Hoy todo el mundo es el Estado, y todo el mundo desatiende a todo el mundo. Servir a todo el mundo es servir a nadie: ¡un funcionario vive entre dos negaciones!

—Honore Balzac: «Fisiología del funcionario»

Ser artista es no creer en la cultura, básicamente. El arte rechaza la cultura per se. «Artista» es un calificativo histórico para definir a aquellos que hacen cultura. Y cultura es una palabra inventada por la gente que no quiere ver sino entender.

—Bernardo Salcedo: «Contra la cultura, entrevista en extenso a Bernardo Salcedo»

¿De qué vive alguien en situación de gestión cultural?

Un fantasma recorre la escena cultural: el fantasma de la gestión cultural.

Se trata de un ejército —a veces visible, a veces oculto— que usa su poder para que otros puedan hacer: produce la escena, lidia con los tejemanejes de la tras escena y, en la resaca del evento, pasa la escoba por las fiestas del arte y la cultura (lo cual consiste en recoger registros que van a parar al bendito informe de gestión, garantía de continuidad de una política cultural y salvavidas laboral).

La humanidad hace planes mientras los dioses ríen. El paso de promesa artística a funcionario cultural, o de artista a burócrata, ocurre en un abrir y cerrar de ojos. El feliz e indocumentado pasa, de repente, a ser madre o padre responsable, o debe convertirse en cuidador de los parientes que envejecen. Situaciones inexorables que nos recuerdan que una vida sin responsabilidades es una ilusión más del arsenal publicitario del capitalismo tardío.

En un instante, los créditos universitarios se transforman en créditos hipotecarios. Los avances en los estudios son reemplazados por los avances de tarjeta de crédito para pagar la cuota mínima de otra tarjeta. Las finanzas creativas estimulan la banca, y la banca siempre gana porque tiene más imaginación que sus clientes.

En el campo cultural hay una minoría afortunada con contratos de nómina, estabilidad laboral, prestaciones completas y la certeza de que mañana habrá un escritorio esperándole. Y una minoría, dentro de esa minoría, que emplea su poder y bajo perfil para que nadie más tenga poder: son los que encarnan la institución, no cortan ni prestan el hacha y, como nada hacen, nada les pasa.

El resto —la inmensa mayoría que mueve la cultura en este país— vive en la cuerda floja de los contratos por prestación de servicios, una eternidad de provisionalidad convertida en norma.

El Estado colombiano ha perfeccionado el arte de la explotación culta: en lugar de emplear directamente, contrata servicios; en lugar de pagar prestaciones, le transfiere la responsabilidad al trabajador; en lugar de brindar estabilidad, normaliza la precariedad y así logra que miles trabajen para él sin las «molestias» de los derechos laborales.

La diferencia es abismal: mientras el funcionario de nómina tiene estabilidad, vacaciones y prestaciones, el contratista de servicios —que constituye cerca del cuarenta por ciento de las nóminas estatales y hace exactamente el mismo trabajo— vive en un estado de vulnerabilidad perpetua, sin vacaciones, pagando su propia seguridad social y con contratos que pueden terminarse en cualquier momento. Es un sistema de castas laborales donde la mayoría pertenece a la clase de los prescindibles.

La teoría dice que estos contratos deben usarse sólo para actividades temporales o especializadas, pero en la práctica se han vuelto la regla. Los contratistas no demandan porque saben que, si lo hacen, no los vuelven a contratar, y los proyectos de ley para darles derechos se archivan sistemáticamente.

Esto es aún más dramático en el medio cultural, una escena tan pequeña que quien habla y expone una injusticia laboral no gana en justicia, gana en fama: su queja le suma una línea de infamia a la hoja de vida que circula en el imaginario colectivo del sector, una certificación chismográfica otorgada por la academia del rumor. El silencio es oro para el capital reputacional en el campo cultural, donde muchos serán los convocados, pocos los elegidos, y los puntajes de un concurso, gracias a la subjetividad propia del arte, siempre se pueden acomodar.

El Estado anuncia, una y otra vez, con la frialdad de quien recorta el presupuesto familiar, reducciones para contratistas. Como si los gestores culturales fueran un gasto prescindible y no la columna vertebral invisible de la escena cultural. Pero la cultura sigue funcionando, los eventos continúan. Aquí está el truco: se reduce el gasto sin reducir las responsabilidades. Se achican los salarios, pero las cargas se mantienen.

