En un discurso histórico, a orillas del río Sinú, Lleras se pronunció contra los caciques y gamonales y alentó al campesinado a «hacer sentir sus aspiraciones pesando como debe pesar en el molde de la República». Algo similar pretende hacer este gobierno: ratificar que la coalición principal para la reforma agraria es entre el Estado y el pueblo.

A pesar de las buenas intenciones de Lleras las tensiones con la ANUC crecieron. Los campesinos se exasperaron con la lentitud del proceso, las marrullas de los propietarios, y la violencia oficial. Entonces radicalizaron sus métodos con tomas de tierras. En una sola noche, centenares de familias ocupaban fincas y levantaban campamentos improvisados de los que no se iban hasta que no hubiese una negociación. Soportaron desalojos violentos y detenciones arbitrarias. Justamente un 21 de febrero, pero de 1971, se produjo la toma simultánea de 316 fincas en trece departamentos, con la participación de 16.000 familias. Era el clímax de la lucha agraria.

Estaba claro que algunos latifundistas intentaban vender terrenos áridos e improductivos, mientras se aferraban con obstinación a los valles fértiles. Tenían miedo de ese pueblo que se alzaba por sus derechos y demostraron muchas veces su mezquindad. Uno de los asesores de ese gobierno me habló de su frustración cuando un gran hacendado del Magdalena le dijo sin espabilar: «¿Para qué reforma agraria si los ricos ya estamos completos?».

Apenas Lleras dejó la presidencia se cristalizó el golpe contra la reforma agraria, cuyo primer asalto fue el 9 de enero de 1972 en Chicoral. Un grupo de parlamentarios y representantes de los grandes propietarios se reunió con un propósito: eliminar de la ley de reforma agraria su punto más crucial, el que permitía expropiar latifundios improductivos. También le quitaron dientes a los decretos que tenían un enfoque de justicia social y volcaron el contenido a incentivar la productividad a gran escala, cosa que, entre cosas, tampoco se logró.

Con el Pacto de Chicoral la coalición Estado-élites agrarias se afianzó por más de medio siglo, en detrimento de los campesinos y pueblos étnicos. Al mismo tiempo se produjo la división de la ANUC en dos bandos: la Línea Sincelejo, más combativa y decidida a seguir recuperando tierras; y la Línea Armenia, más moderada, que apostaba por una reforma gradual.

El golpe de gracia vino desde la izquierda. La ANUC quedó atrapada en una lucha interna entre quienes defendían la vía armada y quienes la rechazaban. Este conflicto hizo implosión en 1977 en el Congreso de Tomalá, en Sucre, y desató una represión brutal contra la dirigencia campesina que fue víctima de un montaje judicial por el asesinato de Gloria Lara Echeverry. Era la estocada final a la legitimidad de un movimiento de gran envergadura. En adelante se estigmatizó la lucha por la tierra como subversiva y a sus líderes como enemigos del establecimiento.