban a la CIA, con armas y dinero en la contrainsurgencia en Nicaragua, prestando propiedades para entrenar contras. Eso está documentado. Había una relación funcional con los intereses estatales. Lo que hace el discurso securitario es interrumpir esa relación y convertir al traficante en un apestado de la política nacional, sin que esto pase en Estados Unidos, desde luego.

La lección del caso colombiano, y creo que es un adelanto de lo que pasó en México, es que en el momento en que echas a andar una política punitivista y asesina, la respuesta es la militarización completamente innecesaria de tu país, en la que múltiples actores que habrían operado con mucha más tranquilidad recurren a la violencia. En mi ciudad, Ciudad Juárez, hasta 2007 teníamos una tasa de homicidios de ocho por cada cien mil habitantes, totalmente normal para cualquier ciudad grande. En 2007 hubo 340 asesinatos en una ciudad de casi dos millones de personas. Y para 2008, el primer año de la militarización de Calderón, esa cifra subió a más de 1.300. Cuando llegamos a 2010 ya había más de tres mil asesinatos. Pasamos de trescientos a tres mil en los años exactos de la militarización.

La segunda lección es que en vez de buscar una política de reconciliación y pacificación con el mercado del tráfico de drogas, Colombia cedió a la presión estadounidense y se lanzó en contra de su propia ciudadanía. La experiencia colombiana debería resonar entre nosotros no como el modelo exitoso de la Guerra contra la Droga, sino como el manual de instrucciones de la militarización y el asedio de un país. Y hemos vivido las consecuencias directas de eso en México: exmilitares colombianos, como Óscar Naranjo, sirvieron como consejeros del ejército mexicano. Por otro lado, los medios de comunicación dicen que los narcos mexicanos contratan mercenarios colombianos, israelíes y estadounidenses para entrenar sus filas. A mí me parece alucinante que se crea que estos personajes puedan tener esa compleja red de contactos del mundo clandestino y esa capacidad de contratación. Yo más bien creo que hay grupos paramilitares con intereses que no son los del narcotráfico, y que contratan a estos exmilitares y mercenarios por muchas otras razones.

También hay un enorme trabajo que se está haciendo en México sobre la relación entre paramilitarismo y extracción. Hay múltiples grupos de supuestos narcotraficantes documentados operando a favor de mineras transnacionales —canadienses, británicas, estadounidenses, chinas—, y mucho de ese trabajo de violencia ocurre en dinámicas de despojo territorial. La militarización misma termina por completar esos procesos. Yo creo que ahí hay muchas respuestas que explican mejor la incidencia de violencia durante la llamada Guerra contra las Drogas, y que no tienen nada que ver con el narcotráfico.