Las matemáticas del Estado son mezquinas, y la banca tensa la cuerda cuando se trata de dar un crédito a un gestor cultural. ¿Qué experiencia acreditar cuando los contratos empiezan en marzo y terminan en diciembre, sin continuidad? ¿Qué estabilidad hay sin garantías? ¿Cómo crecer en la vida crediticia si el propio Estado les mantiene en una minoría de edad contractual y bajo una eterna adolescencia laboral?

En el país hay miles de gestores culturales estatales que no figuran en la reducida nómina del Ministerio de las Culturas, que concentra casi todo su personal en la capital del país. Hay miles de gestores culturales desperdigados en cada secretaría de cultura, en institutos, alcaldías y gobernaciones, pero operan desconectados del Ministerio de las Culturas: no siguen sus lineamientos, como si el ejército cultural de cada parroquia fuera una agrupación paramilitar federada que responde únicamente a su jefe local, incomunicada de las pautas y el corazón del ministerio central.

La cultura funciona más como herramienta de propaganda institucional: la Secretaría de Cultura se convierte en una oficina de promoción que destina el presupuesto a procesiones religiosas, cabalgatas, corralejas, conciertos millonarios, estatuaria en bronce y todo tipo de producciones alineadas con el clientelismo político, un poder suave diseñado para el lucimiento del mandatario de turno.

Ocasionalmente, algún gestor cultural logra contrarrestar esta inercia y destinar recursos a un portafolio de estímulos; un proyecto de bajo perfil, pero de alcance crítico; un apoyo concertado a una fundación cultural de larga historia que está al borde del cierre. Sin embargo, estos casos constituyen más bien la excepción que confirma la regla, y resultan poco atractivos para el alto funcionario de turno y su plana mayor, quienes prefieren eventos que les permitan aparecer en fotografías, pronunciar discursos ante grandes audiencias y congraciarse con los poderes locales con una visión de arte y cultura que no incomoda a nadie.

Aquí conviene distinguir que bajo la etiqueta de gestor cultural conviven realidades muy distintas: no es lo mismo el gestor comunitario que trabaja de manera directa en barrios y veredas, con recursos mínimos, autonomía y una legitimidad ganada en el territorio, que el gestor institucional que opera dentro de oficinas estatales o privadas siguiendo la lógica reglada de la administración pública.

Tampoco es igual la experiencia de quienes actúan como independientes, inventando proyectos y buscando apoyos a pulso, frente a quienes dependen de contratos estatales sujetos al vaivén burocrático. Esta diversidad de trayectorias y posiciones no elimina la precariedad compartida, pero sí marca diferencias en la forma en que se vive y se sobrelleva la gestión cultural.

Trabajar, trabajar y trabajar

Pero no seamos dramáticos: ¡No nos pongamos histéricos!

Trabajar, para algunas personas, puede ser un placer y, como en los matrimonios por conveniencia, primero va la avenencia económica y después el amor.

Hay gestores culturales que sufren de un inexplicable goce ejecutivo: una pasión por ejecutar que se expresa en administrar la rutina institucional de lunes a viernes, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, más las horas extras no remuneradas de noches, madrugadas, sábados, domingos. No hay festivos para las fiestas de la agenda cultural.

Y cuando no hay contrato firmado, pero sí responsabilidades, el goce se convierte en masoquismo puro: trabajar gratis, por meses, porque el que no trabaja pierde ese contrato tácito firmado con la tinta invisible de la sumisión. Se trata de un ritual de iniciación en el apostolado de la gestión cultural, bajo la tiranía del amor al arte.

Mientras los artistas duermen, el gestor cultural despierta una mañana después de un sueño intranquilo y se encuentra en su puesto de trabajo convertido en burócrata, o en artista de obras de política pública.

Entre sus obligaciones están:

Cargar la piedra de Sísifo del correo electrónico institucional y al WhatsApp personal al que se debe responder a como dé lugar, porque hay que estar conectado 24/7 y con la mayor disponibilidad.

Navegar con destreza por mares digitales de hojas cuadriculadas, fórmulas, oficios y radicados. Tener clara una verdad de la informática oficinesca: se escribe más ficción en Excel que en Word o en Power Point.

Alinear las actividades con las asignaciones presupuestales, no sobrepasar los rubros y hacer peripecias con los recursos públicos, mientras en lo personal se hacen malabares financieros para ahorrar o siquiera almorzar.

