El miércoles 15 de octubre de 2025 fue un día claro en Montevideo. Florencia Salgueiro se despertó muy temprano. No había dormido bien la noche anterior, pero no se sentía cansada. Poco antes de las ocho de la mañana salió desde su casa en el barrio Pocitos y caminó alrededor de una hora hasta el Palacio Legislativo. Estaba nerviosa, eufórica, ansiosa. Necesitaba mover el cuerpo, sacar algo de la energía que tenía acumulada, poder respirar antes de empezar la jornada.

Avanzó por la calle Juan D. Jackson. Tal vez haya doblado por Fernández Crespo, por República o por Arenal Grande. Tal vez haya pensado en cuántos despachos de legisladores visitó, en cuántas entrevistas dio, en cuántos correos envió, en cuántas investigaciones leyó. Tal vez haya pensado que, cinco años después de haber empezado a militar por la legalidad de la eutanasia, justo el 15 de octubre, el día en el que su padre Pablo Salgueiro hubiese cumplido sesenta y tres, el camino, al fin, estaba a punto de terminar.

Estaba previsto que ese día el Senado votara la ley de muerte digna y eutanasia, que el 12 de agosto pasado había sido aprobada en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley presentado tenía como objetivo «regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que ellas determinan».

El artículo dos lo explica mejor. Dice: «Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que, a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad».

También establece algunas condiciones: que la solicitud de eutanasia debe ser realizada por el propio paciente a través de un escrito que deberá firmar delante de un médico; que en caso de que no sepa o no pueda firmar lo hará otra persona, mayor de edad, delante del paciente y del médico; que el profesional puede hacer objeción de conciencia y negarse a seguir con el proceso; que de lo contrario, deberá informarle al enfermo sobre los tratamientos disponibles para su patología, incluidos los cuidados paliativos, regulados por ley desde 2023; que si la persona cumple con los requisitos que indica la ley y mantiene la intención de poner fin a su vida un segundo médico evaluará la solicitud; que si este está de acuerdo el proceso continúa; que de lo contrario el caso será evaluado por una junta médica de tres profesionales — uno debe ser psiquiatra y otro especialista en la patología del paciente—; que si la junta aprueba, la persona solicitante deberá volver a expresar su voluntad ante dos testigos y que, entonces sí, la eutanasia deberá ser aplicada cuando y donde el paciente lo requiera.

El proyecto generó adhesiones y críticas de todos los partidos políticos. Aunque contaba con el apoyo de legisladores del Frente Amplio —coalición de izquierda en el gobierno—, del Partido Colorado y del Partido Nacional —sectores tradicionales—, el proceso de debate y discusión fue largo y tuvo distintas puntas.

Quienes apoyaban la ley hablaban, sobre todo, de libertad. Federico Preve, diputado por el Frente Amplio y médico neurólogo, integró un colectivo de profesionales de la salud llamado Muerte Asistida Digna Uruguay para aportar información al debate. En una entrevista con el diario El País en 2023, dijo:

—Como médicos vemos sufrir. La medicina no cura siempre, no alivia siempre. La medicina, con sus avances, ayuda a calmar, pero no siempre. Desde un punto de vista más humano, la medicina tiene que acompañar (…) Cuando hay un caso extremo en el que la persona está pidiendo la muerte, es un acto de empatía como profesional poder dársela. Este proyecto consagra el derecho humano a morir con dignidad. No obliga a nadie, sino que otorga libertad a las personas que, en determinadas circunstancias, pueden decidir sobre su vida. Proyectos como este amplían nuestras libertades individuales.

Uno de los principales opositores del proyecto fue el diputado de derecha Rodrigo Goñi, que sostenía, en cada entrevista y debate, que «el valor de la vida hay que defenderlo siempre, protegerlo siempre. Sin vida no hay nada; todos los demás derechos, sin vida, se caen».

Otra crítica fuerte la hizo el doctor en Filosofía Miguel Pastorino, quien sostuvo que, al contrario de lo que decían sus defensores, la ley atentaba contra la libertad. 

—En Uruguay los cuidados paliativos están regulados por ley, y esa ley dice que tienen que llegar a toda la población. Un paciente que está sufriendo no tiene libertad de elegir, porque siempre va a decidir morir. Al paciente primero hay que aliviarle el dolor y después recién puede decidir, dijo en entrevista con Radio Sarandí. 

La opinión de los médicos sobre el tema nunca fue uniforme. Incluso dentro del Sindicato Médico del Uruguay no hubo una postura formal, aunque sí estuvieron de acuerdo en que, de legalizarse la eutanasia, había que derogar el artículo 46 del Código de Ética Médica que «considera una falta ética participar en el proceso de eutanasia de un paciente». La derogación estaba prevista en el artículo 12 del proyecto de ley de muerte digna. 

