El anuncio que hizo la JEP en el Parque Biblioteca de San Javier utiliza ese condicional cauteloso de la justicia: «[…] fueron halladas las primeras estructuras óseas que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín», dice el comunicado de prensa que publicó ese organismo y que leyó el magistrado Gustavo Salazar, quien ordenó en 2020 medidas cautelares para proteger la zona y lidera la intervención que comenzó en mayo de este año.

Esa cautela a la que son fieles los jueces contrasta con las certezas de las familias buscadoras que hace más de dos décadas insisten en que cientos de personas están sepultadas entre los escombros: «Nos trataron de locas, pero hoy ese hallazgo es una muestra de que no somos locas, de que siempre hemos dicho la verdad», dijo cuando le llegó el micrófono Luz Elena Galeano, que busca a su esposo Luis Javier Laverde y es vocera de Mujeres Caminando por la Verdad, colectivo que reúne a familiares de cientos de personas desaparecidas en Antioquia.

Entre la cautela y la convicción, el anuncio hizo evidentes las paradojas de La Escombrera. Celebrar el sentido de la búsqueda, celebrar el duelo, celebrar que la muerte toma, por fin, un plano material. Celebrar, aunque parezca impensable, que las víctimas no están locas.

Esa ha sido su consigna en estos días, pero en estos veinte años soportaron trabas burocráticas, promesas incumplidas y el uso político de sus reivindicaciones. Enfrentaron, también, el negacionismo de quienes desconocen, sin sonrojarse, que son más de quinientas las personas desaparecidas en la Comuna 13, como lo afirman la JEP y la UBPD; que durante las operaciones militares de principios de la década de los 2000, para retomar la zona controlada por milicias guerrilleras, ocurrieron múltiples violaciones de derechos humanos, como lo concluyó la Corte IDH; y que esa comuna se convirtió en el laboratorio de un gobierno paraestatal que luego se extendió por Medellín y lejos de pacificar la vida de su gente asesinó, desapareció y condenó la ciudad a sus reglas de comportamiento.

El expresidente, que pregunta en ese video de 2022 como si anticipara todas las respuestas, fue quien ordenó la toma militar de la comuna e inauguró así la ofensiva contrainsurgente que llamó política de Seguridad Democrática. A Orión, la más grande de esas operaciones, las víctimas atribuyen decenas de personas desaparecidas.

Margarita Restrepo, otra de las mujeres buscadoras, también estuvo en la mesa en que la JEP y la UBPD hicieron el anuncio de los primeros hallazgos. Dijo que si les hubieran creído desde el momento en que empezaron a denunciar el uso de La Escombrera como lugar de enterramientos clandestinos la historia sería diferente. «Hubiéramos logrado mucho más», dijo Margarita, que busca a su hija Carol Vanessa Restrepo, desaparecida en 2002, cuando tenía diecisiete años.

Luz Elena Galeano reiteró ese reclamo. Recordó que a mediados de 2015 comenzó la búsqueda, que en cinco meses que duró la excavación en uno de los polígonos, los expertos no encontraron cuerpos y que, poco después, con el cambio de gobierno local, el proceso se paralizó, como si el dolor de la desaparición forzada se pusiera en pausa de acuerdo con los tiempos de la política.

Pese a los compromisos que el alcalde entrante asumió como candidato para continuar las excavaciones, el único avance fue el uso de tecnología por parte de una empresa española que concluyó lo que las víctimas y las autoridades ya sabían: que era un proceso complejo y que podría durar años. Ese alcalde era Federico Gutiérrez. Otra paradoja.

Este 19 de diciembre, después de responder las preguntas de unos pocos periodistas y de acompañar el anuncio de los hallazgos, las familias buscadoras regresaron a La Escombrera. Se reunieron cuando ya entraba la noche. Una de ellas contó hasta tres y sus voces se unieron en un grito:

—No estamos locas.