Tener relaciones de gran armonía con los jefes, sobre todo los de jurídica, planeación y presupuesto, y con sus secretarias; sobre todo las secretarias: las jefaturas cambian, pero las secretarias permanecen y ahí es donde está la memoria institucional.

Gozar de la ansiedad que produce el cambio de jefe o de partido político, pensar que es mejor un mal jefe conocido que uno bueno por conocer y saber que, así uno pudiera ser el jefe bueno, nadie lo va a nombrar. Para dirigir se necesita algo más: salir de cierto colegio o universidad, conexiones políticas, ser hijo de fulanito de tal.

Interiorizar el mantra de que «el que manda, manda, aunque mande mal».

Coleccionar reportes de prensa positivos para convencer a los superiores de la importancia de iniciativas de bajo perfil —consideradas gastos inútiles— que constituyen apenas un microcosmos que refleja el macrocosmos estatal que destina una miseria a la cultura. Esta baja asignación presupuestal produce, sin embargo, una paradoja: blinda parcialmente a esta pequeña cartera de la corrupción y permite, en algunos casos, sacar adelante y dar continuidad a proyectos culturales meritorios, precisamente porque pasan por debajo del radar de los saqueadores de los recursos públicos.

Participar del trabajo colectivo y practicar el desapego al ver cómo al proyecto cultural, en el que se trabajó por meses con o sin contrato vigente, le suman cambios totales en su diseño o ejecución, o un diseño administrativo horripilante que borra con el codo del desgreño lo que se hizo con la mano del cariño.

Hacer presencia obligatoria en pasillos oficinescos durante los períodos sin contrato porque sin la cara del santo no se hace el milagro de la contratación. La entidad es un teatro de visibilidad forzada donde importa más la apariencia que los resultados reales.

Vivir en la incertidumbre emocional de noviembre, diciembre, enero y febrero —fechas socialmente exigentes— sin saber si habrá renovación, mientras la autoestima disminuye día a día por la sensación extraña de haber hecho algo que está mal. Si en alemán la palabra deuda es sinónimo de culpa, endeudarse para sobrellevar la iliquidez somete a cualquiera a una apesadumbrada culpabilidad. ¿Si amo mi trabajo de gestión cultural y lo hago bien, por qué me va mal?

Desarrollar una relación sadomasoquista con el trabajo donde una genuina vocación sensible por el arte y la cultura arrojan al gestor al maltrato institucional. Normalizar el sufrimiento hasta el punto de necesitar apoyo para procesar la incertidumbre crónica y la sensación de que un contratista no merece un contrato laboral digno. El sistema logra algo perverso: amor a la explotación, gratitud en la precariedad, síndrome de Estocolmo laboral.

El trabajo está en el papeleo del contrato

A pesar de los atropellos de la cultura laboral, el trabajo representa un descanso para el gestor cultural. Los momentos dedicados a su vocación sensible pueden convertirse en instantes genuinos y plenos de satisfacción, especialmente después de una educación esmerada que, en muchos casos, constituye una burbuja académica individualista con poco contacto con la realidad, limitada interacción humana y escaso servicio o acción social.

Aprender a servir y experimentar la utilidad de servir a otros representa un cambio radical de perspectiva frente a una visión que concibe el arte y la cultura como productos de una mente única y genial, privilegiando obras, objetos y juicios por encima de procesos artísticos y culturales comunitarios.

El artista gestor es participativo y entusiasta, pero hay obstáculos que sortear antes de dar rienda suelta a la pasión. El primero de esos obstáculos, el más largo, dispendioso y difícil de superar es la documentación requerida para cualquier contrato. Reunir esa infinita documentación, sobrepasar los laberintos de la tramitomanía, asistir a todas las reuniones, aprobar todas las capacitaciones demanda más energía que el trabajo mismo.

Para poder avanzar con un simple contrato, no basta con la buena voluntad ni con la experiencia: hay que reunir, como si se tratara de escalar un monte Everest del papeleo, un verdadero álbum de certificaciones cuya lógica permanece oculta para el profano.

Primero, la oferta —esa propuesta solemne del aspirante—, luego la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y el correspondiente certificado que confirma la existencia de dicha disponibilidad. A eso se suma la hoja de vida en formato oficial y su versión «validada», porque en este universo cuántico nunca está de más duplicar papeles que certifican la misma realidad y cada entidad cuenta con una plataforma digital, usualmente con nombre de dios mitológico, y una lógica administrativa diferente y contraintuitiva.