A pesar de las críticas y de que en el período de gobierno anterior el proyecto no había sido aprobado en el Senado, Florencia había hablado con distintos senadores y sabía que esta vez los votos para la aprobación estaban. Sabía, cuando llegó al Palacio Legislativo poco después de las ocho y media de la mañana, cuando dejó sus cosas en el despacho del senador por el Partido Socialista Gustavo González, cuando se encontró en las barras del Senado con sus familiares, amigos y compañeros de militancia, que esa noche Uruguay tendría una ley que permitiría y regularía la eutanasia.

Aun así, aun con la tranquilidad del deber cumplido, el día fue largo y pasó lento. Ella, que llevaba un vestido anaranjado, unos aros y una cinta del mismo color que recogía su pelo oscuro en una media cola, estuvo en el Palacio todo el tiempo: dio entrevistas, acompañó a familiares de personas que esperaban por esta ley desde hacía mucho, saludó a legisladores, transmitió en vivo en X lo que iba pasando en el Senado, escuchó las exposiciones de todos los senadores, se emocionó con algunos y sintió una bronca descomunal con otros.

Para ella, estar ahí tenía que ver con una ley, con un derecho, pero, sobre todo, tenía que ver con su historia. Florencia empezó a militar por la eutanasia en 2021, poco después de la muerte por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de su padre.

Pablo Salgueiro era un hombre alegre. Había estudiado arquitectura, pero trabajaba en el taller de arte de la familia de su esposa, Rosina. Daba clases allí. Y le encantaba. Disfrutaba de estar en su casa, de pasar tiempo con sus dos hijas, de cocinar; le gustaban la historia, el mate, los libros, la radio y el carnaval.

Cuando tenía cincuenta y cuatro años, después de empezar a perder progresivamente la movilidad en un pie, Pablo fue diagnosticado con ELA, una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal y causa pérdida del control muscular. Él sabía de qué se trataba. Conocía el paso a paso de la enfermedad, por la que habían muerto su padre y su hermano. 

Desde el comienzo, Pablo supo que quería vivir todo lo que pudiera. Siguió trabajando en el taller, compró un terreno en Los Titanes, en la costa uruguaya, donde habían veraneado toda la vida, y construyó una casa a la que le hizo una rampa; buscó terapias alternativas. De a poco la enfermedad avanzó a las dos piernas y entonces ya no se pudo mantener parado. Así que, con la ayuda de su familia, reformaron la casa de Montevideo: sacaron el escalón de la ducha, agregaron una baranda en el baño, contrataron a profesionales que lo ayudaban en todo lo que necesitaba. Y vivía. Quería vivir.

Pero entonces empezó a tener dificultades para mover las manos y tuvo que dejar de dar clases. Después perdió la movilidad en los brazos y después en el resto del cuerpo y un día ya no pudo toser, ni estornudar, ni hablar, ni tragar, ni respirar por su cuenta. Eso le pasaba, sobre todo, en las noches.

Siguieron los cuidados paliativos, que ayudaron a mejorar su calidad de vida por un período corto de tiempo. Entre esos cuidados, el equipo médico le consiguió un BiPAP —un dispositivo que ayuda a la respiración— y le enseñaron, a Florencia y a su hermana, a darle rescates de morfina: cuando Pablo se ahogaba durante las noches y se desesperaba al punto de entrar en crisis de pánico, sus hijas sabían exactamente cómo aplicarle la morfina para calmarlo.

Fue exactamente durante esas noches cuando Pablo decidió que no quería seguir viviendo. Que ya había vivido lo suficiente y que había tenido una buena vida. Primero se lo dijo a su familia. Después les pidió a los médicos de cuidados paliativos que lo sedaran. Les dijo que, si él pudiera matarse por su propia cuenta, lo haría, pero que ni siquiera eso podía hacer, que por favor. Los médicos se lo negaron. Lo que pedía era, entonces, ilegal.

Pablo murió a causa de la ELA el 19 de marzo de 2020, pocos días después de que Ope Pasquet, entonces diputado por el Partido Colorado, presentara en el Parlamento un proyecto de ley para legalizar la eutanasia. Él llegó a conocer la noticia. El último mensaje que Florencia tiene en la conversación de WhatsApp con él dice: «Qué bueno que esto exista, qué bueno que alguien más tenga la posibilidad que yo no tuve».

El 15 de octubre de 2025, sobre las diez y media de la noche, el Parlamento aprobó, con veinte votos a favor en un total de treinta y un senadores, la ley que garantiza una muerte digna y regula la eutanasia. No es el mismo proyecto que Pasquet había presentado cinco años atrás, sino uno del Frente Amplio, que tomó a ese como base.

Uruguay se convirtió, entonces, en el primer país de América Latina y en uno de los pocos países del mundo en legalizar la eutanasia.

Esa noche, cuando Florencia regresó a su casa después de haber estado más de doce horas en el Palacio Legislativo, se dio una ducha, se secó el pelo, se acostó en su cama y estuvo dos horas mirando el techo. Por su cabeza iban y venían demasiados pensamientos. Desde el último mensaje de WhatsApp de su padre hasta ese momento habían pasado muchas cosas.

***