Después, la cédula de identidad ampliada, los diplomas desde el kínder hasta el doctorado, y el siempre emocionante certificado médico preocupacional vigente —porque es fundamental demostrar que uno está lo suficientemente sano como para enfermarse trabajando—. No faltan las certificaciones laborales de instituciones previas, ni las costosísimas de afiliación a sistemas de salud y pensión, acompañadas de la carta compromiso donde uno jura, por escrito, que cumplirá con lo que ya está obligado a cumplir por ley.

Viene entonces la ronda de comprobaciones de pureza moral: certificaciones de inexistencia de medidas correctivas policiales, de antecedentes judiciales, de antecedentes disciplinarios ante múltiples entidades de control.

Cada documento es un pequeño exorcismo que confirma que el solicitante no ha caído en las tentaciones que el mismo sistema facilita y donde el pequeño contratista no entiende cómo es que los grandes y multimillonarios contratistas que pasan por prisión salen y vuelven al saqueo presupuestal sin que para ello sirvan de algo todas estas medidas preventivas.

Superada la maratón moral, aparecen los formularios para declarar bienes y rentas, y para confesar posibles conflictos de interés —como si la mera existencia en este sistema no fuera ya un conflicto de intereses perpetuo—.

Todo esto, complementado con registros tributarios, formatos de relación de contratos previos, y la autorización para verificar que uno no haya cometido delitos contra menores de edad. Finalmente, el certificado que confirma que uno, así no tenga hijos declarados, está al día con las obligaciones alimentarias —porque incluso la paternidad responsable debe documentarse para poder trabajar—. Y, ahora bien, si el contrato se demora en aprobar, habrá que hacer nuevas certificaciones de certificaciones ya hechas, pues en el curso entre la entrega inicial y la aprobación, existe la sospecha de que el contratista haya podido delinquir o hecho el amor.

Pero aquí viene lo verdaderamente perverso del sistema: este álbum de certificaciones no sólo aplica para el contrato propio, sino que quien revisa que ese mamotreto digital esté completo también tuvo que armar su propio álbum para poder tener el contrato que permite revisar el cartapacio ajeno. Es una cadena de precariedad solidaria, un panóptico burocrático donde todos vigilan a todos y, bajo un espíritu de cuerpo de clase trabajadora, se intenta remar hacia el mismo lado.

Cada documento es un pequeño acto de fe, una oración colectiva dirigida a dioses burocráticos cuyas reglas cambian sin previo aviso. El aspirante se convierte en su propio detective, persiguiendo rastros de papel digital que demuestren su existencia legal, su honradez, su competencia, su salud física y mental. Se documenta la vida entera como si fuera un crimen que necesita coartada.

Y siempre queda la sensación paranoica de estar haciendo algo mal. ¿Faltará un papel? ¿Estará mal diligenciado algún formato? Porque en este sistema kafkiano, cualquier detalle puede convertirse en el pretexto perfecto para prescindir de los servicios.

El verdadero trabajo no es cultural ni técnico ni profesional: es existencial. Es la demostración constante de que se merece existir en el sistema, de que se es lo suficientemente puro, competente y dócil para merecer la gracia temporal de un contrato.

El gestor cultural se convierte en un experto archivista de su propia existencia, un coleccionista compulsivo de papeles que certifican lo que ya era evidente, un detective de sí mismo que debe probar, una y otra vez, que es quien dice ser y que merece hacer lo que sabe hacer.

Asistimos a la transformación del ciudadano en suplicante, del profesional en penitente, del artista, filósofo, sociólogo o antropólogo en contratista. Un ser sin voz ni siquiera voto pues, en muchos casos, se hace el trabajo para una entidad pública, pero se tramita a través de una entidad privada o «fundación» y, por gracia de una cláusula de confidencialidad que favorece al operador privado, el locuaz artista, filósofo, sociólogo o antropólogo debe renunciar a sus derechos civiles en caso de una afectación.

La fórmula es útil para el blindaje del Estado pues, a la vez que se tercerizan los recursos, se privatizan las responsabilidades, y mecanismos como la tutela no son válidos pues se trata de un contrato de derecho privado entre el contratista y la empresa que hace de costosa arteria para, por un porcentaje en la intermediación, tercerizar la operación contractual. El contratista como trabajador es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario.

La gestión cultural se ha construido sobre la romantización del sacrificio personal: cuestionar la precariedad se interpreta como traición a la «vocación» cultural. De ahí que lo esperado es que el gestor sea un profesional altamente capacitado que acepta condiciones laborales cercanas a un pueril voluntariado.